“General, ¿qué haríamos sin usted?”, dijo Maru Campos, dirigiéndose al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Lo dijo, literalmente, de corazón, porque cuando pronunciaba esas palabras, se llevó la mano al pecho.
“Muchas, muchas gracias, y gracias al presidente que nos permite también su apoyo y su colaboración”, continuó la gobernadora en aquella tarde del 27 de mayo del 2022 en Guadalupe y Calvo, durante la “Tercera jornada nacional de Sembrando Vida”.
Ahí estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, y una verdadera legión de secretarios y subsecretarios de Estado.
No han pasado ni cinco meses desde aquella declaración de afecto y gratitud, pero el tono ya ha cambiado. Mucha agua pasó debajo del puente desde aquel “gracias, muchas gracias ¿qué haríamos sin usted?”
El homicidio de dos sacerdotes, un promotor turístico y un beisbolista ocurrido en Cerocahui; una jornada de terror en Ciudad Juárez y una reforma constitucional para permitir al Ejército Mexicano continuar con labores de seguridad pública en las calles.
Tanta agua ha pasado bajo el puente, que al partido de la gobernadora y a ella misma se les ha olvidado aquella exclamación de la mandataria donde, literalmente, dio las gracias «por la colaboración”.
“…no sería lo mismo lo que estamos viviendo en Chihuahua, nos falta mucho por hacer todavía, pero vamos en el camino correcto gracias a esta colaboración”, dijo aquella tarde la gobernadora Maru, mientras volteaba a ver al presidente AMLO.
“En corto”, quienes se encargan de ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad, reconocen que no podrían con el paquete si no fuera por el apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Federal y sí, del Ejército. Lo dicen en voz baja, casi entre dientes.
Hoy en día, lo que se usa es echarse la culpa el uno al otro: ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández califica de “desastre” la labor de las autoridades de Chihuahua, las mismas que encabeza la agradecida gobernadora Campos Galván.
Las huestes panistas, por su parte, votan en contra de la participación de ese Ejército al que la gobernadora le dio “muchas, muchas gracias” y su presencia en la vía pública la tachan de “atentado contra los derechos humanos” o “militarización del país”.
En aquella ocasión, la gobernadora fue premonitoria, de alguna manera, tal vez sin proponérselo: “siempre habrá gente que buscará beneficiarse de tiempos electorales, de ruidos externos para tratar de lograr una confrontación entre el Gobierno del Estado y el Federal”. Así se lo dijo al presidente en mayo de este año.
“¡Qué lejos se ve esa “tarde fresquita de mayo!”, como dice la canción.
Hoy en día, el encargado de la política interior del país anda en labores de “corcholata” haciendo el “ruido” del que habló Maru, mientras la oposición, incluido el PAN, ya no se acuerda que fueron ellos los que pusieron de moda el sacar a la tropa a las calles.
Y mientras todo eso sucede, los pobladores de Guachochi tuvieron que ponerse pecho tierra para no salir alcanzados por las balas que dispararon integrantes de bandas delictivas.
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Con la balacera de Guachochi registrada ayer, con un saldo de 4 muertos y varios heridos, al menos 8 enfrentamientos armados entre grupos criminales se han registrado a lo largo del año en la zona serrana del estado y en El Sauz, sin que hasta ahora hayan sido capturados los líderes criminales responsables.
Comenzando por la masacre de El Sauz, durante una carrera clandestina de caballos, registrada en abril pasado con un saldo de 11 muertos, los enfrentamientos impunes de los carteles de la droga siguen enlutando las poblaciones rurales y serranas, a pesar de los cacareados operativos militares, policiacos y de la Guardia Nacional, que siguen siendo reactivos y por lo tanto inútiles, para restablecer la seguridad en la entidad.
En junio pasado, el escenario de la guerra de los carteles fue en los municipios de Villa Coronado y Valle de Allende con 4 muertos; en agosto en la comunidad de 5 Llagas del Municipio de Guadalupe y Calvo y en Las Varas, Madera; para cerrar septiembre con dos hechos en Mesa de la Reforma y Milpillas, del seccional municipal de Baborigame.
En todos los casos han sido los habitantes de cada lugar los que han reportado los enfrentamientos, mientras que las autoridades han llegado solo a contar casquillos y levantar a los muertos.
