Dentro de los proyectos de poder que el abogado Eduardo Guerrero construía para seguir amasando fortuna a costa del erario público, estaba también el sueño guajiro de convertir en gobernador de Chihuahua al inquieto doctor Alejandro Díaz Villalobos, el mismo que tras casi ser candidato del Partido Verde Ecologista se pasó a las filas de Fuerza por México y luego declinó a favor de la actual gobernadora Maru Campos.

Eduardo Guerrero fue el director del sistema penitenciario de Chihuahua en tiempos de César Duarte y después ocupó el cargo de Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Oadprs, que administraba los penales federales del país.

Actualmente tiene una orden de aprehensión por los delitos de desvío de recursos y lavado de dinero, por un monto que alcanza los 3 mil millones de pesos.

Guerrero ocupó esa posición en el Gobierno federal del 2014 al 2016, y al ser relevado en el cargo, se dedicó a vender sus servicios como gurú especializado en sistemas penitenciarios.

Como consultor, asesor y especialista en el manejo de prisiones, el sonorense llegó a cobrar hasta 20 millones 800 mil pesos al Gobierno de Nuevo León, por hacer un diagnóstico de la situación de los penales de esa entidad, para decir lo que todo mundo ya sabía: que tenían autogobierno y eran fábricas de asesinos.

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En Chihuahua, Guerrero pretendía regresar a manejar los 9 penales del estado cuando Alejandro Díaz ganara la gubernatura. Por lo mismo, fue uno de sus principales patrocinadores en las campañas que el doctor realizó en Fuerza por México y en el Partido Verde.

Quienes conocieron esa relación política, cuentan que la recomendación de declinar a favor de la candidata panista fue de Eduardo Guerrero, para tener el compromiso directo de la ahora gobernadora, que después le abriera las puertas a los jugosos contratos por el manejo de los penales.

Solamente así se entiende la molestia de los dirigentes de Fuerza por México  en aquella fecha, a quienes Alejandro no tomó en cuenta para aventar la toalla y dejarlos chiflando en la loma con su candidatura.

Ahora, con el escándalo en que se encuentra embarrado Eduardo Guerrero, lo más probable es que el doctor Díaz no sea invitado por el Gobierno de Maru, ni para manejar un dispensario médico en un centro comunitario, ya no se diga la Secretaría de Salud, a la que tanto ha aspirado.

Díaz tendrá que conformarse con seguir apantallando incautos, con su cargo de embajador plenipotenciario de los médicos migrantes de Marte en el polo sur. Ya vendrán otros que le creerán sus mentiras y lo utilizarán, como Eduardo Guerrero lo hizo , para trepar a los jugosos negocios del poder público.

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El reciente hackeo del celular del que fue víctima Maru Campos, ocurrió días después de que sus comunicadores sociales le recomendaron que por ningún motivo ella respondiera personalmente las llamadas y mensajes de su teléfono.

Le aconsejaron que alguna persona de su equipo cercano se encargara de esa tarea, porque siendo una persona tan importante como gobernadora, no podía perder el tiempo respondiendo llamadas y contestando mensajes.

Pues bien, apenas dejó de hacerlo y pácatelas, que le hackean el teléfono. Los que saben del tema afirman que para hacerlo, los cibermalandros tuvieron que acceder físicamente al aparato, porque fue clonado, no intervenido a distancia.

Habrá que esperar a que los agentes del Ministerio Público del área cibernética encuentren al o los responsables de este delito, para deslindar responsabilidades y saber si las recomendaciones de los gurús de comunicación fueron una lamentable coincidencia con los hechos o bien, hay gato encerrado.

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Como hongos en el bosque después de lluvia, siguen brotando todas las pillerías cometidas en el quinquenio del “incorruptible” Javier Corral, ahora con una plantilla de 583 aviadores que cobraban sueldos hasta de 20 mil pesos mensuales en la Secretaría de Desarrollo Social.

Primero fueron las transas que hizo con las finanzas, al gastarse partidas presupuestales que no le correspondían, luego las obras con un sobrecosto del 20 por ciento, y ahora sale a flote la real fuerza aérea que dirigía el izquierdoso Víctor Quintana Silveyra.

Los aviadores, que estaban identificados en la plantilla de dicha Secretaría como becarios, representaban una nómina mensual de más de 11 millones de pesos. En la realidad, estos gandules estaban al servicio de Víctor Quintana y, por supuesto, del mismo gobernador, para realizar activismo político y guerra sucia en contra de los opositores y detractores del gobierno.

Entre sus encomiendas estaban realizar pintas que le endilgaban a grupos rivales, infiltrarse en marchas y protestas, participar en carruseles telefónicos en las estaciones de radio donde estaban los críticos de Corral y operar redes sociales como haters y trollers.

Bueno sería que la Fiscalía General del Estado le diera un arrimón a la lumbre a varios de ellos, para que comiencen a cantar todas las interesantes tareas que desempeñaban bajo las órdenes de Víctor Quintana, también conocido como el último comunista de México.

El tema es solo la punta de la madeja de las pillerías que el juareño Javier Corral realizó impunemente durante 5 años, enredado en la mentira de que combatía sin cuartel la corrupción de su odiado antecesor, César Duarte.

Aquí es donde la gobernadora deberá comenzar por cumplir el compromiso hecho en su toma de protesta en Juárez: ni perdón ni olvido, pues no basta con que diga que la existencia de aviadores en Desarrollo Social era una grosería y una obscenidad.

Lo descubierto en la dependencia que manejó Quintana también es una nómina secreta, al estilo de la de César Duarte, aunque esta era para gritar y combatir a disidentes y opositores del señor de la raqueta y de los palos de golf; mientras que la del ballezano, era para comprar silencio. Muy parecidas en la forma, pero distintas en el fondo.