Ha resonado incluso fuera de esta frontera el ecocidio que se registra en la colonia Zaragoza, al nororiente de la ciudad.

La verdad es que no se le puede llamar de otra manera a la tala, de un trancazo, de al menos 200 árboles, incluyendo algunos centenarios que conformaban todo un ecosistema en torno al canal San Miguel, al oriente del Libramiento Independencia, rumbo a Riberas del Bravo, donde ya había ocurrido algo parecido anteriormente.

Sabe perfectamente Mirone que las manchas urbanas han crecido así, inexorablemente avanzando por encima de la naturaleza, pero también es cierto que cada vez más deben respetarse criterios de preservación, conservación y sustentabilidad ambiental, que no pueden ser simplemente barridos por los criterios mercantilistas y la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios, en connivencia con el funcionariado y las oficinas públicas.

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Menos en una ciudad como Juárez, donde la desertificación se consolida y crecen el déficit de áreas verdes y las zonas arboladas, en detrimento de la calidad del aire, el agua y la tierra; todo el medio ambiente en franco deterioro, con impactos indiscutibles e irremediables en la calidad de vida de los habitantes de esta frontera.

Hoy, la empresa Vesta Baja California S. de R.L. de C.V. proyecta desarrollar un parque industrial en un predio de 38 hectáreas, ubicado en la calle Río Candameño número 1204 de la colonia Zaragoza.

La cifra de 215 árboles es oficial y ya fue reconocida por Parques y Jardines, instancia que autorizó el retiro para el proyecto, ya que presumiblemente se cumplirá con la normativa que exige compensar con la reforestación de tres árboles por cada uno que se arranca.

Es una manera de compensar, pero desde luego que no restaura todo el equilibrio ecológico, ni sustituye el beneficio ambiental de árboles maduros, varios de ellos gigantes que, de acuerdo con usuarios del Distrito de Riego, tienen hasta 150 años de antigüedad.

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Difícil hacerlo con árboles jóvenes de apenas 2.5 metros de altura y troncos de pequeño diámetro que tendrán que ser resembrados y que no necesariamente se colocarán en la zona donde ocurrió la tala, porque así lo permite la norma y porque, desde luego, habrá que dar espacio al concreto y al pavimento de las nuevas construcciones.

Sin duda, como señalan los ambientalistas y los agricultores que todavía hay en la zona, la norma se queda corta, pero además se aplican criterios muy laxos para cambiar los usos de suelo considerados en los planes de desarrollo urbano.

Simplemente podrían mantenerse las restricciones y limitar ahí cualquier desarrollo, con el objetivo de preservar esos pequeños ecosistemas de arboledas junto a canales y acequias. De nuevo: insistir en los criterios de consolidación y no dispersión, o mandar la industria a alguna otra orilla que no forme parte de la ya casi extinta reserva ecológica.

El problema es que nadie ha dicho no a los proyectos y a las inversiones inmobiliarias, aunque el costo ambiental para la ciudad sea tan alto y el beneficio económico quede solo para unos cuantos. Sin embargo, nunca es tarde para rectificar y cuidar la poca reserva verde que le queda a esta ciudad.

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Lo que son las cosas: ahora resulta que los jueces del Bienestar, los que llegaron al Poder Judicial —federal y local— por aparecer en los acordeones de grupos políticos, son quienes le han dado algo de vitalidad al sistema de impartición de justicia.

Y no precisamente porque sean muy buenos —ni por maldad ni por calidad—, sino porque, al no saber ni la “o” por lo redondo, les han dado manga ancha a sus secretarios y al personal operativo para que hagan lo que saben hacer: la chamba judicial.

Es algo así como “usted que le sabe, aviéntese ese trompo a la uña”. Y sí, se lo han aventado. Solo así se explica que el nuevo sistema judicial, tanto del estado como del país, no haya estallado en mil pedazos.

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A Mirone le vinieron a contar que la famosa curva de aprendizaje de los nuevos jueces ha sido tan pronunciada que ya parece montaña rusa. Van para un año en el cargo y nomás no le encuentran la cuadratura al círculo; mientras tanto, el personal que ya estaba sigue sacando las castañas del fuego.

El problema más grave, le dijeron a Mirone, no son los novatos del Bienestar, sino los que ya venían de la casa, los que trabajaban en un juzgado o en alguna otra área del Poder Judicial. Esos sí llegaron con las mismas malas prácticas de siempre.

Muchos de ellos —no todos, tampoco hay que generalizar— sí se creyeron eso de que los eligió “el pueblo” y, por tanto, no hay quien les diga lo que deben hacer.

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Trabajadores inconformes con el trato que ahora reciben comentan que prácticamente dejaron de tener vida familiar y social. Eso ya ni existe, porque los retienen hasta altas horas de la tarde y, más de una vez, la jornada se les alarga hasta la noche para sacar un trabajo que el juez “experimentado” ni siquiera revisa.

Del otro lado, el recién llegado les carga la mano a sus asistentes porque simplemente no termina de aprender.

La queja es la misma que existía antes de la reforma que nos mandó a todos a votar por jueces que ni conocíamos: los secretarios hacen la chamba, pero el juez la resuelve con días, si no es que semanas, de retraso.

Así, ni justicia pronta, ni expedita… ni “del pueblo”.

