La próxima semana comenzará a analizarse el presupuesto 2022 del Congreso del Estado, y todo parece indicar que la bancada de Morena votará en contra del ramo 5000 de inversiones y servicio, que contempla el gasto de 80 millones de pesos para el cambio de elevadores de la Torre Legislativa, para la instalación de paneles solares y para la compra de vehículos nuevos para la Presidencia y coordinadores de fracciones.

Con mucha razón se opondrán los morenistas a esos gastos, si se considera, por una parte, que ellos comulgan con la austeridad republicana y, por otro lado, que las finanzas del estado se encuentran en total quiebra y han tenido que recurrir a financiamientos emergentes, para salir de los compromisos que implican el inicio de la administración y transitar los tres meses que faltan para el cierre del año, sin cabalgar en las mandíbulas de la miseria.

No faltarán quienes peguen de gritos, y no precisamente por el cambio de elevadores y la instalación de energía solar, sino por los vehículos que no podrán estrenar y que para muchos significa estatus.

Habrá que pedirle a la Comisión del Deporte que les gestionen en la UACH instructores gratuitos de educación física, para que les compartan rutinas de ejercicios y valoren el hecho de subir y bajar escaleras, así como caminar para prescindir de los vehículos oficiales, que suelen utilizar hasta para trasladarse de la sede del Congreso a Palacio de Gobierno, a menos de un kilómetro de distancia.

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Continuando con el tema de Morena, la diputada María Antonieta Pérez subió el jueves una interesante y valiosa iniciativa con carácter de decreto, para que las mujeres trabajadoras al servicio del estado puedan afiliar a sus esposos o concubinos en el sistema de Pensiones Civiles del Estado, igual que lo hacen los hombres con sus parejas. 

La Ley de Pensiones Civiles es tan antigua que nunca consideró la igualdad de género, y solamente permite a los varones afiliar a sus esposas o concubinas, sin mayor trámite que comprobar con documentos oficiales la relación de pareja.

La propuesta de la diputada Pérez no es nueva, sino que fue formulada en la pasada legislatura por el grupo de Morena, pero se quedó en el tintero.

Ahora la retoman porque consideran justo que las mujeres trabajadoras tengan las mismas oportunidades que sus compañeros varones, para que sus parejas tengan derecho a la seguridad social en Pensiones, aunque la institución tenga graves problemas financieros, porque todo mundo le debe y no le quieren pagar.

María Antonieta expuso que la iniciativa persigue dos objetivos. Primero, eliminar la disposición que violenta el principio de igualdad que se consagra en la Constitución y segundo, plasmar la disposición legal que permita a las mujeres trabajadoras adscritas al Gobierno estatal, a los tres poderes y a los organismos descentralizados, inscribir a sus parejas sin la necesidad de recurrir a procedimientos legales, como el amparo, al que ya han estado apelando.

Es una realidad que las trabajadoras se encuentran en desventaja en comparación con los varones, ya que estos pueden incorporar a sus esposas o concubinas únicamente acreditando el estado civil, mientras que las mujeres han tenido que contratar los servicios de abogados para hacer valer el mismo derecho, para poder dar el apoyo médico de calidad a sus viejos.

“Es obvio que dicha normatividad no fue elaborada con perspectiva de género y por lo mismo, no encontramos justificación legal para que esta diferencia siga existiendo con un tratamiento diferente para las mujeres”, dijo la legisladora en la tribuna.

Todo indica que las modificaciones que solicita la fracción morenista a la ley de Pensiones Civiles con dicho decreto, pasará sin problemas en el resto de las fracciones legislativas y, una vez que se publique en el periódico oficial, entrará en vigor para beneficio de cientos de mujeres burócratas del estado.

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El destape de la nómina secreta de los aviadores de Javier Corral levantó polvaredas en toda la entidad, sobre todo en los sectores que sufrieron el abandono de los programas y acciones del anterior Gobierno, que a una voz exigieron que se investigue hasta las últimas consecuencias.

No es de extrañar que organizaciones de campesinos, que fueron los principales marginados de los apoyos y programas del Estado para el campo, brinquen ahora cuando se enteran que el exsecretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, gastaba más de 11 millones en pago de aviadores, mientras que a los agricultores se les negó apoyo hasta para organizar mercados ambulantes de sus productos en las ciudades, para evitar los intermediarios que son los únicos que ganan de lo que el campo produce.

También surgieron voces que trataron de defender lo indefendible, recurriendo al gastado argumento de que las becas son necesarias para los jóvenes y estudiantes.

En el caso de los becarios de Quintana, recibían sueldos de 20 mil pesos mensuales, muy superiores a los que perciben jefes de área, coordinadores, técnicos especializados y otras posiciones de la burocracia estatal, donde tienen que cumplir con un horario y asumir responsabilidades.  

Dijimos ayer que dichos becarios cumplían tareas de guerra sucia en marchas, protestas y redes sociales, pero ahora ha salido también a la luz que realizaban encuestas sociales y políticas, por encargo directo de Quintana. Y no se trataba precisamente de estudios de mercado para ver las necesidades de la población, sino de cuestiones con fines de rentabilidad electoral.

Ahora que el escándalo crece, diputados del Congreso del Estado tampoco han dejado pasar la oportunidad para exigir que se investigue la nómina secreta de Corral, que si se ejerció durante los 5 años de gobierno corralista, como todo lo indica, alcanzaría un monto de 696 millones de pesos, a razón de 139 millones por año.

Desde el ángulo en que se mire, es mucho dinero gastado en una dependencia que brilló por su opacidad y su falta de resultados, en el desarrollo social que pregonaban en el nuevo amanecer.