No le resultó a Antonio Pinedo, el periodista juarense que fue coordinador de Comunicación Social en la parte inicial del quinquenio corralista, su intento por salir del penal de Aquiles Serdán con un cambio de medida cautelar.
Por la vía del amparo intentó tumbar la prisión preventiva, aprovechando que luego de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ordenó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
Su defensa sí había logrado la suspensión provisional por parte de un juez de Distrito, pero simplemente para que se volviera a revisar el caso por el juez de control local a quien le corresponde dictar las medidas cautelares, dentro del proceso judicial.
El amparo obligó una audiencia de revisión de la medida que el miércoles se prolongó por más de siete horas, pero la defensa de Pinedo no logró aportar elementos que desacreditaran la forma en que se fundamentó por la representación social, el mantener al exfuncionario en la cárcel con prisión preventiva justificada, la única que hoy se permite.
Dos factores fueron clave para que el juez local negara cambiara la prisión preventiva: no pudo la defensa acreditar fehacientemente un domicilio fijo del imputado, mientras que la Fiscalía documentó cómo Pinedo no atendió requerimientos previos de la justicia hasta que se le declaró prófugo y se giró una orden de aprehensión en su contra.
Si la audiencia duró tanto tiempo, fue porque la defensa se desgastó en otros temas no centrales para la resolución del juez, como el hecho de insistir en acusaciones de revanchas políticas y de una aplicación diferenciada de la justicia, ya que otros acusados de corrupción no están hoy en prisión.
Por cierto, supo este Mirone que la Fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder más elementos para acreditar las conductas delictivas del exfuncionario, como lo es su participación en transferencias del dinero público que se asignó en contratos a empresas vinculadas con su pareja sentimental y su entonces jefa administrativa en Comunicación Social.
Pinedo está vinculado a proceso por presunto uso indebido de funciones y facultades, en la entrega de cinco contratos por un valor total de 9.3 millones de pesos.
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Muchas ronchas en Morena están sacando la adhesión de Alex LeBarón, el expriista que consolidó su carrera política de la mano del exgobernador César Duarte, hoy en prisión acusado de delitos de corrupción.
Igual que Duarte, LeBarón emergió de la Confederación Nacional Campesina y fue diputado local en la primera parte del sexenio duartista y luego impulsado por el entonces gobernador para convertirse en delegado de la Comisión Nacional del Agua. Después llegó hasta la Cámara de Diputados, siempre cobijado por el PRI y acaramelado con el Verde, donde militaba su esposa.
Toda el ala barzonista vinculada a Morena anda desconcertada porque si alguien sabe cómo se manejan los LeBarón de Galeana, son ellos, quienes por años han denunciado la explotación ilegal de pozos para riego, la forma gansteril para apropiarse del agua y la tierra, además de la corrupción que desde Conagua facilitó la depredación de los acuíferos.
En el clímax de la guerra por el agua en la zona de Galeana y Buenaventura, los barzonistas denunciaron que, como delegado de Conagua, LeBarón entregó a familiares y prestanombres, 395 títulos apócrifos que permitieron la perforación de igual número de pozos. El entonces funcionario federal fue señalado por enriquecerse a costa de dejar en la indefensión y la pobreza a cientos de pequeños productores.
Incluso acusaron que la familia LeBarón puso precio por las cabezas de los dirigentes barzonistas y reclamaron el asesinato impune de Ismael Solorio Urrutia, integrante de la dirigencia, junto con su esposa, Manuela Solís Contreras, ocurrido tiempo atrás peor también en medio de la disputa por el agua.
La crisis por la falta de agua está peor que nunca. Los LeBarón han incrementado la siembra de nogal, por lo que los acuíferos continúan agotándose en ejidos como Constitución y Benito Juárez, donde la familia y el propio Alejandro, poseen miles de árboles en producción.
Las reacciones en contra de la nueva adquisición guinda, se generaron desde que Alex LeBarón fue subido al templete del evento que tuvo Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial, en Parral.
En otra vía, la inconformidad de militantes morenistas quedó registrada en la publicación de la dirigente estatal, Brighite Granados, quien en sus redes sociales le dio la bienvenida al esposo de la exverde-ecologista, Brenda Ríos, subida meses atrás al barco de la 4T, como parte del comité estatal #EsClaudia.
De “oportunista”, “advenedizo” y “chapulín” no lo bajaron. “Que haga fila”, respondieron morenistas a la dirigente en sus redes sociales, a quien le pidieron no dejarse envolver por el canto de las sirenas y le recordaron que hay quienes, como los LeBarón, únicamente se acercan ante la posibilidad de hacer sus negocios privados.
