El Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) para el centro de población que fue aprobado ayer por unanimidad en el Cabildo, se contradice a sí mismo.

Oficialmente, su objetivo general es “fortalecer un modelo de ciudad consolidada y sostenible, donde prevalezca el ejercicio pleno de los derechos humanos y urbanos y que mejore la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes”.

Sin embargo, en los hechos, amplía las reservas urbanizables con un efecto de mayor dispersión, lo que vuelve insostenible el modelo de ciudad porque se reproduce y se multiplica el déficit en infraestructura, servicios y equipamiento.

El nuevo documento rector supone un Juárez consolidado y sostenible para el 2040, pero replicando el modelo expansionista, la ciudad se vuelve insostenible financieramente para la administración pública que no alcanza a cubrir los nuevos requerimientos.

Ni se consolida lo viejo, ni se atiende lo nuevo, por lo que el efecto generalizado es el deterioro de toda la ciudad. Ese es el saldo final de no atreverse a contener la presión inmobiliaria por medio de los instrumentos legales como el PDUS.

Además, hablar de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los juarenses se vuelve ilusorio y hasta embustero, cuando se observan las condiciones en que viven miles de fronterizos en el suroriente de la ciudad, precisamente como consecuencia de las políticas de desarrollo urbano que valida y replicará el nuevo PDUS.

Es una verdadera tragedia lo que ahí ha ocurrido. Cientos de familias son obligadas a vivir en la marginación porque únicamente les alcanzó para hacerse de una vivienda en la nueva periferia donde se sufre por el agua, faltan escuelas, no hay cobertura de transporte público, escasean los parques y hospitales, las patrullas llegan hasta que hay una escena del crimen y son deficientes los servicios de alumbrado y recolección de basura.

Está lejos de resolverse la problemática que rebasa a la autoridad municipal, pero ahí mismo se autoriza incorporar una reserva de más de 3 mil 600 hectáreas, todavía más al sur del corredor de Miguel de la Madrid, en pleno desierto, donde ya hay fraccionamientos-gueto que carecen de agua o únicamente tienen suministro durante las noches.

Por si no fuera suficiente, el PDUS considera otro polo de desarrollo más, también alejado de la mancha urbana y en otra zona que actualmente carece de servicios y equipamiento.

Se trata de un polígono de 628 hectáreas en torno al cruce de las carreteras a Casas Grandes y a Jerónimo-Santa Teresa. La idea es generar otra zona industrial, aunque cerca de ahí, junto el límite fronterizo con Nuevo México, ya opera una con el gigante Foxconn al centro.

Varios urbanistas de la ciudad manifestaron su desacuerdo con esta estrategia ya que, de entrada, implica cambiar el uso de suelo que actualmente es de zona ecológica.

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Lo que plantea el PDUS contradice al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que es un instrumento jerárquicamente mayor. El PDU es el documento rector para todo el municipio de Juárez, no únicamente para su centro de población.

El PDU permite abrir nuevas reservas para la urbanización, únicamente cuando no hay suficiente terreno disponible, lo que no aplica actualmente, ya que todavía hay espacios en la zona urbanizada de más de 36 mil hectáreas.

Además, antes de abrirse nueva reserva, deben realizarse estudios para identificar las demandas y necesidades de la nueva infraestructura y equipamiento público, según el documento rector municipal.

Cuando la ciudad se desdobla como lo prevé el PDUS, los distintos polos terminan por competir por los mismos recursos que resultan insuficientes, ya sean presupuestales o naturales.

La dispersión urbana validada de facto por el nuevo instrumento, no únicamente impacta los criterios de viabilidad presupuestal o financiera, también de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, ya que implica un agotamiento de los ecosistemas.

El documento rector es un mazacote de contradicciones. Habla de apegarse a un criterio de sostenibilidad, pero las ampliaciones de zonas urbanizables implican otra cosa.

“La apertura de las nuevas zonas urbanizables en la ciudad están condicionadas a no comprometer los recursos naturales (hídricos, energéticos y ambientales)”, señala uno de los criterios que se difundió antes de la aprobación en Cabildo.

Ese es justo el problema, tanto en el suroriente, como en esa zona de la carretera a Casas Grandes. Y es que ya están comprometidos el agua y la energía eléctrica.

Toda la ciudad sufre de insuficiencia en las líneas de conducción de la CFE y son comunes los apagones en el verano en esta frontera, con plantas que tienen que suspender su producción. No se diga en la nueva periferia. No hay líneas de conducción y en algunos nuevos proyectos, las empresas deben de construir su propia infraestructura.

