Han pasado ya casi 48 horas desde el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano en Jalisco, y en Chihuahua hay más versiones sobre su supuesta presencia que indicios reales de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La postura oficial es clara. El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, el fiscal general, César Jáuregui Moreno, la gobernadora María Eugenia Campos y el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostienen que no se ha detectado una sola acción del CJNG en el estado.

No hay detenidos ligados a ese grupo y los decomisos de fentanilo corresponden —aseguran— a otras organizaciones. Si hemos de creerles, en Chihuahua no hay menchismo.

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La grieta aparece cuando se mira al norte. No en expedientes locales, sino en los señalamientos públicos del Gobierno de Estados Unidos.

Ahí está el caso de Martha Alicia Méndez Aguilar, La Diabla, detenida por la extracción ilegal de una recién nacida en Ciudad Juárez.

El expediente mexicano no la vincula con el CJNG, pero autoridades estadounidenses sí la colocaron como parte de una estructura criminal de alcance transfronterizo relacionada con ese cártel. No fue una imputación judicial en México, sino un pronunciamiento político desde el vecino país.

Y es que el peso del señalamiento no es menor. En la captura de La Diabla participó el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos, una instancia que no interviene en delitos comunes. Para esa agencia, Méndez Aguilar no era un caso aislado, sino la presunta cabecilla de una red dedicada a la trata de bebés, vinculada —según la lectura estadounidense— al CJNG.

Meses después, en mayo de 2025, el Federal Bureau of Investigation (FBI) anunció en El Paso la detención de María del Rosario Navarro Sánchez, a quien vinculó directamente con el CJNG y con operaciones en la frontera Juárez–El Paso, incluso con el narcotúnel localizado entre ambas ciudades. Otra vez: dichos públicos, no resoluciones judiciales mexicanas.

Ahí está el contraste. Mientras en Chihuahua se insiste en que no hay rastro alguno del menchismo, del otro lado de la frontera Juárez aparece más de una vez en el radar. No como plaza tomada, pero sí como territorio observado, analizado y clasificado desde una lógica de seguridad nacional estadounidense.

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Más allá de versiones, documentos o discursos, lo que coinciden los entendidos es que no hay señales de una “invasión” de un nuevo grupo criminal distinto a los que desde hace décadas se disputan la hegemonía en la región.

Un movimiento real de un actor distinto ya habría detonado una violencia mayor. Hasta ahora, no hay mantas, mensajes ni advertencias que indiquen que alguien nuevo esté disputando la plaza.

Las autoridades locales apuestan por la tranquilidad. El problema es que ese mensaje se repite desde hace casi 20 años, con o sin nuevos nombres, mientras el trasiego continúa y la huella de sangre no desaparece en este desierto.

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Después de una álgida campaña, como hacía rato no se veía en el Club Campestre, hoy por fin se decidirá quién asumirá la presidencia para los siguientes dos años.

No había competencia desde la elección de 2016, cuando Jaime Campos se impuso en las urnas a Javier Castrejón.

Todos los siguientes presidentes surgieron de procesos de unidad: Donato Flores, Marko Otero, Hugo Venzor y Sergio Guzmán. Por cierto, puros hombres. El Campestre se sigue manejando como Club de Toby, sin que las mujeres asuman la presidencia.

Pero volviendo al punto de la unidad, este año se fracturó principalmente por el desfalco de los 21.3 millones de pesos y, en general, por el manejo de las finanzas, los contratos y las obras. Siempre el tema del dinero en el centro de los conflictos.

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El asunto del desvío no solo llevó a la cárcel al gerente administrativo contratado por el Club; el presidente y el tesorero, Sergio Guzmán y Jaime Merín, terminaron separados de sus cargos. En el caso del presidente, además, fue suspendido en sus derechos como socio.

En ese contexto se llega a la asamblea programada para las siete de la tarde, con dos opciones en la elección: la planilla Unidad y Progreso, encabezada por el médico Rafael Tirado y Club Campestre 380, representada por el empresario Alejandro Ramírez.

En realidad habrá dos urnas y dos votaciones: una para la elección de los 15 consejeros, de donde se desprende la presidencia y la Mesa Directiva, y otra para el Comité de Vigilancia, en la que se vota por seis asientos. Cada planilla presentó sus propuestas de 15 y 6 nombres, respectivamente.

La actividad de registro empezará desde las cuatro de la tarde, donde se sabrá cuántos poderes consiguió cada planilla. Ambas presumen que lograron un centenar o poco más.

Ahí está un buen indicador de la efervescencia que hay en este momento, ya que en la elección de consejeros del año pasado, los poderes entre las dos planillas no pasaron de 90 registros.

Con todo y cartas poder, se espera que los votos lleguen a los 600 y que el salón del Club quede a reventar para la asamblea de este día.

