El nombramiento de Andrea Chávez como coordinadora municipal de Juárez tumbó en cinco minutos todo el discurso de democracia interna, pueblo sabio, principios y estatutos de Morena.

Ahí está el punto central de la crítica que se desató frente a la designación exprés, no únicamente al exterior, sino también al interior de Morena.

No hubo convocatoria ni registro. Tampoco encuesta a nivel municipal en un proceso independiente del estatal. El domingo en la noche le entregaron el nombramiento en la sede nacional, como en los viejos tiempos del PRI que tanto dicen repudiar.

Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena, aseguró que “la convocatoria nos permite estas decisiones”.

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Por eso Tatiana Clouthier, que no es cualquier resentida, puso los puntos sobre las íes cuando declaró que “el método se puede violentar cuando el método requiere ser violentado”.

Si lo hace Nuevo León con Clara Luz Flores y lo hace Juárez con Andrea, ¿entonces para qué sirven las convocatorias?

Martín Chaparro, expresidente de Morena en Chihuahua, lo dijo sin rodeos: falta de pulcritud, simulación y dedazo. “Morena tiene reglas claras… nombrar a una coordinadora antes de la convocatoria es, ni más ni menos, el viejo y conocido dedazo”. Fue bastante duro cuando remató su posicionamiento: “repiten las mañas del PRIAN mientras se llenan la boca de democracia participativa”.

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Tiene toda la boca llena de razón el exdirigente. Si Andrea ganaba la encuesta municipal —que seguramente la ganaba—, ¿por qué no hacerla? Quizás porque el fondo no es Andrea. Es el cálculo. Perdió la coordinación estatal frente a Cruz y, para que no hiciera más ruido con su silencio o con algún plan alterno, le dieron Juárez como premio de consolación.

Operación cicatriz en términos suaves; operación dedazo de manera más cruda.

¿Y en qué lugar quedó Morena? Muy mal parado. Si sus principios son “no mentir, no robar, no traicionar”, parece que aquí mintieron con el método, robaron el procedimiento y traicionaron a la militancia que sí creyó en los registros.

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Luego de la definición morenista con Andrea Chávez en Juárez, volteó Mirone a ver lo que está pasando en otros terrenos partidistas.

Si hablamos del PRI, tenemos a cuatro prospectos que hasta hoy han levantado la mano por la alcaldía juarense.

Al menos se registraron en la convocatoria del PRI para elegir “Defensores de Chihuahua” y se activaron desde entonces en reuniones y tareas partidistas para ver qué tan oxidada o arrumbada está la otrora poderosa maquinaria territorial que hizo del tricolor un partido hegemónico durante 70 años.

En la lista están el presidente local del PRI y exregidor, Alberto Reyes Rojas; el exdirigente estatal y exlegislador, Ignacio “Nacho” Duarte; el ex de todos los cargos posibles, José Luis “El Cura” Canales; y el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jorge Bermúdez Espinoza.

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Lo que supo Mirone es que quien se perfila como carta fuerte del PRI, tanto si van solos como si le entran a negociaciones para una alianza o coalición con el PAN, es el hijo de Jaime Bermúdez Cuarón, el finado exalcalde juarense.

Han cruzado información entre los cuatro aspirantes y parece que hay consenso en apoyar a Bermúdez, considerando todo el peso del apellido, su perfil empresarial y sus capacidades organizativas. Trae el constructor con qué articular una campaña y, por lo visto, podría concitar más apoyos adentro y fuera del PRI.

Claro que en el tricolor saben que primero tendrá que venir la definición respecto al tipo de alianza con el PAN, pero ya avanzaron, al menos a nivel local, para tener la opción del empresario a la mano por lo que se pueda ofrecer.

Del PAN ya hemos hablado del escenario en el que aparecen Raúl García Ruiz, Austria Galindo, Isela Molina y Daniela Álvarez, pero en los demás partidos todavía no dan color.

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De lo que también se enteró Mirone es de que nada cuajó para el expresidente de Canacintra y fundador del Bloque Empresarial Fronterizo, Thor Salayandía.

El empresario, que primero tuvo acercamientos con el PAN, pero luego fue buscado por el PRI, por Movimiento Ciudadano y por el nuevo instituto político Somos, no concretó proyecto alguno. O, mejor dicho, los partidos no pudieron ofrecerle algo articulado.

Por lo visto, deberá esperar a mejores tiempos, posiblemente para el 2030.

Quien está más que puesto para entrarle a trabajar una candidatura por Juárez es el exmagistrado Filiberto “Fili” Terrazas, pero todavía no se concreta bajo qué siglas o plataforma política.

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Ni juntos ni revueltos. El abogado César Gutiérrez Priego, representante legal del empresario José Pedro López Elías, señalado por la Fiscalía Anticorrupción de participar en un entramado para desviar 98.6 millones de pesos, arremetió contra el exgobernador Javier Corral Jurado por querer “colgarse” de la defensa que hace de su representado.