En el caso del agua es igual, aunque la industria todavía no invierte para asegurar su suministro. Hay zonas del sur de la ciudad donde se pueden perforar pozos, pero el agua no es considerada potable por la cantidad de sales.

Ahí es donde se deben buscar opciones de otros acuíferos, como es el caso del Bolsón de Mesilla (Conejos-Médanos), que ya proporciona una pequeña parte del agua para la ciudad, pero bien podría incrementarla. Sin embargo, si en la zona de Jerónimo crecen los desarrollos, se tendría que competir por ese mismo recurso.

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El Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) para el centro de población sugiere sacar las vías del tren de la zona centro y construir un libramiento ferroviario.

Esa propuesta del PDUS que retoma una exigencia de hace décadas, choca, en los hechos, con otra acción de la actual Administración municipal.

El Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar avaló un proyecto sugerido y financiado por Ferrocarriles de México para construir un puente vehicular elevado en el Centro Histórico, para hacer frente al problema de movilidad que genera el tren cuando mueve sus cargas hacia Estados Unidos.

Fue en febrero pasado cuando el alcalde dio a conocer que firmó un convenio con el Grupo México Transportes Ferromex para la construcción de un puente elevado y otro suprimido para vehículos, así como uno más peatonal, con un costo de 420 millones de pesos.

Especialistas en urbanismo han advertido que los puentes elevados son barreras para las ciudades, particularmente para los centros históricos, concebidos en la actualidad como espacios para el disfrute de los andantes o peatones.

El proyecto tampoco obtuvo el aval del Gobierno del Estado, pero está próximo a ejecutarse, sin considerar que la solución más efectiva al problema es que las vías salgan del centro de la ciudad, como lo retoma el PDUS.

Pareciera que el instrumento aprobado ayer únicamente recoge planteamientos ideales, no los reales. A final de cuentas se imponen criterios económicos que pasan sobre las necesidades de la ciudad y de sus habitantes.

“Estamos retomando la propuesta del libramiento ferroviario para poder sacar del Centro las vías del ferrocarril. Estamos ahorita en pláticas con los asesores que hicieron el trabajo original en la época del gobernador César Duarte, que ya llevaba algo de avance en SCT y se detuvo cuando llegó el gobierno del licenciado Javier Corral y se fue a la congeladora. Estamos rescatando para ver qué es lo que procede, qué está bien o qué no está bien, para en algún momento determinado hacer los ajustes necesarios”, declaró durante la semana el director del IMIP, Roberto Mora Palacios.

La justificación del funcionario para que el Gobierno municipal apoye una obra distinta a la que sugiere el PDUS, es que no se puede condicionar la solución a corto plazo con una proyectada a largo plazo.

“Yo no puedo condicionar una solución de corto plazo a una solución que puede ser a muy largo plazo, y no es que me esté contradiciendo, sino simplemente soy realista en ese sentido”, señaló Mora Palacios.

Ahí radica otro problema de fondo. Aunque son documentos rectores y se supone que vinculantes para las autoridades, los planes de desarrollo terminan siempre en eso, en letra muerta si se trata de definir lo que la ciudad necesita.

Lamentablemente, y en sentido contrario, si se trata de favorecer los intereses inmobiliarios, se amoldan los planes para justificar los nuevos desarrollos industriales o de vivienda.

A nadie le importa si se cumple o no el ideal de que se disminuya el impacto negativo del desarrollo urbano sobre el bienestar psicosocial de la ciudadanía.

“En 2040, Ciudad Juárez será segura, dinámica, inclusiva, resiliente y sostenible para fomentar un sentido de pertenencia, mejorar la calidad de vida y el bienestar social por medio de una planificación holística, gobernanza urbana y corresponsabilidad ciudadana, fortaleciendo una ciudad de derechos, orientada por una cultura de paz y justicia social”, señala la visión de ciudad que supuestamente busca la actual Administración.

Ojalá que no se tratara de mera retórica porque en verdad ese futuro es el que los ciudadanos quisieran. Sin embargo, con la autorización del PDUS por parte del Ayuntamiento en pleno, el Gobierno municipal coloca a la ciudad en un camino contrario al ideal.

El derecho a la ciudad se convierte en utopía para los miles de residentes que todos los días pagan muy caro el costo de las políticas contrarias a la densificación.

Atenazada por los mismos intereses y empujada hacia el mismo camino, Juárez continuará dispersa, distante y desconectada, mientras que se multiplica el déficit en infraestructura, se agotan los presupuestos, se dañan los ecosistemas, se agudiza el deterioro urbano y se condena a los más vulnerables a sufrir exclusión y marginalidad.