Ahora sí que aplica el dicho aquel de que, si no van a dar más, por lo menos que no quiten. O si no ayudan, que no estorben. A eso se refirió Juan Ignacio Camargo, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en su quinto informe, cuando advirtió que la Suprema Corte de la Nación declaró inconstitucional el impuesto universitario que les permite, tanto a la UACJ como a la Universidad Autónoma de Chihuahua, hacerse de recursos para su operación.
Claro que la Corte no actuó nomás por sus pistolas. Así como en el asunto de los libros de texto, fue el Gobierno del Estado el que promovió una controversia constitucional que generó una primera frenada en la entrega, ahora fue el Gobierno Federal, por la vía de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la instancia que solicitó la acción de inconstitucionalidad.
Ya desde hace años la Consejería le había echado el ojo al impuesto universitario, al menos desde el 2020, cuando se tuvo que defender el punto desde Gobierno del Estado, pero este año tomaron nuevo ímpetu los supuestos afanes por el Estado de Derecho en la Consejería y la Corte determinó el pasado 3 de octubre la inconsticionalidad (expediente 53/2023) en torno al cobro de sobretasas en los impuestos del predial y de traslación de dominio.
De ahí sale el impuesto universitario, un 4 por ciento de sobretasa aplicada por municipios, pero también en derechos estatales, por lo que cada año queda debidamente registrado en las leyes de ingresos que aprueba el Congreso del Estado.
Por eso fue que el rector hizo un llamado al Congreso local y a los poderes ejecutivos del Estado y la Federación, para que prevean cómo se va subsanar para el 2024 ese eventual recorte.
“Necesitamos un compromiso real para que los apoyos financieros a la Universidad no estén sujetos a vaivenes políticos y decisiones de unos cuantos”, destacó en su evento del martes, ante los representantes, precisamente, de esos poderes. Al menos ahí estaban funcionarios de la SEP, en lo que toca al Gobierno Federal, además de la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, y la representante de la gobernadora Maru Campos, la secretaria de Educación y Deporte, Sandra Gutiérrez.
“Seguiremos exigiendo lo que por derecho nos corresponde y seguiremos luchando por la autonomía universitaria”, agregó.
Camargo también se quejó de cómo la Conahcyt de la 4T ha puesto en jaque varios programas universitarios por el recorte presupuestal y recordó lo que han batallado por los incumplimientos de parte de Gobierno del Estado para que lleguen las partidas presupuestarias en general, no nada más la correspondiente al impuesto universitario que ahora se declara inconstitucional.
Ya no sabe Mirone cómo ande el gobierno de Maru este 2023 en ese cumplimiento. En el informe anterior del rector, la gobernadora hasta presumió no tener deudas con la UACJ, luego de que hace dos años, Camargo Nassar dio la nota al reclamar el adeudo millonario que se acumuló en la administración de Javier Corral.
En aquellos momentos se manejó un pendiente estatal de hasta 700 millones con la UACJ y 600 millones con la UACH.
Sería bueno que se aclararan hoy nuevamente todas las cuentas y adeudos pendientes. Sobre todo, que se clarifique qué mecanismos se considerarán en las leyes de ingresos para que ya no se afecte más a los presupuestos de instituciones educativas como la UACJ.
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Por si todavía les quedaba alguna duda a las y los regidores del Ayuntamiento, ayer se presentó en la Presidencia Municipal un grupo de vecinas de Riberas del Bravo. Les recordó por qué no deben aprobar el cambio de uso de suelo para el proyecto Zaragocita.
Portaban cartulinas con imágenes de cuando su colonia ha quedado, literalmente, bajo el agua, es decir, cada vez que hay lluvias fuertes. “Tania Maldonado, has tu trabajo, revisa antes de votar”(sic), le dijeron a la coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, la misma a la que una de sus compañeras regidoras llamo “barco”, no porque salve a los vecinos en las inundaciones, sino porque les pasa todas las propuestas a los desarrolladores y le dice sí, a todo lo que propone la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales.
“Mireya Porras, conoces Riberas, pero ni vives ahí”, decía otro reclamo a la regidora priista que también suele ser pasalona, argumentando que está a favor del desarrollo económico de la ciudad. La regidora dice sí a cualquier inversión, al costo que sea.
“Basta, ya hagan bien su trabajo”, gritó el grupo frente al edificio administrativo, antes de la sesión de Cabildo donde ya no se trató el tema, como los habíamos adelantado aquí.
