El Congreso del Estado está a punto de que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo deje exhibido, evidenciado y expuesto ante la opinión pública local y nacional por no hacer la tarea a tiempo.

Cual alumno incumplido que recurre a las excusas más inverosímiles para explicar por qué no hizo el trabajo escolar, el Legislativo estatal se ha negado de manera rotunda, categórica y reiterada a modificar las leyes electorales de Chihuahua para elegir a los regidores municipales de manera directa, fuera de la planilla que acompaña a la candidatura a la Presidencia Municipal.

No solo eso. También le han sacado la vuelta a la reducción del tamaño de los ayuntamientos, para pasar de 20 a 15 regidores en Chihuahua y Juárez y disminuir proporcionalmente el número en los municipios de menor población, hasta quedar con un máximo de cinco. De eso, ni hablamos.

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No solo le han sacado la vuelta, sino que han pretendido responder a la exigencia del INE con una serie de marometas legislativas mediante las cuales buscan reformar el sistema de representación municipal con figuras tan anacrónicas como darle chamba de regidor al candidato a alcalde que resulte derrotado.

¡En la torre! Si al final van a ser 15 regidores y compiten cinco candidatos, una tercera parte del Ayuntamiento terminaría integrada por aspirantes que perdieron la elección.

Todo ello sin incorporar el ingrediente que durante años han solicitado organizaciones de la sociedad civil, Morena —esta vez sin el acompañamiento de sus aliados PT y PVEM— e incluso el propio INE: que cada regidor sea electo de manera independiente como representante de una demarcación específica dentro del municipio.

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Ante tantas salidas por la tangente del Congreso, el INE acaba de advertir que, si no se modifica la legislación electoral —incluida la Constitución de Chihuahua—, el Consejo General del INE se encargará de aplicar, a la de a fuerzas, la reducción en el número de regidores.

Ya se los cantaron: o lo hacen ellos o el INE acudirá ante los órganos electorales locales para pedir que no se entreguen más de 15 constancias de regidores en los municipios grandes. Y si alguien decide ignorarlo, allá ellos, porque en los tribunales federales podrían terminar tumbándoles la elección.

Sería penoso, en verdad, que una elección tan costosa como la de los ayuntamientos termine enredada o anulada porque el Congreso no hizo su tarea o, como dirían en la escuela, “se la comió el perro”.

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El Gobierno del Estado inició el procedimiento para adquirir insumos y equipamiento destinados al traslado de miles de cadáveres durante los próximos doce meses.

Este sábado, el Periódico Oficial del Estado publicó un par de licitaciones para la compra de bolsas para cadáveres y vehículos especializados para la disposición y traslado de restos humanos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Se trata, según datos recabados por este Mirone, de una inversión superior a los seis millones de pesos que se ejercerá en los próximos meses y permitirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) contar con bolsas y vehículos suficientes, al menos, hasta el primer semestre del próximo año.

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Lo que le contaron a Mirone es que se adquirirán dos vehículos especializados para el traslado de cadáveres, los cuales deben cumplir con una serie de especificaciones que vuelven más compleja y costosa su compra.

Se trata de unidades 4×4 todo terreno, equipadas con sistemas de extracción de aire, drenes, forros especiales en las áreas de traslado, defensas diseñadas para facilitar la colocación de camillas, además de torretas, sirenas y otras características propias de vehículos al servicio de corporaciones de seguridad.

Cada una de esas camionetas tendrá un costo aproximado de entre 2 y 2.1 millones de pesos, según le chismearon a Mirone. Una vez adquiridas, serán enviadas a Ciudad Juárez para reforzar los servicios periciales en la frontera.

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En la misma edición del Periódico Oficial también se publicó la licitación para adquirir seis mil bolsas para cadáver, con un costo unitario aproximado de 3 mil 500 pesos.

Es decir, se invertirán alrededor de 2.1 millones de pesos únicamente en ese concepto.

¿Qué tienen de particular? Que contarán con un sistema especial de rotulación para registrar la identidad de la persona fallecida. Lástima que muchos de los cuerpos que llegaron al crematorio Plenitud no fueron manejados de esa manera. De haber ocurrido así, probablemente el proceso de identificación ya habría concluido.

Dos vehículos y seis mil bolsas para trasladar cadáveres. ¿Son muchos? Hay que decir que están destinados a todo tipo de fallecimientos y no únicamente a hechos violentos. Pero seis mil en un año —y apenas alcanzan— revelan la magnitud del reto que enfrentan las autoridades en un estado que promedia alrededor de 2 mil homicidios al año, además de unos 300 fallecimientos en accidentes. Los números hablan por sí solos.