De acuerdo con la publicación de la dirigente estatal de Morena, en concordancia con las instrucciones de Claudia Sheinbaum, están sumando a la 4T “a quien decide estar del lado correcto de la historia”. Como quien dice, borrón y cuenta nueva.
“Toda una contradicción filosófica, ideológica, política y social de MORENA la inclusión de esa persona. Pregunten a los hermanos de clase, los campesinos del ejido Constitución, Galeana y otros, que opinan de tan “distinguido” apellido. No hay duda, el obradorismo empieza a declinar con el VARIOPINTO MORENISMO”, escribió uno de los detractores.
“Tanto que los combatimos, desde MORENA y ahora hasta los reciben con manteles largos”, recriminó otro más.
Por cierto, la foto de ambos que compartió Granados, corresponde a un encuentro en La Casona, el restaurante de postín preferido de la clase política y empresarial de Chihuahua. Para que todos vean que “Primero los pobres”, se tomaron la foto en el edificio histórico que construyó Luis Terrazas y que después compró Eloy Vallina, puro potentado en la historia chihuahuense.
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Las distintas dependencias estatales ya terminaron sus anteproyectos para el Presupuesto de Egresos 2024.
Supo Mirone que los documentos de secretarías y organismos descentralizados están ahora en el escritorio del titular de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez.
El funcionario debe meter la tijera a las cartas a Santa Clos que le mandaron, priorizar la inversión para obras y programas e integrar un solo documento. Luego el proyecto deberá enviarse en breve al Congreso del Estado, donde se prevé un buen agarrón, ahora que los tiempos electorales llevan la radicalización al extremo.
Para este Don lo importante será conocer qué tanto amor le va a tener los funcionarios estatales a Juárez, específicamente en cuanto a proyectos de inversión debidamente etiquetados, más allá de los recursos para la operación regular de los programas y acciones gubernamentales.
Fuera de la inversión millonaria en la Torre Centinela que todavía no se nota, no hay grandes obras estatales que puedan presumirse, hasta la fecha, sin contar lo que la JMAS ha conseguido hacer con sus propios recursos. Apenas se anunciaron recientemente algunas obras con fondos del Fideicomiso de los Puentes, instancia que prácticamente duró inmovilizado dos años, por lo que será crucial lo que se incluya en el presupuesto del próximo año.
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Seguramente traen en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) la presión de organizaciones e instancias nacionales y hasta internacionales, para decir que algo se hace en Chihuahua contra el delito de trata de personas.
Es una tragedia mundial el comercio con fines de explotación sexual o laboral, con niveles que se agravan incluso por el fenómeno de la migración que coloca en mayor vulnerabilidad a las personas en movilidad.
El caso es que la FEM acaba de informar que en el año hubo 103 operativos de prevención y combate de este delito en todo el territorio estatal.
Lo que llama la atención, son los resultados. Se informó en comunicado oficial que “una mujer de nombre Jessica Mariana F. E., de 22 años, fue puesta a disposición del Ministerio Público como presunta responsable de cometer el delito en perjuicio de sus dos hijas”.
“Estas acciones han permitido además cuatro detenciones en flagrancia y siete mediante orden de aprehensión por diversos delitos”, agrega el documento de la Fiscalía, sin mayor detalle.
Suena a mera escaramuza. Y los resultados exiguos. Como siempre, cumplir con el protocolo y hasta presumirlo. “Los integrantes de la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas, han efectuado diligencias en los municipios de Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Cuauhtémoc, en los que se han inspeccionado 354 lugares como bares, cantinas, centros nocturnos, puentes internacionales, cruceros urbanos, plazas y establecimientos comerciales”, informa la Fiscalía.
Incluso se señala que se hicieron mil 764 entrevistas policiales con las respectivas series fotográficas. La consigna parece ser documentar al máximo los operativos. Pero entrarle a fondo es otra cosa. Ni modo que no se conozca que la trata también está vinculada al crimen organizado.
A estas alturas ya era para que las acciones de coordinación interinstitucional alcanzaran los tres órdenes de gobierno y las acciones de inteligencia arrojaran verdaderos resultados, precisamente para desarticular las bandas que se dedican a esa actividad criminal.
Claro que se han logrado con esas acciones algunos aseguramientos y rescate de víctimas, lo cual es loable, pero la magnitud del problema requiere ir mucho más a fondo.