Tan grande le quedó el paquete de la administración, conservación y mantenimiento del Parque Central al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Sergio Acosta Liceaga, que ya están buscando descentralizar su manejo antes de que le pase lo que a El Chamizal, que por el abandono en que lo tienen se está convirtiendo en un bosque deforestado.

Mirone ha sido puntual al señalar el descuido que existe en las dos áreas del icónico Parque Central, donde, por ejemplo, han estado regando los árboles y áreas verdes con pipas, porque carecen de personal para el manejo y programación del sistema de riego automatizado, que costó muchos millones de pesos y está sin funcionar.

La limpieza del lago, que se realizaba con bacterias en la Administración pasada, ahora tampoco se hace, porque el personal especializado fue despedido. Esa incapacidad manifiesta del subsecretario Acosta para mantener el parque en óptimas condiciones ha obligado a los jefes de la capital a gestionar su descentralización, con un organismo que sí tenga la capacidad y talento para mantenerlo vivo, limpio y con actividades para el público que lo visita.

Actualmente, un amplio espacio del parque poniente está ocupado con basura y material viejo que fue retirado, como malla ciclónica, postes de alumbrado, tubería, cables, herramientas y toda clase de equipo en desuso que está a la intemperie, robándole un pedazo importante que debe ser utilizado para el fin que fue construido el pulmón verde.

Los juarenses tendrán que estar muy atentos del proceso de descentralización, no vaya a ser que se entregue a mercaderes que lo conviertan en un enorme tianguis, todo con el pretexto de obtener recursos para su mantenimiento.

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Los altos índices de violencia intrafamiliar, principalmente contra la mujer, que se registran en Juárez según datos del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, deben obligar a las autoridades a cambiar los mecanismos de prevención y protección de las víctimas.

Son muchos los discursos y las buenas intenciones que se expresan para atender el problema, pero en los hechos demuestran que no se contendrá, mientras existan lagunas en la ley que le den impunidad a los responsables.

Decenas de denuncias de violencia que sufren las mujeres en sus hogares, a manos de sus parejas, llegan todos los días a las delegaciones policiacas y a la Fiscalía de la mujer, pero se quedan en el limbo, por la insensibilidad de los responsables de atenderlas y darles seguimiento.

Muchos son los pretextos que ponen, pero pocas las soluciones y, por lo mismo, muchos casos escalan a niveles de tragedia, como el más reciente, que protagonizaron dos agentes del orden que vivían en pareja y que terminaron en pleito a fuego cruzado, donde ambos murieron al igual que su pequeño hijo de siete meses de edad.

Del conflicto familiar ya había antecedentes, como en cientos de casos donde el hombre es reincidente, porque nadie lo llama a cuentas y mucho menos lo castiga.

Por lo mismo, es importante y oportuna la iniciativa que la diputada Diana Pereda presentó en el Congreso del Estado con carácter de decreto, para convertir la Red de Fortalecimiento Familiar en un órgano consultivo y de vinculación, con facultades para trabajar con las Organizaciones de la Sociedad Civil en programas efectivos de prevención y atención de la violencia familiar.

Dicha red fue creada en el 2018 pero carecía de sustento legal, por lo que solo se limitaba a dar recomendaciones y recetas de buena conducta que no impactaban en el origen del problema.

Desde su creación ha funcionado con limitaciones, como un simple mecanismo interinstitucional y de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil, dependencias gubernamentales, academia y el sector privado, sin mayor trascendencia.

Con la reforma propuesta por la legisladora Diana Pereda, la red tendrá una base legal para poder intervenir y hasta pedir informes a las autoridades encargadas de perseguir el delito, sobre todo cuando está en peligro la vida de una mujer y de sus hijos.

Debemos darle el beneficio de la duda a esta iniciativa, que viene a sumarse a la que en días pasados se presentó para castigar a los funcionarios que no atiendan las denuncias de violencia contra la mujer y no dicten medidas cautelares para su protección.

Si después de todo esto nada funciona y siguen los casos de violencia al alza, habrá que recomendarles que todos los maridos o novios golpeadores sean exhibidos en galerías públicas, que además los manden a terapias de grupo y a realizar trabajos comunitarios, como en un tiempo lo hicieron en El Paso con guiadores borrachos, que además de pagar una multa y varios días en chirona, no volvían a reincidir.

Claro está que los casos a los que nos referimos no se trata de guiadores, pero sí de muchos maridos ebrios que en los brazos del dios Baco se convierten en peligrosos energúmenos cuando llegan a sus casas sin el chivo de la semana.

No faltarán los defensores de los derechos humanos y de la fraternidad del macho calado, que gritarán a los cuatro vientos que las recomendaciones de Mirone son violatorias de las garantías individuales, ¿pero acaso las golpizas, violencia verbal y económica que ejercen contra las mujeres no atentan hasta contra la vida de ellas?

Si pegan de gritos, entonces se les podrá responder con la célebre frase del filósofo de Rubio, “a puñaladas iguales, llorar es de cobardes”.