También llevaron consignas contra el alcalde: “Pérez Cuéllar, nos vemos en las elecciones”. Claro que únicamente fue un grupo a protestar, pero en Riberas del Bravo residen más de 4 mil familias, bastantes si se les quiere medir electoralmente.
Tan enojados andan en Riberas ante la posibilidad de que se les complique su problema de inundaciones por la construcción de un parque industrial en lugar de vasos de captación, que hasta un recipiente con aguas negras llevaron a su protesta.
“Esta agua que nos inunda, representa su incapacidad y la indiferencia de los gobiernos. La traemos para que la respiren y la huelan, como nosotros todos los días”, explicaron en su improvisado mitin.
Anunciaron además que estarán ahí, en la protesta social, cada vez que sea necesario, para que luego las autoridades no pretendan salir con algún madruguete.
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Del tamaño del problema, así también es el tamaño del show que los políticos y gobernantes se están aventando en torno a la crisis migratoria en esta frontera.
Conociéndolos, difícil comprarles el discurso de que vienen a ver cómo se puede resolver. Ya en pleno proceso electoral, se interesan por Juárez, pero para ver cómo sacan raja electoral o simplemente, para llevar agua a sus respectivos molinos.
Con esos afanes, andará aquí un grupo de senadores el próximo viernes. Son ocho, empezando por el promotor, el senador por Morena, Rafael Espino de la Peña, el único de la comisión que sí es de estos lares.
Se supo que entre los asistentes estará la exsuspirante presidencial, la priista Beatriz Paredes, así como Martha Cecilia Márquez, Antonio García Cornejo, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez Icaza, Gabriela Benavides y Verónica Delgadillo.
Lo que más llama la atención es que los senadores vengan a Juárez, siete meses después de la tragedia en la que murieron 40 migrantes. Apenas a ver de qué tamaño es la problemática. Al parecer no los movió ni conmovió antes la crisis humanitaria, pero sí el impacto económico de los flujos migrantes en cuanto a los cruces internacionales de mercancías.
Por lo pronto se van a encontrar un duro discurso estatal que se centra en la exigencia de que el Gobierno Federal baje de los trenes a las personas en movilidad para que no lleguen hasta esta frontera, además de que le destine más recursos a Juárez.
Del lado federal y municipal, también hay reclamos y señalamientos hacia el gobierno estatal, por no aportarle presupuestalmente lo que Juárez requiere para la atención de la crisis humanitaria, más allá de contención o gestión de los flujos migratorios.
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Ya que hablamos de senadores, este miércoles 11 se publicó la más reciente encuesta de Rubrum sobre preferencia de posibles candidatos en sus respectivos partidos. Aquí le hemos dado seguimiento a esos ejercicios demoscópicos mensuales.
No hay mucha variación, pero sí llamó la atención de Mirone lo que pasó en Movimiento Ciudadano. Miguel Riggs, el expanista de la ciudad de Chihuahua le dio la vuelta al exindependiente de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya. El exdiputado federal aparece en la encuesta con el 52 por ciento de las preferencias, contra el 48 por ciento del exalcalde de la capital del mundo.
En su momento será interesante ver cómo resuelve el asunto el dueño la franquicia de MC a nivel nacional, Dante Delgado. No sabe Mirone bien a bien para qué se pelean a muerte esa candidatura, ya que, en Chihuahua, Movimiento Ciudadano anda a kilómetros de distancias de las intenciones del voto que registran las alianzas PAN-PRI-PRD y Morena-PT-PVEM.
En ese sentido, la encuesta le concede al Frente Amplio el 45 por ciento de las preferencias, contra el 42.2 por ciento de los partidos aliados por la 4T.
Por el PAN, siguen en su carrera parejera Mario Vázquez y Daniela Álvarez (30.3 del secretario de Obras Públicas contra 28.2 por ciento de la diputada federal), mientras que, por Morena, el súperdelegado Juan Carlos Loera amplió otra vez su ventaja sobre la diputada federal Andrea Chávez (38.8 contra 29.3 por ciento).
Por el lado del PRI, el exgobernador José Reyes Baeza le sacó casi 48 puntos porcentuales al dirigente estatal Alejandro Domínguez (66.7 contra 19.0 por ciento).
Por cierto, todavía es hora de que no se sabe qué pasará con el PRI y sus prospectos al Senado. Puede que les alcance la negociación nacional para proponer el nombre de la segunda fórmula por el Frente Amplio, aunque también podrían quedarse sin nada.