“De lo que sí estoy seguro, es de que los jueces me van a dar la razón”, dijo el ingeniero Javier Garfio, exalcalde de la ciudad de Chihuahua, después de la conferencia de prensa que ayer ofreció para anunciar las demandas legales que presentará contra el ex gobernador Javier Corral, contra sus jueces, ministerios públicos y agentes de la policía ministerial, que lo pusieron preso, acusado de peculado en los tenebrosos y desacreditados Expedientes X.

Con su decisión de llevar su caso ante los tribunales, ahora como víctima del exgobernador Corral y su pandilla, que lo apresaron en el penal de San Guillermo el 27 de marzo del 2017, Garfio se suma a los nombres del ex Contralor Jesús Esparza; del ex secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín; del ex funcionario de Tesorería del Estado, Antonio Tarín; y del ex dirigente del SNTE en el estado, Alejandro Villarreal, quienes también han enderezado denuncias penales.

En la primera conferencia de prensa que ofreció después de haber obtenido su libertad, Garfio habló fuerte y acuso a Javier Corral de haberlo utilizado como cortina de humo para tratar de apagar el ruido estruendoso que le generó al anterior gobierno estatal el asesinato de Miroslava Breach.

El asesinato aún impune de la periodista, ocurrió el 23 de marzo del 2017 y la detención de Javier Garfio y de Gerardo Villegas, este último director de Hacienda en el sexenio de César Duarte, ocurrieron 4 días después.

A las denuncias que formularán los exfuncionarios estatales, se le sumarán las que el gobierno actual ya tiene armadas por varios delitos contra el político binacional, que dejó las finanzas del estado en crisis y las calles de Juárez en condición de desastre.

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Mientras la violencia arrecia en el sur del estado y los descarados sicarios se pasean impunemente en caravana por las calles de aquellos municipios, la policía estatal prefiere colocar sellos de clausura en eventos sancionados por la Dirección de Gobernación, porque con eso no se ponen en peligro ni hacen enojar a los malandrines que han impuesto su ley del terror, desde Jiménez hasta Guadalupe y Calvo.

La masacre del fin de semana en las cercanías de Guadalupe y Calvo, donde mataron a dos mujeres y al esposo de una de ellas, dejando mal heridos a dos niños, puso punto final a las porras y confeti que se estaban echando en la Fiscalía de Distrito Zona Sur, después de las detenciones de los sicarios integrantes de la peligrosa familia Salgueiro.

Un día después del último evento sangriento, que tiene a dos niños huérfanos luchando por su vida, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se acalambraron con el crimen de alto impacto y se apresuraron a simular trabajo ante la opinión pública.

La SSPE presumió en su grupo de WhatsApp que sus elementos anduvieron muy activos el fin de semana clausurando el Palenque Santa Teresa, ubicado en Jiménez; el carril de carreras parejeras Maturana, localizado en Parral y el gimnasio municipal de San Francisco del Oro, donde realizaban peleas de gallos y había venta de bebidas alcohólicas sin permiso oficial.

Los policías acompañaron a los inspectores de gobernación en las clausuras de los negocios, pero ni de chiste se acercaron a Guadalupe y Calvo. Ni que fueran tontos.

Tampoco fueron a Valle de Allende, donde los habitantes reportaron la presencia de individuos del crimen organizado a bordo de una docena de camionetas todo terreno, que desfilaron desafiantes, mostrando armas de alto poder, por las principales calles de la ciudad.

Este hecho recuerda al convoy de más de 12 camionetas, filmado el 15 de marzo de 2010 a las 5:30 de la mañana, cuando este entró a Creel, donde los sicarios bloquearon las carreteras, se drogaron y rafaguearon varias fincas.

Ese video fue grabado por las cámaras del Centro de Mando de la entonces Procuraduría General del Estado, a cargo de la tristemente célebre Patricia González. Uno más reciente fue grabado por los mismos criminales, fuertemente armados, cuando estacionaron las camionetas en el acotamiento de la carretera, en el entronque a Guachochi.

Ahora, los mandos salen con que otra vez van a reevaluar la situación que se vive en la región, cuando lo que deben hacer es tener presencia en todos estos puntos donde los asesinos se pasean impunemente y matan gente sin piedad.

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Por andar presumiendo de inventar el hilo negro, la diputada federal juarense Andrea Chávez Treviño, fue ridiculizada en las redes sociales por usuarios de Twitter y WhatsApp.

La joven legisladora anunció en su cuenta de Twitter que presentará una iniciativa para tipificar correctamente el delito de reclutamiento de menores para cometer ilícitos.

En la misma red le contestaron que esa ley ya existe en el Código Penal de Chihuahua, pero lo que hace falta es que se apliquen las leyes actuales como es debido.

Uno de los usuarios que le respondieron, identificado como Bruno Isaac le dijo: “Los legisladores de pacotilla tratan de ganar notoriedad con legislaciones que desconocen. Hay otros artículos como tráfico de menores ya tipificados”.

En el mismo hilo de la conversación twittera la diputada plurinominal de Morena escribió al anunciar su iniciativa: “No quiero volver a escuchar jamás cuando llegue a una escuela de Ciudad Juárez, a niños o niñas que “sueñan” con ser sicarios o halcones”.

Lo más sano que puede hacer Andrea es informarse correctamente y escuchar las estaciones de radio que promueven la cultura del narco, programando música del llamado movimiento alterado, que surgió en Culiacán, Sinaloa y que rinde culto a la forma de vida y acciones violentas del crimen organizado.

Es obvio que la bisoña diputada desconoce que los promotores de esta música hacen apología del crimen y elevan a los narcos a la categoría caudillos.

Ahí es donde podría y debería intervenir e informarse, que ya no sólo se trata de canciones, sino de videos musicales, películas, fotografías y ropa de acuerdo a la moda del narco, en lugar de andar presumiendo reformas a leyes que ya existen, pero que son letra muerta porque nadie las aplica.