Cuando no le llueve a Juárez, le llovizna, pero vaya que aquí se concentran todos los males y las novedades de la actividad criminal, como la que se reveló después del ataque armado a la Notaría Pública #9, donde además se dejó en cartulina el típico narcomensaje amenazante.

El propio fiscal Zona Norte, Carlos Manuel Salas habló de lo que está pasando en este municipio, igual que en algunas otras partes del país, como Torreón, Coahuila o Gómez Palacio, Durango, donde los malandros de distintas células criminales se están haciendo de propiedades a la mala: las toman y luego realizan operaciones que generalmente implican falsificaciones de documentos – incluso credenciales del INE– que pasan por los avales de las notarías públicas, donde se dan por buenos.

Es toda una red dedicada al despojo de inmuebles mediante la suplantación de identidad y documentos falsos para hacerse pasar por los legítimos propietarios. Se apoderan por igual, de viviendas, terrenos o ranchos, con todo el uso de su fuerza criminal.

En las notarías, con los documentos falsos obtienen poderes notariales que posteriormente utilizan para vender, transferir o escriturar los inmuebles sin conocimiento de sus verdaderos dueños.

Otras veces simplemente amagan a los propietarios, los obligan a acudir a las notarías para firmar la venta al precio que a los malandros les viene en gana.

También suelen validar en las notarías las compra-ventas no consentidas o consensuadas. A final de cuentas se las arreglan, como sea, para los despojos, pero siempre intentan “lavar” las operaciones con los notarios públicos.

Sin dar detalles, fueron reveladoras algunas palabras finales del fiscal Salas, cuando explicó lo ocurrido: “Nosotros estamos protegiendo a los notarios públicos, la mayoría, casi todos, son gente honorable, pero bueno, hay que a lo mejor se mete por conveniencia o a lo mejor por amenazas, pero sí es algo que nos preocupa y estamos muy atentos”.

Como son muy comunicadores en el gremio de los abogados, rápido le llegó a Mirone el reporte sobre el titular de la Notaría #9, el veterano, Manuel del Villar, quien tiene una peculiar fama pública relacionada a múltiples acusaciones de que le gusta entrarle a las falsificaciones y al fraude procesal.

Desde los sótanos policiacos, igualmente llegó el reporte de que el año pasado sufrió el notario un levantón del que pudo salir librado luego de pagar nada menos que cuatro millones de pesos de “rescate”, el equivalente a una cifra con la que presumiblemente habría intentado “bañarse” después de un trabajo relacionado con los malandros.

Quién sabe si por todo eso habló Salas de un mensaje “perturbador”, pero ahí quedó el escrito afuera de la notaría, junto a la escalofriante cabeza de cerdo, como la que suelen colocar los cárteles cuando están en pleito o alguien juega con uno de los bandos.

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Ya que andamos entrados en el tema de los notarios, le llegó a Mirone el reporte sobre el desenlace del concurso para ocupar las vacantes en algunas notarías de Ciudad Juárez.

El último movimiento fue en la Notaría Pública #13, la que se quedó vacante por el fallecimiento de Humberto Guerrero Bernal.

Salió humo blanco el pasado 29 de junio. El afortunado fue un abogado de la ciudad de Chihuahua, Fernando Rodríguez, quien alcanzó la calificación aprobatoria de 8.1, respaldado, según le contaron a Mirone, por el padrinazgo del exgobernador Fernando Baeza Meléndez.

Dejó Rodríguez en el camino a María Teresa Mora y a Karla Garza, a quienes los sinodales les pusieron más peros en el examen y les dieron calificación reprobatoria de 7.4, a ambas.

Karla llegó a la convocatoria y al examen con la recomendación del también exgobernador deliciense José Reyes Baeza Terrazas, pero, por lo visto, pudo más la influencia en este caso, del tío, el otro exgobernador.

Las notarías que siguen vacantes porque los aspirantes reprobaron los respectivos exámenes, son la #2 y la #8. La primera vacante desde la muerte de Tomás Herrera y la segunda desde la renuncia-jubilación de Jesús Alfredo Delgado.

En esos exámenes le fue tan mal al exjefe del Registro Público de la Propiedad, Alejandro “El Pira” Martínez, que para el tercer examen, el de la Notaría #13, ya mejor desistió. Sacó las más bajas calificaciones entre los aspirantes. Y eso que llevaba recomendación “de más arriba”, para hacerse de una de las patentes.

La que perdió en los tres intentos, fue María Teresa Mora, mientras que Karla Garza buscó y reprobó en dos.

