Los defensores oficiales y oficiosos del exgobernador César Dee Jay han difundido la versión de que el caso conocido como la “Operación Safiro” ya se cerró y que no hay delito qué perseguir.
Sin embargo, la organización “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, que en su momento denunció ese otros desfalcos al erario del Estado Mexicano, mantiene en su hoja de ruta el caso de “Safiro” entre los que no han concluido.
Este caso aún tiene camino por recorrer, tanto en la emisión de fallos judiciales como en recuperación de dinero extraído de las arcas públicas.
Para hacer historia: en la época de Javier Corral, el gobierno de Chihuahua inició una investigación que derivó en la integración de carpetas de investigación por la sustracción de más de 250 millones de pesos de las cajas estatales que fueron a dar al Comité Directivo Estatal del PRI.
Según “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, mediante esa operación, se desviaron cerca de 650 mdp hacia las arcas del PRI.
Menciona que la Fiscalía de Chihuahua “tomó seriamente su tarea y comenzó procesos penales contra más de diez personas”.
Producto de esa investigación, se obtuvieron ocho sentencias condenatorias en contra de personas involucradas en los actos de corrupción, agrega.
“Todavía cuatro procesos siguen en curso” dice el documento.
Esta misma semana, Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) emitió un fallo en el que exoneró al PRI, por no encontrar evidencias de que esa suma y la que sacaron de otras seis entidades públicas llegó a las cajas del tricolor.
Hasta ahí la sentencia, pero nadie ha dicho que no existió delito. Así que vale aclarar que “Safiro”, así, con “s”, sigue vivito y coleando. Que nadie salga a echar las campanas a vuelo, ni los que se defienden de esa acusación, ni los que atacan con ella.
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Patrick Crusius tenía 21 años de edad cuando tomó la decisión de salir de su casa, en un suburbio de la clase alta, en Dallas, Texas, para viajar durante 10 horas con destino a El Paso.
Aquel 3 de agosto de 2019 marcaría la peor tragedia en la historia de la vecina ciudad, cuando Crusius cometió el crimen de odio racial jamás vivido en El Paso, al abrir fuego y matar a 23 personas y herir a un número similar.
Las víctimas en su mayoría fueron de ascendencia hispana, concretamente mexicanos, muchos de ellos juarenses, que habían acudido a hacer sus compras aquella mañana en el Walmart de Cielo Vista.
Ayer, tras un proceso que duró casi cuatro años, la corte decidió condenar a 90 cadenas perpetuas al “asesino de Walmart”, como será recordado Crusius, tras declararse culpable en los 90 cargos que se le imputaron, más de la mitad de ellos, relacionados con crímenes de odio.
Días antes del ataque había publicado en Internet un manifiesto en el que hablaba de la “invasión hispana”; su objetivo al ingresar al centro comercial, se supo después, eran los mexicanos.
Crusius aún tiene que enfrentar cargos por asesinato capital en un tribunal estatal y eso pudiera llevarle a ser condenado a la pena de muerte, aunque no se concreta la fecha para ese proceso.
La sentencia dictada el viernes de 90 cadenas perpetuas debería significar un ejemplo de justicia, pero resulta absurda e insuficiente, ya que mientras permanezca la falta de educación, la venta indiscriminada de armas y el espíritu de odio y xenofobia entre ciertos grupos supremacistas en el vecino país, estará siempre latente la amenaza de que surja un nuevo tirador a destruir la vida de personas inocentes.
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Sin vela en el entierro, porque ni siquiera había sido mencionado por alguna de las partes que tuvieron un breve desencuentro, un tercero en discordia, perdido, por no decir que prácticamente había sido ignorado, entró a reavivar un fuego que ya se creía apagado.
Hacemos referencia al superdelegado de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, a quien le queda como anillo al dedo ese refrán que dice que “más vale llegar tarde que ser invitado”, lo anterior, haciendo referencia al video que el funcionario federal subió a sus redes sociales la tarde del jueves.
En sí, Juan Carlos se metió a tirar sombrerazos cuando ya no había nadie en el argüende que se armó, luego de que el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar le mandará una carta a la góber Maru Campos pidiéndole, entre otras cosas, los recursos para alivianar el Centro Histórico, la conclusión de la estación BRT en Plaza de Armas y que le jalara las orejas al titular de la SCOP, Mario “el hermosillo” Vázquez Robles, para que deje de promocionar su imagen y se ponga a chambear.
