¿Qué anda haciendo Maru Campos? ¿A dónde quiere llegar con esas bizarras reuniones en las que congrega a figuras del paleolítico priista para que le ayuden a resolver el magno problema de seguridad que tiene frente a sus ojos?
Ayer, su gobierno, a través de la Coordinación de Comunicación Social, envió un rimbombante comunicado en el que se informó sobre la reunión que tuvo con “exgobernadores” y miembros “del sector privado”.
Ahí estaban, sentados frente a ella, Fernando Baeza, quien fuera una de las figuras más odiadas del panismo de antaño por aquello del “fraude patriótico” de 1986; a Patricio Martínez, que arrebató al PAN la gubernatura de Chihuahua y hasta se cansó de pasarle por encima en la arena electoral. O a Diódoro Carrasco, el operador político del presidente Ernesto Zedillo que a duras penas capoteó el conflicto en la UNAM.
¿Qué pueden aportar, se pregunta uno, en materia de seguridad? Acaso Fernando Baeza va a proponer la reedición de la época negra cuando Elías Ramírez hacía de la tortura un método cotidiano de investigación? Y Patricio ¿nos va a traer de regreso a Chito Solís? ¿Qué va a hacer Diódoro Carrasco, último secretario de Gobernación del sexenio de Zedillo, cuando ocurrieron las masacres de Aguas Blancas, Guerrero, y Acteal, en Chiapas? ¿Por qué de una vez no se trae a José Reyes Baeza para que nos diga cómo no se deben guardar las armas de alto poder de la policía, como aquellas que le robaron del C4?
En busca de redirigir los reflectores y mostrar una supuesta cohesión social, la gobernadora está echando mano del más viejo y gastado recuso priista, que consiste en reunir a todos los “ex” para mostrar unidad en torno al Gobierno.
Lo curioso del caso Maru es que no llame a los dos exgobernadores emanados de su partido. Ni siquiera a Francisco Barrio, quien tuvo como secretaria de Fomento Social a María Eugenia Galván, madre de la actual gobernadora.
¿Cómo le caería a Barrio sentarse en la misma mesa que Fernando Baeza? ¿dónde quedó aquel claxonazo que se convirtió en el grito de batalla del PAN? ¿Dónde el “Barrio sí, Baeza no”?
Con la constante convocatoria de actores fuera de cuadro, lo único que muestra la gobernadora es que ya no sabe a quién recurrir, y que más bien es ella la que les salva el día a los exestrellas de la política, tan pasados de moda como un pantalón acampanado.
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Entrevistado ayer por los medios sobre el conocimiento que tuvo de El Chueco cuando fue fiscal en la zona de occidente durante el sexenio pasado, Jesús Manuel Lord Carrasco lo admitió tácitamente al decir que el líder criminal es una persona que nació y se desarrolló en la barranca.
“Ese es su ámbito, la geografía y la orografía del lugar le favorecen”, dijo el fiscal, aunque agregó que eso no ha limitado a la Fiscalía en su persecución.
Claro que no ha limitado que lo persigan, pero ese conocimiento del terreno que tiene José Noriel Portillo ha sido el pretexto de las autoridades para que no lo hayan podido capturar desde el 2018, cuando asesinó al turista norteamericano Patrick Braxton, en una comunidad de Urique.
Carrasco dio por hecho que El Chueco difícilmente saldrá de los lugares de la sierra donde se siente seguro.
Esta declaración, pudiera tomarse como una posibilidad de que el delincuente pueda ser acorralado y atrapado en alguno de esos lugares, por las fuerzas federales y estatales que lo buscan en la montaña; pero considerando que la sierra es enorme, con miles de escondrijos, cuevas, barrancas y acantilados, además de cómplices y aliados en aquellas comunidades, los analistas coinciden en que El Chueco seguirá desplazándose con toda libertad, jugando a las escondidas.
Ahora que el criminal vale 5 millones de pesos, la autoridad investigadora da por hecho que sus propios bandidos lo traicionarán y lo entregarán llevados por codicia, y porque ya les calentó toda la región donde se movían libremente.
Sin embargo, la experiencia de otras recompensas ofrecidas hasta en millones de dólares por las agencias federales norteamericanas, contra capos de los carteles mexicanos, de ninguna se sabe que haya tenido éxito.
Las últimas recompensas que la DEA ofreció por los capos Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada García, “El Mayo” y por los Chapitos: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, suman 45 millones de dólares y se desplegó hasta con posters que tienen las fotos a todo color de los delincuentes, sin que hasta ahora hayan sido capturados.
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Quien sigue aferrado a colgarse como sea del caso de los sacerdotes jesuitas y sacarle raja política, es el diputado Francisco Sánchez, quien ayer anunció su viaje a la Ciudad de México para visitar la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede, con el fin de “dialogar sobre la crisis y estado de emergencia que vive Chihuahua.”
El polémico Pancho Pistolas adelantó en el sitio oficial del Congreso que, ante la representación del Vaticano en nuestro país, “buscará la recuperación de la paz de las familias chihuahuenses que se enfrentan a una crisis de seguridad, en donde la violencia ha azotado a todas las regiones de Chihuahua”.
Nadie supo que quiso decir con tanto rollo, lo cierto es que en su loco protagonismo no pierde oportunidad para buscar los reflectores donde sea y cómo sea, aunque se trate de un tema que no está en su ámbito como legislador, porque lo que los chihuahuenses requieren en estos momentos, es la seguridad que se ha perdido en todo el territorio del estado grande.
En su choro, el legislador emecista dijo que “Chihuahua no perderá la fe y no nos arrebatarán la esperanza. He asumido el reto y el compromiso de luchar por un futuro más justo…” (sic).
¿Qué trató de decir? Tampoco lo entendimos, pero si quiere luchar por un futuro más justo, comience por quitarse las rodilleras para exigirles resultados a las autoridades responsables de la seguridad y procuración de justicia, en todos los casos de homicidios dolosos que están impunes.
Le aseguramos que no se la va a acabar con ese tema, pero le redituará mejores dividendos políticos que andarse colgando de eventos lamentables como el de Urique.
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Otro que no se la anda acabando es el juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez, el mismo que durante el corralato integró la causa penal contra Maru Campos, cuando era alcaldesa de Chihuahua y buscaba la gubernatura.
Si el juzgador pensó en algún momento que le bastaba con decir que recibió presiones de Javier Corral para procesar a Maru Campos, y con ello librarse de la venganza de la hoy gobernadora, se equivocó rotundamente.
Mirone supo que el Tribunal Supremo de Justicia está integrando un expediente para determinar la responsabilidad del juzgador, por haber dado entrada a una acusación a la que le faltaban elementos, con tal de quedar bien con el gobernador golfero y su pandilla.
Aún está fresca en la memoria colectiva el momento en que Javier Corral enderezó sus baterías contra Maru por estar supuestamente incluida en la famosa nómina secreta de César Duarte, de donde presuntamente recibió varios millones de pesos.
En aquel entonces, el caso cayó en el juzgado de Samuel Mendoza y sin mayor problema le dio entrada, por tratarse de una consigna.
Cuando el trompicado quinquenio de Javier Corral concluyó, el juez reculó y declaró improcedente el caso. Luego, en enero de este año, “confesó” que procedió contra Maru por presiones del exgobernador. ¿O sea que, si le hubieran apretado un poquito más, la hubiera metido a la cárcel?
Ahora que se le volteó el chirrión por el palito, anda que no lo calienta ni el sol y hasta ha buscado un interlocutor que le abra las puertas de Palacio, para ponerse nuevamente las rodilleras hidráulicas e ir a pedir perdón.