Las vacantes deberán llenarse, así que las convocatorias tendrán que repetirse, seguramente ya sin los nombres de las y los aspirantes que quedaron muy chamuscados por reprobar varias veces el examen.

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“Denunciantes anónimos”, le mandaron a Mirone un escrito sobre un tema que consideran una irregularidad y han estado señalando desde el año pasado ante distintas autoridades.

Tienen en la mira a una funcionaria pública del Poder Judicial: Teresa Valenzuela Canales, a quien ubican como secretaria proyectista de primera instancia del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Morelos.

La señalan porque al menos en dos procesos electorales tuvo doble cachucha y fungió simultáneamente como secretaria proyectista del Tribunal Superior de Justicia y como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral en el Distrito 08 de la capital. Uno de los procesos fue el de elección extraordinario de personas juzgadoras en el 2024-2025.

Los denunciantes señalan que la funcionaria ha incurrido en ejercicio indebido del servicio público y ya presentaron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, además de que promovieron la radicación de la queja la administrativa EPRA 261/2025 ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Lo que argumentan es que la legislación orgánica del Poder Judicial local, inhabilita expresamente a los servidores públicos judiciales para ejercer la profesión de la abogacía fuera de la actividad jurisdiccional desempeñada dentro del Tribunal Superior de Justicia y cualquier otra actividad laboral que no sea la docencia.

La prohibición para desempeñar otro cargo, empleo o comisión retribuida, aplica incluso para quienes hayan solicitado licencia, como dicen que ocurrió con la funcionaria.

En pocas palabras, consideran que Valenzuela no estaba habilitada en ningún momento para haber desempeñado el otro cargo como funcionaria electoral, en el cual recibió una remuneración.

Así que creen que en el caso hubo ejercicio ilegal de servicio público, al ejercer un empleo, cargo o comisión encontrándose inhabilitada.

En la denuncia se anexó la información relativa a las licencias laborales tomadas por Teresa Valenzuela Canales durante su encargo como secretaria del Tribunal de Ejecución de penas con funciones de sistema Tradicional de los Distritos Judiciales Morelos y Manuel Ojinaga; para efectos de conocer y comparar el periodo comprendido en el cual desempeñó cargo, empleo o comisión en el Instituto Nacional Electoral.

Valenzuela Canales fungió en el cargo de consejera electoral en el Consejo Distrital 08, Chihuahua, al menos, en dos ocasiones. La primera en el 2022, la segunda en el pasado proceso electoral extraordinario para elegir a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Seguirá pendiente Mirone del caso. A ver qué dice la persona denunciada y también qué hacen la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y el Tribunal de Disciplina Judicial a través de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la famosa y temida UIRA.

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Por lo que se ve, el priismo de Juárez anda con muchas ganas de moverle a la política local, con todo y que la marca ha ido en picada si hablamos de fuerza electoral.

Recientemente hubo muy buena respuesta con los más de 40 juarenses que levantaron la mano para ser considerados a cargos de elección popular dentro de la estrategia nacional de “Defensores de México”.

Pues también se notó la buena operación política en Juárez el fin de semana, cuando se tomó protesta en esta frontera a las nuevas dirigencias, tanto del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri) como del Instituto Reyes Heroles (IRH).

Hay efervescencia y todavía bastantes cuadros de hueso tricolor. Ahí estuvieron en el galerón de la Lerdo y Galeana, quienes forman esa estructura y quienes los acompañaron en el evento que encabezaron el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez y el dirigente local, Alberto Reyes Rojas.

También dijeron presente la secretaria general del Comité Directivo Municipal, Mirza Panes Favela, además de dirigentes de otros sectores y organizaciones a nivel estatal.

Por el lado del Onmpri, la presidencia recayó en Luisa del Carmen Hernández Navarrete, mientras que la Secretaría General fue para Claudia Angélica Hernández Navarrete.

Además, la Secretaría de Organización quedó en manos de Dora Lizeth Soto Nieto; la Secretaría de Operación Política para Patrona Solís Fuentes; la Coordinadora de Mujeres Jóvenes para Roxana Jaylin Rocha Juárez y la Coordinación de Comunicación para Karla Melissa Navarrete.

Si hablamos del Instituto Reyes Heroles (IRH) rindió protesta como presidente Diego López Martínez, acompañado por Marcela Arenívar Velázquez como secretaria general.

También se designó a Christopher Daniel Saldaña Méndez en la Secretaría de Finanzas; a Arnoldo González Gómez como subsecretario de Organización y Abel Neftalí Patiño Martínez al frente de la Secretaría de Vinculación con Instituciones Educativas.

Ahora sí que el edificio del PRI en el Centro Histórico de Juárez, ya no se ve tan fantasmal.