El abogado, conocido por sus constantes apariciones en canales de YouTube y noticieros de radio de la Ciudad de México, estuvo en Chihuahua para realizar una especie de “viacrucis” que incluyó la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado y hasta el Congreso local.

¿El objeto? Presentar recursos de queja contra la actuación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua por actos que considera intimidatorios contra su defendido y, además, por continuar llevando la causa penal pese a que un juez de distrito ya determinó que el caso es competencia federal.

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Entre sus soliloquios transmitidos en redes sociales mientras recorría oficinas del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Congreso de Chihuahua, el abogado reiteró una y otra vez que no tiene nada que ver con Javier Corral.

¿A qué venía la “aclaración”? A que el exgobernador es acusado, junto con Arturo F.V., quien fuera secretario de Hacienda durante su administración, de haber gastado 98.6 millones de pesos en una asesoría pagada a la firma de López Elías para reestructurar la deuda pública de Chihuahua.

Sin embargo, aclaró una y otra vez, Corral es harina de su propio costal y allá su defensa que se encargue. Nada cordial en sus referencias hacia el exmandatario, el abogado mencionó —con un tono que sonó a reclamo— que, mientras su cliente sufre la persecución de la Fiscalía Anticorrupción, el exgobernador disfruta de la protección del fuero constitucional.

Además de alegar la inocencia de López Elías y de expresar sus quejas contra la Fiscalía, Gutiérrez Priego insistió en que su cliente simplemente hizo lo que correspondía a cualquier empresa que participa en una licitación pública.

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La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sostiene que López Elías, a través de López Elías Finanzas Públicas, S.C., recibió el pago de 98.6 millones de pesos pese a que no habría realizado los servicios para los que fue contratado.

Gutiérrez Priego sostiene exactamente lo contrario: que el despacho sí realizó los trabajos contratados y que existen documentos que acreditan las gestiones efectuadas. El gran “delito” que cometió, según su defensa, fue responder a una licitación pública, obtener el contrato y entregar el producto solicitado.

Pero —y esto lo enfatiza— ni siquiera conoce a Corral, menos aún tuvo tratos con él.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió en 2026 un conflicto competencial y determinó que el asunto debía ser conocido por un juez federal, precisamente por la naturaleza de los recursos involucrados.

Ese fallo fue, justamente, lo que hizo que Corral lanzara vivas y puñados de confeti al aire. Pero no. El triunfo —insiste Mirone, parcial— no fue de él. Para ser exactos, quien lo consiguió no quiere ni verlo, menos aún defenderlo.

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Y mientras la entrada de cuatro agentes extranjeros a las oficinas de la FGE mantiene viva una crisis político-judicial que confronta a los gobiernos de Chihuahua y del país, y en Querétaro se desata un escándalo por los tratos del gobierno de esa entidad con el embajador estadounidense sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería), en Chihuahua, 139 miembros del Ejército de los Estados Unidos entraron y salieron del país, y ni quién los volteara a ver.

“Ni quién los volteara” es un decir, porque entraron con permiso del Senado de la República, a solicitud del Poder Ejecutivo —sí, el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— y con un acuerdo previo entre los Gobiernos de ambos países. Pero ningún actor político hizo siquiera mención del caso. Llegaron el domingo 20 y se fueron el miércoles 30 de septiembre. Así de simple.

Fueron diez días de trabajo durante los cuales miembros de la 101 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos estuvieron en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Gertrudis, Chihuahua, propiedad del Ejército Mexicano, y nadie se enojó por eso.

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Los efectivos de ambos ejércitos realizaron acciones como la captura de aeródromos o la toma de una población ocupada por fuerzas adversas al Estado. Y en Chihuahua, al igual que en el resto del país, ni quién dijera “esta boca es mía”.

También practicaron ejercicios de infiltración y establecimiento de un puesto de mando; destrucción de posiciones de francotiradores y de una base de fuego de morteros, así como captura de un aeródromo.

Además, realizaron un asalto aéreo y la destrucción de puntos de abastecimiento de combustible, así como la captura y extracción de un objetivo con empleo de fuego real.

Todo lo anterior, según consta en el oficio 112.CjEF.CACBt, que envió la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal al Senado de la República.

Ahí sí se puede decir aquello de “sin novedad en el frente”, porque no la hubo, al menos de manera real; pero sí se preparó a 160 militares mexicanos para acciones de combate.

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El ejercicio se deriva de la cooperación militar entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de los Estados Unidos de América, según el documento enviado por el Ejecutivo y aprobado por unanimidad por el Senado, sin oradores en contra.

En general, los documentos oficiales que envió el Ejecutivo al Senado para solicitar la autorización de ingreso de los 139 soldados estadounidenses no detallan específicamente cuál es el objetivo de la preparación: si el combate al crimen organizado o algún otro tipo de enemigo común.

Lo que ya quedó claro es que Santa Gertrudis, ese centro de adiestramiento ubicado en el corazón del estado de Chihuahua, ya es el punto de encuentro entre los ejércitos de dos naciones profundamente celosas de su seguridad y de su soberanía nacional.