Ahora, en el fuego cruzado ocurrido en el centro de Guachochi, que obligó al cierre de negocios y suspensión de clases en todas las escuelas, vuelven a la memoria las imágenes del convoy de camionetas con hombres armados, que en los últimos días de septiembre se pasearon impunemente por las calles del municipio de Guerrero, Chihuahua, mientras las autoridades federales, estatales y municipales dijeron con total negligencia que solo cruzaron la ciudad sin causar violencia.
Esa concha que han mostrado las fuerzas del orden, es precisamente la que alienta a los criminales a seguir tomando por las armas cualquier pueblo de la montaña, aunque en opinión del ignorante secretario de Turismo del estado, la sierra de Chihuahua sea la más segura del mundo. Ajá.
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Para las autoridades sanitarias y organizaciones civiles que están cantando victoria y echando las campanas al vuelo, al cancelar protocolos preventivos como el uso de la mascarilla, por considerar que la pandemia dejó de ser una emergencia de salud en el país y, particularmente en el estado de Chihuahua, habrá que informarles que los índices registrados en los últimos 28 días, por la prestigiada Universidad de Medicina John Hopkins, muestran otros datos que siguen siendo alarmantes.
El mapa interactivo que utiliza la Universidad Hopkins, para medir la frecuencia diaria de la pandemia en el mundo, indica que, en el último mes, México tuvo 27 mil 232 nuevos casos de coronavirus con 330 muertos, números que ubican al país en la posición número 34 de países de todo el mundo con alta incidencia.
En ese mapa, el estado de Chihuahua encabeza la lista de 8 estados del norte del país, con más muertos en los últimos 28 días.
Según ese registro, actualizado hasta el día de ayer, Chihuahua tuvo 673 nuevos contagios con 24 muertos, seguido por Nuevo León con 15 decesos, Sinaloa con 10, Tamaulipas también con 10, Sonora con 8, Coahuila con 7, Baja California Norte con 3 y Durango con 2.
Si bien es cierto que, de esas entidades, Chihuahua ocupa la posición número sexta en nuevos contagios en los últimos 28 días, también lo es que la proporción de nuevos enfermos y fallecimientos es alta, si consideramos que Nuevo León registró el doble de casos con mil 136 enfermos, pero tuvo solamente 15 muertos.
Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud no ha declarado el fin de la enfermedad ni que haya dejado de ser una emergencia global, pues apenas el pasado 15 de septiembre emitió un comunicado en Ginebra, Suiza, advirtiendo que “la pandemia no ha terminado, aunque el final ya se vislumbra”.
Por todo ello, echar las campanas al vuelo, como ya lo hicieron el Congreso del Estado y la Secretaría de Salud, provocando que la gente deje de usar el cubrebocas en lugares públicos, como lo vemos actualmente en el transporte público, en cines, en conciertos y todo tipo de eventos masivos, es irresponsable y solamente demuestra ignorancia en el tema.
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A dos meses de que la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, suspendió la compra obligada de uniformes caros para alumnos del Colegio de Bachilleres, hasta ayer solamente se había regresado el dinero a 200 padres de familia, de los dos mil que lo pagaron a razón de 2 mil 300 pesos cada uno.
Fue el 11 de agosto pasado cuando la dependencia estatal tomó la determinación de suspender la obligatoriedad del uniforme, después del escándalo que surgió por el aumento extraordinario de más de cien por ciento en el costo, y por el hecho de que sospechosamente se privilegió a un solo proveedor porque no se licitó la compra.
Ahora, cuando los padres de familia que hicieron el gasto han visto transcurrir los días, sin que les devuelvan el dinero, ni que las autoridades de educación hagan nada para que esto ocurra, el asunto ya escaló hasta el Congreso del Estado, donde la diputada de Morena, Rosana Díaz, abordó el tema en la sesión ordinaria de ayer.
La legisladora subió un punto de acuerdo que se aprobó para que se exhorte a los titulares de Educación y Deporte, así como del Colegio de Bachilleres, para que gestionen ante el proveedor la devolución inmediata del dinero, a los dos mil padres de familia, que son nada más y nada menos que 4 millones y medio de pesos.
Vale mencionar, que algunos diputados del PAN intentaron impedir que se reviviera el escandaloso tema, pidiéndole a la legisladora juarense que no leyera la propuesta del punto de acuerdo, tratando de echarle más tierra a lo que ya se conoce como el Cobachgate. Los panistas argumentan que los padres de familia afectados no han enviado los datos correctos para la devolución del dinero, en una clara defensa de lo indefendible, porque se trata de un descarado caso de corrupción que afecta la economía de miles de familias. Así de simple.