Tremenda bronca enfrenta el partido Morena en el estado de Chihuahua, por las 45 irregularidades detectadas por las autoridades electorales en el gasto de la campañas del año pasado para gobernador, para las alcaldías, las diputaciones y la sindicatura, que alcanzan nada menos y nada más que los 26 millones 213 mil 614 pesos en multas.
De acuerdo con el oficio de notificación del Instituto Estatal Electoral, con fecha del 19 de enero de este año, las dos resoluciones de fiscalización del consejo general del Instituto Nacional Electoral, INE/CG290/20211 e INE/CG1334/20212, quedaron en firme y son jurídicamente exigibles al transcurrir los 30 días, sin que se impugnara una sola de las observaciones, gracias a los despistados abogados del instituto político.
En uno de los resolutivos, la autoridad electoral le advierte a Morena que, de incumplir con el pago de las sanciones, se procederá a descontarlo del financiamiento ordinario mensual que recibe, hasta que quede saldada la cuenta. O sea, que ahora sí van a tener que practicar la austeridad republicana. ¿Será?
Las irregularidades que fundaron la millonaria sanción tienen su origen, principalmente, en los ingresos y gastos de la campaña para gobernador que realizó el entonces candidato Juan Carlos Loera de la Rosa, que en varias ocasiones fue señalado por los contendientes de los otros partidos por rebasar los topes oficiales.
Ante esta crítica situación que pone entre la espada y la pared al partido de la 4T en la entidad, el dirigente estatal, Martín Chaparro, para pronto se lavó las manos ayer, y dijo que esto es consecuencia, en gran parte, de la omisión de informes puntuales de la campaña del candidato a la gubernatura. Tómala.
La papa está tan caliente para Chaparro que, sin pensarlo dos veces, le echó la bronca a Juan Carlos y a los abogados que tuvieron la representación legal del candidato ante los órganos electorales, uno de ellos de la Ciudad de México y la otra, la exdirigente del PRI municipal en Ciudad Juárez, Mayra Chávez. Tómala otra vez.
Dijo el líder estatal que, desde marzo del 2021, advirtieron mediante oficio al comité ejecutivo nacional de tales irregularidades, cometidas por el entonces candidato a gobernador desde la precampaña, refiriéndose, en este caso, sin decirlo abiertamente, al derroche en decenas de carteleras espectaculares en todo el estado, donde supuestamente se publicitaba su libro, cuando en realidad se trataba de una faramalla para posicionarlo por encima del precandidato que en ese entonces encabezaba todas las encuestas, Cruz Pérez Cuéllar.
“En el oficio que le enviamos al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, explicó Chaparro en su deslinde, señalamos que la actividad del gasto del coordinador estatal por la defensa de la 4T en Chihuahua, había generado inquietud en la autoridad electoral, de la cual, el Comité Ejecutivo estatal no ha sido partícipe”.
Afirmó también Chaparro que, tradicionalmente, los partidos políticos dejan a los candidatos la asignación de los representantes ante los órganos electorales, como también ocurrió en el pasado proceso. O sea que, en otras palabras, admite que lo dejaron fuera de la jugada en toda la organización y logística de la campaña estatal.
Termina refiriéndose a las designaciones de los representantes legales que Juan Carlos Loera hizo en un abogado de la Ciudad de México y en Mayra Chávez, de quien no da su nombre, pero la describe como exdirigente del Comité Municipal del PRI en Juárez.
En ellos recayó la responsabilidad de informar, aclarar, y en su momento impugnar las observaciones de las autoridades electorales, lo cual no hicieron, según lo hace constar Chaparro, basado en la propia notificación del IEE.
Ahora deben más de 26 millones de pesos, cantidad que hasta para el partido en el poder federal resulta aparatosa, y que, como bien advirtió Martín en su oficio del 22 de marzo del año pasado, les causarán no solamente una afectación político-económica, sino también electoral, por los procesos que se avecinan.
Nomás falta que el delegado de Bienestar salga a decir que no lo sabía y acuse a su dirigente estatal de guerra sucia, cuando están debidamente documentadas 45 anomalías en campaña, de las que ya no hay saque.
Veremos en estos días como se pone la grilla en las filas morenistas del estado, que hasta ahora han estado muy quietecitas.
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Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, acordaron ayer solicitar al director de Pensiones Civiles, una reunión para avanzar en la iniciativa mediante la cual se propone ampliar las licencias de maternidad en dicha institución, así como las reformas para igualdad de género y derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado.
La iniciativa de ley, que pretende que las empleadas estatales tengan derecho a afiliar al servicio médico de Pensiones a sus esposos –garantía que actualmente se otorga únicamente a los varones– fue subida a tribuna en septiembre del año pasado por la diputada morenista María Antonieta Pérez, y, al parecer, va por buen camino para hacerle justicia a cientos de empleadas estatales y terminar con una ley que es obsoleta y a todas luces discriminatoria.
En la reunión de ayer, vía digital, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Deyanira Ozaeta, propuso la sesión con el titular de Pensiones, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, para la primera semana de febrero, para abordar también los temas de igualdad sustantiva para personas con discapacidad, y en materia de igualdad de derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado.
Los integrantes de la comisión mencionada hablaron en su encuentro virtual de expedir la ley de fomento al empleo y del seguro de desempleo para la entidad, que actualmente no existe, y para ello realizarán una mesa técnica con las secretarias de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, para discutir los presupuestos que se requieren.
Son, todas estas, buenas propuestas e iniciativas que, en tiempos de pandemia, mucho ayudarán a la economía de cientos de familias que se han quedado cesantes por la crisis en los negocios y la inflación galopante que estamos padeciendo.