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Sigue pasando el tiempo y nomás no pinta nadie en el escenario juarense para quedarse con la candidatura del PAN a la Alcaldía de Juárez.

Y eso que hicieron buena bola y varias figuras levantaron la mano cuando desde la dirigencia partidista se habló de la instalación de la mesa municipal con todas y todos los aspirantes.

Con la camiseta azul bien puesta están la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo; el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz; y el empresario y promotor de proveeduría para la industria, René Mendoza.

También atendieron la invitación que se desprende de la estrategia impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dos prospectos externos o ciudadanos: la expresidenta de Canacintra, Isela Molina, y el empresario Juan Carlos Elizondo, hijo del exalcalde Gustavo Elizondo.

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Ya son casi tres meses desde que levantaron la mano, pero supo Mirone que no acaban de despuntar en las encuestas. Tampoco se ve que le hayan metido lana y muchas ganas al asunto, porque ni una barda ni un espectacular se animaron a contratar para subir su posicionamiento.

Se activaron en redes y algunos en reuniones de territorio, pero nada extraordinario como para marcar diferencia respecto de los demás.

Quien siempre la ha llevado de ganar es la subsecretaria Austria Galindo, porque tiene buena plataforma para la operación política y el deseo de hacerse de la candidatura, pero por lo visto le ha faltado para alcanzar el posicionamiento mínimo de dos dígitos.

Tampoco desde la dirigencia del PAN le han dado la atención necesaria a la mesa municipal, y la idea de hacer el mayor ruido posible en favor de la marca y en beneficio de quien supiera aprovechar el ejercicio se quedó ahí, en mera idea.

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Otras grillas de mayor intensidad y mayor alcance, adentro y afuera del PAN, han acaparado los esfuerzos y los afanes, por lo que muy poca oportunidad de crecer han tenido los aspirantes.

Tampoco se ha podido avanzar mucho porque primero está la definición de la alianza con el PRI y del género de la candidatura, así que todo el tema de la mesa municipal rumbo al 2027 no ha llegado ni a escaramuza.

Es en ese escenario que, al interior del propio PAN, lo que más se comenta es que, a final de cuentas, ninguno de esos nombres aparecerá en la boleta de 2027 y todo terminará con otra figura mejor posicionada y con la candidatura en la mano.

Nos referimos a la presidenta estatal, Daniela Álvarez, quien le sabe bastante a eso de hacer el mayor ruido posible y deberá definir próximamente si está o no dispuesta a ir al sacrificio en Juárez, con la encomienda de abonarle al proyecto mayor, que es la gubernatura del estado.

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Quién iba a pensar que, a seis años de su inicio y cuatro de su conclusión, los estragos presupuestales que causó la pandemia de Covid-19 aún le pasan la factura al presupuesto nacional y, por supuesto, al de estados y municipios.

En Chihuahua sus efectos todavía se resienten y, en fechas próximas, causarán recortes severos y hasta despidos de personal.

El ajuste de hasta 30 por ciento al presupuesto de las dependencias estatales tiene, al menos en parte, un origen que se remonta a aquellos años de la pandemia, cuando además de cobrarse miles de vidas, el Covid-19 obligó al Gobierno federal a destinar miles de millones de pesos para sostener el sistema de salud y compensar la caída en los ingresos públicos.

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Enterados del caso le comentan a Mirone que, en aquellos aciagos tiempos, el Gobierno federal sufrió una drástica caída en la recaudación fiscal y tuvo que echar mano del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), una especie de caja de emergencia; un auténtico “rómpase en caso de incendio” creado para compensar las disminuciones en la recaudación participable.

Según diversas fuentes, de ese fondo salieron alrededor de 70 mil 500 millones de pesos para apuntalar las finanzas de estados y municipios, además de atender parte de las necesidades extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria. El resultado fue que esa reserva prácticamente quedó agotada.

En el primer trimestre de este año la recaudación federal participable volvió a ubicarse por debajo de lo presupuestado y la Federación tuvo que ajustar sus finanzas. Ese apretón se resiente hoy en Chihuahua y en el resto de las entidades, porque ya no existe un FEIEF rebosante, como el que había antes del Covid-19, capaz de amortiguar una caída temporal en los ingresos.

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Mientras el Gobierno del Estado acusa a la Federación de haberle levantado la canasta, la bancada de Morena en el Congreso local y la dirigencia estatal del partido sostienen exactamente lo contrario: que, incluso, se le ha entregado más dinero del previsto.

Puede que ambos tengan parte de razón.

Según cifras oficiales —disponibles incluso en la página del propio Gobierno del Estado—, Chihuahua ha recibido, en distintos ejercicios fiscales de la actual Administración, entre dos mil 500 y tres mil millones de pesos adicionales respecto de lo presupuestado.

Lo que esas cifras no explican es para qué llegaron esos recursos y, sobre todo, qué otros conceptos dejaron de recibir financiamiento.

Porque una cosa es que aumenten las participaciones federales y otra muy distinta que hayan desaparecido fondos extraordinarios para obra pública, infraestructura o programas específicos.

Ahí parece estar el verdadero meollo del asunto y, hasta ahora, no se ve de dónde puedan salir los dineros para tapar ese hoyo. Por lo pronto, Chihuahua le meterá tijera a su gasto, y eso tampoco ayudará a salir del apuro.