En clara alusión al apoyo que les dio la gobernadora Maru Campos al grupo de empresarios empeñados en construir el centro de convenciones en El Chamizal, el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa consideró ayer que los servidores públicos no deberían tomar partido.

Si como dijo el alcalde, la controversia se decidirá en la Ciudad de México, en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), es de esperar que se niegue la autorización para la obra en el parque público, porque esa ha sido la postura del Gobierno federal desde que los defensores de El Chamizal comenzaron a oponerse.

Sin embargo, a estas alturas, Maru ya debe estar moviendo también sus piezas en la Secretaría de Gobernación federal, donde tiene vara alta con Adán Augusto López Hernández, con quien ha destrabado asuntos críticos como el conflicto del agua.

No resulta lógico que la gobernadora se haya echado el compromiso de destrabar la autorización del centro de convenciones por simple ocurrencia y para quedar bien con los empresarios involucrados o pagar favores recibidos.

Además del costo político que esto implica, porque choca con la opinión del presidente de la República y de la secretaria de la Semarnat, Maru tendrá que enfrentar la reacción de los grupos ambientalistas que defienden el parque.

Por lo pronto, varios activistas ayer colgaron una piñata con la figura de Maru Campos y le dieron de palos hasta romperla, esto en terrenos donde está planeada la edificación del centro de convenciones.

“Maruca”, “rata de dos patas”, “respeto para Juárez”, son algunas de las consignas que lanzaron en el piñatazo que subieron a las redes sociales para expresar su molestia.

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¿Por qué será que cuando hay atentados de alto impacto en la ciudad, la Policía Estatal guarda absoluto silencio y ni una línea dedican en sus foros de prensa para informar sobre el trabajo que realizan sus elementos?

¿No acuden a las escenas de los crímenes porque son hechos consumados y ellos son únicamente preventivos, o de plano no se dan por enterados y evitan involucrarse en eventos “calientes”?

Mirone hace el cuestionamiento porque todos sus comunicados se refieren a decomiso de autos robados o captura de “grameros”, en posesión de ridículas cantidades de drogas.

En ninguna de las masacres que se han registrado en la ciudad, ni en los crímenes que se cometen a plena luz del día en transitadas avenidas, como el del viernes pasado en una tienda de pinturas de la Gómez Morín, las “fuerzas estatales” han informado, cuando menos, que hicieron acto de presencia o persiguieron a los asesinos.

Si ya sabemos que ninguno de los crímenes es predecible, pero se pueden inhibir hasta cierto punto con la presencia policiaca, es tiempo de preguntar dónde se encontraban patrullando esas fuerzas estatales cuando ocurrieron los ataques.

La misma opacidad con la información de su operación, han tenido desde que llegaron a la ciudad las tropas de la Guardia Nacional. Nadie sabe, nadie supo, donde andan los federales cuando los sicarios accionan sus armas.

Al igual que el de los estatales, el trabajo de las “fuerzas federales” es invisible, porque como simples turistas se dedican a pasear por las calles de Juárez, pero por las que no son peligrosas, eso sí, nada de andar por las colonias de la periferia que ni conocen y donde pueden ser fácilmente emboscados.

No pueden decir que combaten el narco menudeo y mucho menos el narco mayoreo, porque la droga sigue circulando y cruzando la frontera, donde curiosamente sí los detectan y los detienen.

Dos veces por semana, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está informando de los decomisos de metanfetaminas, cocaína, heroína, marihuana y fentanilo que realizan en los puentes internacionales.

En todos los casos, los detenidos compraron las drogas en Juárez y en talleres de la frontera mexicana adaptaron sus vehículos, con compartimiento secretos para esconderla.

La semana pasada se interceptaron 50 kilogramos de marihuana, 30 de metanfetamina y cientos de pastillas de éxtasis en los tres puentes internacionales: Paso del Norte, Américas e Isleta, mientras que en Juárez siguen decomisando cigarritos de guarumo y gramitos de cristal.

En resumen, debemos concluir que, tanto estatales como federales, no dan el ancho ni en la prevención y mucho menos en la operación contra los delincuentes y seguirán dejando la carga del trabajo de vigilancia a la policía municipal, que tiene que atorar todas broncas, con todas las carencias de personal y unidades que actualmente padecen.

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Pero si en materia de prevención andamos por la calle de la amargura, en investigación y persecución del delito nuestras respetables autoridades no dan una.

Ahora que salieron con la vacilada de la Unidad de Justicia Digital para digitalizar los servicios de la Fiscalía General del Estado y recibir denuncias “online”, muchos se preguntan si la tecnología que se implementará servirá para procurar justicia o para realizar servicios de espionaje.

Una cosa es que se aplique toda la tecnología para atender delitos que se cometen en el ciberespacio, como supuestamente lo está haciendo la Policía Cibernética, y otra cosa es que se pretenda implementar un esquema de investigación y persecución de todo tipo de delincuentes, como si en una pantalla pudieran tener las respuestas para resolver homicidios, extorsiones, secuestros, violaciones, asaltos y toda la enorme lista que tipifica el Código Penal del Estado.

Si cuando la ciudadanía presenta su denuncia en vivo y a todo color, no hay respuesta, imagínese usted respetable lector, lo que pasará cuando se haga en línea.

Sin duda alguna, con la Fiscalía Virtual tendrán más excusas para evadir su responsabilidad en las investigaciones: que se cayó el sistema, que un virus borró la información, que los hackearon, que tienen la red bloqueada, en fin, el nuevo esquema es ideal para que sigan evadiendo su responsabilidad de castigar a todos los malandros como la ley manda.