La semana pasada salió a relucir una denuncia del presidente de Canaco Juárez, Rogelio Ramos, cuando acusó al hermano de Lilia Merodio, por haberle pedido a los hoteleros un moche en la ocupación de cada habitación, por parte de los deportistas que participarán en la Universiada que se realizará el próximo mes de mayo en esta frontera.

Manuel Merodio Reza, secretario general ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. habría pedido una “comisión” de 300 pesos por cuarto ocupado y de no recibirla, se llevaría la competencia al otro extremo del país: al paradisiaco Quintana Roo, al fin que está de moda por aquello del Tren Maya.

Sin embargo, fuentes mironianas informaron que el presidente de Canaco Juárez no pasa la prueba del ácido en una investigación sobre el caso, ya que, tan pronto le otorgaron a Juárez la sede de la competencia, se acercó a la Conade para ofrecerle “paquetes de hospedaje” para los atletas, pero sin decir exactamente a dónde los iban a meter a pasar la noche.

Según la versión, el líder del comercio juarense aseguró tener cuartos de hotel disponibles y prácticamente “amarrados”. Sin embargo, los dueños o encargados de algunos de los hoteles que aparecían en la lista ni enterados estaban.

Ahí no para todo: al parecer, el catálogo incluía hoteles de dos y tres estrellas, es decir, de muy baja categoría, indigna para el nivel de la competencia.

Como quien dice, pretendían meterlos hasta en moteles de paso, como el Rapid Inn, con tal de ganar el contrato de los hospedajes.

De seguir así, con esa voracidad de quienes deben ser los mejores anfitriones con los visitantes, Juárez no volverá a ser sede ni de un torneo de canicas.

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A tres días del enfrentamiento a balazos entre grupos criminales en El Sauz, que dejó un saldo de 7 muertos, está saliendo a la luz pública que el carril de carreras donde ocurrieron los hechos no era clandestino ni estaba clausurado, como lo afirmaron las autoridades de Gobernación estatal.

Vecinos de aquella sección municipal, distante 60 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, revelaron a Mirone que el carril de carreras de caballos cuarto de milla, estaba operando normalmente como cada semana, cuando ocurrió la masacre.

Esta versión contradice la del director de Gobernación estatal, Eloy García Tarín, quien, tras conocerse los hechos y el número de muertos, trató de lavarse las manos al asegurar que el carril era clandestino y había sido clausurado semanas atrás.

Nada de clandestino tenía el carril, pues las carreras del fin de semana habían sido promocionadas hasta con sistema de perifoneo, lo cual llevó mucho público el domingo, que era animado con la venta indiscriminada de cerveza y licor, así como por música regional.

El evento tampoco era ajeno a la autoridad policiaca. Prueba de ello es que varios asistentes al evento ecuestre, revelaron que los primeros en acudir al lugar de la balacera fueron los policías municipales, que estaban comisionados en la vigilancia de las carreras, aunque su presencia no impidió la masacre y mucho menos intimidó a los sicarios que huyeron del lugar impunemente.

¿Quién dice la verdad? Los vecinos de El Sauz que denuncian los hechos para que se castigue a los responsables y tener paz en el lugar, o el titular de Gobernación, que despacha en Palacio de Gobierno a 60 kilómetros de distancia, y no suele ensuciarse los zapatos para comprobar la autorización de permisos irregulares, para eventos de emociones fuertes, donde el alcohol y las armas son una funesta combinación.

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La pregunta de los 64 mil pesos, como en el concurso de antaño: si la Secretaría de Gobernación admite que 9 mujeres desaparecen todos los días en el país, si en Nuevo León los feminicidios están imparables y en el estado de Chihuahua el fiscal reconoce que hay 527 damas desaparecidas, ¿qué demonios esperan los tres niveles de Gobierno para coordinarse y atacar el problema?

Tal pareciera que, tanto en la federación como en los estados, donde el problema de inseguridad para las mujeres es grave, estuvieran esperando que bajaran los ángeles justicieros del cielo para hacer su trabajo.

Hasta ahora, todos se la han pasado haciendo declaraciones en medios y en conferencias de prensa, aceptando que el tema es complicado, pero hasta ahí queda su iniciativa.

No se les ve por ningún lado capacidad para desplegar operativos que lleven a la detención de los feminicidas y raptores de mujeres.

El hecho de que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, haya confirmado ayer que en México desaparecen impunemente 9 mujeres todos los días, no resuelve absolutamente nada, y lo único que evidencia es la ineptitud del Gobierno federal para combatir el problema.  

Está visto pues, que hay una epidemia por aceptar que la violencia contra las mujeres es real, pero este desplante de honestidad ni los hace más capaces ni más valientes, para enfrentarse a los causantes de este drama que se vive en el país.

Se necesita mucha testosterona para perder el miedo y para tomar al toro por los cuernos, pero por lo visto, es algo que hasta ahora no está en el inventario de los responsables de los cuerpos de seguridad pública.

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Aunque 8 meses es poco tiempo para evaluar el desempeño de un alcalde, porque la obra pública proyectada aún no se realiza, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar sigue apareciendo en las listas de los mejor evaluados del país, según la casa de opinión pública Consulta Mitofsky.

La firma en cuestión ya había dado a conocer el resultado de la medición de los 100 mejores alcaldes fronterizos del norte del país, donde Pérez Cuéllar ocupó el primer lugar, con el 56 por ciento de aprobación, seguido por las alcaldesas de Piedras Negras Norma Treviño Galindo y Norma Bustamante Martínez, de Mexicali, así como del munícipe de Matamoros, Mario López Hernández.

Ahora, en otra encuesta entre los municipios con más de un millón de habitantes, Mitofsky coloca a Cruz en el tercer lugar de los mejores ediles.

En esta evaluación es superado solamente por Luis Donaldo Colosio de Monterrey, con el 62.7 por ciento y Pablo Lemus, de Guadalajara, con el 57, mientras que Cruz registra otra vez 56 puntos porcentuales.

En la clasificación nacional, Cruz Pérez se va hasta la posición número 12, superando a su rival rumbo a la gubernatura, al alcalde del municipio de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, quien está ubicado en el renglón número 22, de todo el país.

Mucha gente se preguntará, con toda razón, si aparte de alimentar los egos de los alcaldes y de sus equipos, los resultados de las encuestas tienen otra utilidad.

Lo cierto es que las encuestas son otra de las herramientas válidas para mejorar los niveles de precepción en comunidades complejas como Juárez, donde el presupuesto municipal siempre es insuficiente para la atención de la problemática urbana, social y de seguridad pública.

Una encuesta no hace eficiente o eficaz a un Gobierno, pero cuando se hacen sin focha ni a pedido o gusto de los políticos, suelen ser fotografías del momento, que muestran fortalezas y debilidades, pero no son, de ninguna manera, recetas para aprender a gobernar o hacerlo con éxito, porque al final de cuentas, la mejor evaluación será la de la ciudadanía al término del mandato.

Si no, pregúntenselo a los ineficientes de Corral y Cabada, quienes presumían ser los chicos más populares y terminaron siendo los más despreciados, con sus honras en las cloacas.