Como el lector ha de recordar, Maru vino a decir que lejos de no trabajar, el estado está haciéndole la chamba al municipio al invertir algo así como la friolera de 170 millones de pesillos en pavimentación y tapando baches, por lo que pidió que todos desde sus respectivas trincheras mejor se pusieran a trabajar y tan tán.
Al menos así lo creíamos que ya todo iba a agarrar su rumbo, hasta que el buen JC le entró al debate tirando guamazos como los hermanos Mario y Fernando Almada en aquella película donde salen de karatecas, acusando entre otras cosas a la titular del Ejecutivo estatal, por la obra del BRT.
Dice Loera que el tráfico se ha puesto muy pesado por dicha obra, la cual menciona que “es un estorbo” para los casi 900 mil vehículos que circulan por la ciudad. Dice Loera que el estado recibe recursos suficientes producto del plaqueo, licencias y demás documentos que bien pueden ser regresados a la ciudad, porque son precisamente los ciudadanos los que sí están haciendo su chamba, al pagar puntualmente.
Lo que no menciona Loera es que, precisamente con el decreto de regularización vehicular federal, se ha crecido enormemente el parque vehicular en la ciudad, ya que si bien, su sentido original era poner en regla a todos aquellos vehículos usados por las familias juarenses, lo cierto es que además de haber empezado lento, muchos de los vehículos que usan los juarenses, no lograron entrar en el esquema de la legalidad.
Lo que sí es cierto y que a la fecha sigue ocurriendo, es la entrada indiscriminada de vehículos de procedencia extranjera, que son ingresados por los puentes internacionales diariamente, muchos de ellos catalogados como “salvage” que en español equivale a siniestro total, o siniestrado, es decir, automóviles que fueron chocados y aquí vienen y los ‘carrocean’ y se los venden como casi nuevos.
El delegado olvidó ese problema que también genera que la movilidad casi se convierta en un recuerdo del ayer en nuestras calles. Sin embargo, en los comentarios que le hicieron llegar al delegado de la 4T, fue el broncón que tiene en sus oficinas en la ciudad capital del estado, donde cerca de 60 exempleados mantienen un plantón ya por varios días, ante lo que alegan fue un despido injustificado.
Como político que es, Loera de la Rosa, capoteó los señalamientos, asegurando que esa fue una decisión que provino desde el Gobierno central, es decir, que él ni vela en el entierro -en ese sí- tenía que ver.
Ya se habrá de imaginar el lector, cómo le fue con las floridas respuestas de los usuarios de redes, con decirle que si las computadoras pudieran generar aromas, seguro serían de fragancia a huevos y tomates podridos que le ‘lanzaron’ al delegado con los comentarios, asómese a sus redes.
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¡Ah qué caray con esto del encuestómetro!, tan de moda en los últimos años que hasta va a ser el instrumento que decida candidaturas presidenciales.
En lo que ese crucial momento llega, abundan los sondeos que le miden el agua a la popularidad de los actores políticos tanto de alcance nacional como de los locales, y en ese sentido, a los de Chihuahua no les va tan peor como en sondeos anteriores.
La encuesta Mitofsky publicada en junio pasado, coloca a Cruz Pérez Cuéllar en el “top 20” de los alcaldes mejor evaluados por sus propios gobernados, con un 55.3% de aprobación.
Si ese dato suena como música de orquesta al juarense, más aún le debe haber agradado que en la medición de Mitofksy queda en el sitio 14, muy por encima de su colega de Chihuahua, Marco Bonilla, que se fue hasta el sitio 24.
Dato curioso, porque en algunos sondeos, como el de Massive Caller, aparece regularmente muy por encima de Cruz, incluso en el primer lugar.
Buenas nuevas para Pérez Cuéllar, pero no tan peores para Bonilla, que en esa medición, la de una de las encuestadoras más populares del país—por sus aciertos y por sus garrafales desaciertos—quedaron en el “top 30” entre los alcaldes de las 150 ciudades más pobladas del país.
Por cierto, en cuanto al “ranking” de Mitofsky, de gobernadores y gobernadoras, Maru Campos continúa con récord ganador, con un 54% de aprobación. Si bien el indicador la saca de los primeros 10 lugares, lo que luce para ella es que, en la foto completa de la encuesta, aparece por encima de Claudia Sheinbaum, la “corcholata” que encabeza las encuestas para elegir la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.
En la tabla de posiciones de las mujeres gobernadoras, Maru queda en el cuarto lugar, por debajo de María Teresa Jiménez, de Aguascalientes, Lorena Cuéllar, de Tlaxcala y Mara Lezama, de Quintana Roo.
¿Y quién queda debajo, en el quinto puesto? Sheinbaum, Claudia Sheinbaum.