El tortuoso proceso que aún transita el gobierno de Corral arroja, de acuerdo con el equipo de transición de Maru Campos, un boquete financiero de enormes proporciones.

Para dejar en claro el megadesastre en que sumió Javier Corral Jurado a las finanzas del estado, la gobernadora electa mandó a los excorralistas Luis Aguilar y Carlos Olson a desenmascarar la pluma cuata del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Los excolaboradores de Corral, que ahora están en el equipo de transición de la próxima gobernadora, dieron a conocer la situación financiera real del estado, después de las cuentas alegres que han venido sosteniendo, pública y cínicamente el propio mandatario estatal y su gente sobre sus imaginarias finanzas sanas y sobre una presunta reducción de la deuda pública.

Los emisarios de Maru aseguraron que la Hacienda pública está peor que nunca y que la deuda estatal ha crecido de 53 mil 518 millones de pesos desde 2016, a más de 64 mil 514 millones de pesos al día de hoy.

Además, son mil 800 millones de pesos los gastados por adelantado por la administración actual, que correspondían al Gobierno entrante. Para complementar el cuadro, dejarán acreedores sembrados en cada rincón del estado y ni un peso en caja para pagar siquiera la primera quincena de septiembre.

Así se destapa la cloaca, pero esto apenas empieza. Mirone sabe que cosas peores se verán, cosas que irán siendo descubiertas conforme transcurran los próximos meses.

Por ejemplo, cuánto deberá hasta hoy el Fidecomiso de los Puentes Internacionales con la garantía de sus ingresos futuros. Gran parte de las obras en Juárez fueron financiadas por dicho ente dirigido por Sergio Madero.

Tras las declaraciones de sus excolaboradores, el gobernador dijo que en breve ordenará a su secretario de Finanzas hacer pública la información que ellos le han entregado al equipo de transición de la gobernadora.

De sus excolaboradores comentó, “a lo que llega la indignidad política y falta de respeto por sí mismos…Vergonzoso que lo digan ellos, siempre se dedicaban a alabar al gobernador y lo harán con ella hasta que dure el acuerdo. Pena ajena que lleguen a esos niveles…”.

“Si yo les digo lo que opinaban de la gobernadora electa, sería grotesco”, remató Corral, con verdades a medias, puritanismos y muchas ganas de amarrar navajas.

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Lo que la síndica con licencia, Lety Ortega, no pudo hacer en tres años, lo hizo en un mes la síndica interina Verónica Amaya Chaparro, quien descubrió que la administración de Armando Cabada inflaba los precios hasta en un 20 por ciento de las refacciones y las reparaciones de la flota vehicular del Municipio.

El pluri Armando Cabada está en la cuenta regresiva de su gobierno exindependiente, y entre más se acerca la hora de dejar la silla, más denuncias de corrupción están aflorando.

La Sindicatura descubrió que el Municipio pagó 20 por ciento de sobrecosto en la adquisición de refacciones para el mantenimiento correctivo de vehículos y motocicletas propiedad del Municipio de Juárez.

Esto no se puede concebir como un acto deshonesto y aislado de fin de quinquenio, sino como una conducta constante y reiterada durante los últimos cinco años. Lástima que la síndica Ortega no estuvo a la altura del mandato y se convirtió en cómplice de las tranzas de la administración de Cabada.

Los actos de corrupción detectados, como lo es el caso de la empresa fantasma para la cobranza del predial, entre otros, no son ni siquiera la punta del iceberg. Son apenas las coordenadas de las irregularidades que encontrará el próximo presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien seguramente, y para no convertirse en tapadera, pondrá manos a la obra en estos importantes asuntos.

Los juarenses recuerdan la llegada de Cabada en octubre del 2016, cuando que no quería ni sentarse en la silla de sus antecesores. Rememorando ese momento, algunos juarenses piensan que entre el Covid-19 y las malas vibras, bien haría Pérez Cuéllar en sanitizar todo el edificio Benito Juárez.

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Cuando todo mundo pensaba que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaría la decisión del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, no ocurrió y en contraste, revocó las designaciones de las diputaciones plurinominales locales.

Ayer, los magistrados de Guadalajara revocaron la sentencia del “trifito” de Chihuahua y ordenaron corregir la asignación y quedó en los términos de la consulta.

Es decir, le regresaron la diputación al moreno Óscar Castrejón, a la panista Diana Pereda, a la priista Ivonne Salazar y a Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano.

Los especialistas en materia electoral coinciden en que es muy difícil echar abajo las sentencias de los tribunales electorales de los estados, pero esta vez ocurrió y de plano le crecieron los enanos al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Chihuahua, Julio César Merino Enríquez.

La pelea por la curul fue épica entre los mismos compañeros de los partidos, pero quién en su sano juicio dejaría escapar más de cien mil pesitos mensuales de la nómina del Congreso del Estado. Por cierto, este miércoles primero de septiembre rendirán protesta por la mañana, allá en la Torre Legislativa. Así que Castrejón, Sánchez, Pereda y Salazar se encuentran listos y con sus mejores galas para rendir protesta.

Por su parte, El Pony Lara va a seguir empujando en el equipo de transición con Maru Campos para conseguir hueso; mientras que María Elena Rojo, Lucía Baduy y Alberto Pérez, a descansar a sus respectivas casitas.

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Una capirotada resultó el regreso a clases presenciales. Cada directiva de cada escuela ha hecho de este regreso prácticamente lo que a su juicio se considera lo mejor para los estudiantes y maestros. Sin embargo, hasta ahora el común denominador ha sido la baja asistencia del alumnado.

Solamente el Gobierno de la Ciudad de México aceptó ante medios de comunicación que la asistencia a las escuelas de educación básica está por debajo del 50 por ciento. El resto de los gobernadores del estado han hecho mutis para no contradecir al gran tlatoani de Palacio Nacional.

Aquí en Juárez, un sondeo entre padres de familia apunta a que las primarias traen un promedio de 10 alumnos por grupo, las secundarias federales de 15 estudiantes, las estatales de 10 y, a nivel preparatoria, en cursos de inducción entre 15 y 17 alumnos.

Las autoridades escolares de la Subsecretaría de Educación de la Zona Norte no han dado a conocer hasta ahora cuántos padres de familia dijeron que sus hijos tomarían clases presenciales y cuántos virtuales.