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La dirigencia nacional del PAN anunció, con todo el bombo y platillo posibles, que su campaña de reclutamiento de aspirantes a candidaturas alcanzó los 10 mil registros en todo el país.

Diez mil personas descargaron la aplicación puesta en marcha por el partido blanquiazul para ese propósito, llenaron los formularios correspondientes y expresaron el cargo para el que les gustaría contender.

Fácil y rápido, como quien pide comida a domicilio. Sonó a “¿me manda una candidatura a diputado, por favor, con todo?”. Un buen intento por demostrar apertura hacia la ciudadanía, aunque, como siempre, aparece el bendito ‘pero’ en la conversación política mexicana.

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Eso de lanzar convocatorias para ocupar cargos públicos es una práctica tan conocida como desgastada. Suele atraer a personas de buena fe que consideran reunir los requisitos y contar con el perfil adecuado para el puesto en cuestión.

Poco a poco, conforme avanzan las etapas del proceso, los participantes descubren que aquello no se trataba de perfiles, méritos académicos o buenas referencias laborales, sino de cumplir requisitos legales y formalidades destinadas a dar un barniz de ‘ciudadanización’ a decisiones previamente tomadas.

Al final, como tantas veces hemos visto, la asignación de esos cargos suele responder al reparto de posiciones entre los grupos políticos instalados en el poder, tengan o no los méritos que sí reunían los cientos de aspirantes que quedaron en el camino.

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El ejemplo viene al caso con eso de los 10 mil aspirantes, seguramente personas que buscan una candidatura con toda la buena voluntad y la legitimidad que la ley les reconoce.

Aquí vale preguntarse qué tan en serio serán consideradas esas postulaciones si, en Chihuahua, las ciudades ya están tapizadas de espectaculares de aspirantes, todos ellos de rancio abolengo partidista y con campañas adelantadas desde hace meses. ¿Tiene sentido competir contra ellos? Es para pensarse.

El PAN debe tener cuidado de que esos 10 mil aspirantes no terminen convertidos en una lista de 9 mil 500 decepcionados, convencidos de que los llevaron al baile para terminar viendo cómo las candidaturas recaen en los mismos nombres de siempre.

Ojo. El tiro puede salir por la culata. Porque el desencanto de un ciudadano que se siente utilizado suele ser mucho más difícil de revertir que de provocar.

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Este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) dará a conocer el estado que guarda el caso del crematorio Plenitud, uno de los más complejos, inéditos, extraños e indignantes de cuantos se hayan visto en tiempos recientes.

Por un lado, la dependencia encargada de procurar justicia e investigar los delitos presentará avances en la identificación de los cadáveres, que, sin duda, los hay y no se les pueden regatear.

Por otro lado, también enfrenta una especie de callejón sin salida al que ha llegado la investigación para encontrar el lazo genético de cuerpos de personas que murieron hace dos o más años y de cuyo entorno familiar no se conoce nada, o muy poco.

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Hasta ahora, la FGE ha logrado identificar 250 cuerpos embalsamados, de los 386 localizados en el crematorio Plenitud cuando apenas se dieron cuenta de la existencia de ese horrendo lugar. Todos esos restos ya están en poder de sus familiares.

Sin embargo, la cifra representa apenas el 64.7 por ciento del total, es decir, poco más de las dos terceras partes.

Falta una tercera parte y, según le contaron a Mirone, será la más difícil, la que impida a la FGE cerrar al menos ese círculo de dolor que implicaba para las familias no saber dónde quedaron los restos de su ser querido.

Aquí vale hacer una acotación para reconocer el trabajo de los especialistas en medicina forense con que cuenta la FGE, pues han realizado un esfuerzo enorme para obtener muestras genéticas y pruebas de identidad de cuerpos que ya se encontraban en condiciones esqueléticas.

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Todo ese esfuerzo se ha quedado atorado en los 136 cuerpos que faltan por identificar, y no por falta de ganas o capacidad de los especialistas que han trabajado a todo motor para terminar con este penoso caso, cuya investigación inició hace casi un año.

El problema, le dijeron a Mirone, es que no hay con quién comparar muestras genéticas, ni personas que acudan a identificar algún signo que le quede al cuerpo que nunca fue cremado.

Esfuerzo grande, resultado aceptable, faltante inaceptable. Todo esto no hubiera sucedido si la autoridad encargada de supervisar el caso se hubiese aplicado a fondo. Ahí están las consecuencias.