Ya le contará Mirone después el desenlace de la tremenda grilla que se armó este año en las elecciones del Club Campestre.

Quien resulte ganador, sí que tendrá mucho trabajo por delante para conciliar la unidad interna y calmar las aguas, con el tema del ajuste de cuentas y la continuación de la investigación del desfalco.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) presentará de un momento a otro el recurso de revisión en contra del fallo del juez 7º de Distrito con cabecera en Chihuahua, juez 7º de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, que le dio la libertad a José Luis Arellano Cuarón, el dueño de Plenitud, el “Crematorio del horror”.

El planteamiento se centrará en que sí hubo ocultamiento de cadáveres, cosa que negó el juez de marras en su fallo, pero además, una flagrante violación a la Ley General de Salud vigente en todo el país, porque el indiciado, como dueño del negocio, no cumplió con los plazos establecidos en dicha norma para inhumar o cremar los restos mortales que tenía a su cargo.

Y es que, mientras que el juez Rivas Martínez le dio toda la manga ancha al susodicho dueño de Plenitud para justificar su “pequeño retraso” de uno, dos y hasta tres años, para la FGE no hay duda de que se trató de un acto de ocultamiento de cadáveres que da lugar a una lista de violaciones a la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el federal.

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Según le contaron a Mirone, la FGE se olvidará por el momento de la acusación por fraude, porque esta no puede correr de oficio, sino que debe ser presentada por la persona que se dice agraviada del hecho fraudulento.

En ese caso, mencionan los comunicativos, la persona moral defraudada por Plenitud es la o las funerarias que le contrataron para hacer el trabajo de cremación. Esto es, que los familiares de las personas fallecidas cuyos cuerpos permanecieron apilados en el “Crematorio del horror” no son, necesariamente, los afectados por ese acto fraudulento.

¡Habrase visto!

En dado caso, el Ministerio Público insistirá en que el dueño de Plenitud acumuló cuerpos cuya identificación ya era casi imposible, salvo la intervención de un laboratorio especializado en temas forenses.

Nada más hay que ver que la FGE se ha tardado casi un año en identificar a menos de la mitad de los cuerpos encontrados, y eso que están echando mano de la mejor tecnología disponible en el país.

¿Cómo le iba a hacer el “liberado” dueño de Plenitud para saber a quién estaba cremando? ¿Cómo lo iba a identificar antes de entregar la urna con las cenizas a la familia del fallecido?

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Para la autoridad, no hay duda de que Arellano Cuarón ocultó cadáveres y, con ello, transgredió lo establecido en el Artículo 348, en el cual se establece un plazo de 48 horas contadas a partir de la hora de fallecimiento de la persona.

Ahí sí que ni cómo ayudarle al dueño del crematorio, porque no eran horas, sino años de retraso los que tenía acumulados.

Lo que viene, además, es un frente de la FGE en contra del juez que le permitió al acusado salir en libertad y estar ahora bien “cachetón” en El Paso, Texas, en vez de enfrentar a la justicia por el gravísimo daño causado a cientos de familias.

Van por él y ya tienen las municiones jurídicas para enfrentarlo.

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Para nadie pasó desapercibida la puya que lanzó ayer, en la sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Diana Margarita Félix Sierra.

No fue necesario que se explicara mucho el tema, pero se dejó ver cómo el fondo del conflicto entre los distintos órganos del Poder Judicial, entre los centros de poder y las diversas cabezas que se derivaron de la reforma, es por las plazas, por los espacios, por la nómina y por el control real del presupuesto.

“Yo lo único que quisiera decir nada más es que el voto a favor de este presupuesto no se utilice como una moneda de cambio para obtener favores personales a cambio”, remató la magistrada, luego de recordar que en sesiones previas, se hicieron peticiones concretas de plazas, por parte de magistradas y magistrados.

Así lo dijo la esposa del exmagistrado y excomisionado de la desaparecida Judicatura, Luis Villegas Montes, quien ha mantenido una campaña en sus redes contra figuras del nuevo Tribunal Superior y del Tribunal de Disciplina, la cual se atribuye a que, precisamente, habría quedado dolido por no conseguir para él y los suyos, más espacios en el Poder Judicial.

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La sesión extraordinaria del lunes se realizó para reponer la discusión y votación del Proyecto de Presupuesto Anual del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, para este 2026, punto que en la pasada sesión se tuvo que bajar del orden del día porque no se planchó previamente y había inconformidad entre magistradas y magistrados.

A nadie le había parecido bien el manejo poco transparente y muy discrecional por parte de la presidenta en turno del Órgano de Administración, la comisionada Karla Esmeralda Reyes, en cuanto a los recursos, los despedidos y el acomodo o reacomodo de plazas, por lo que no estuvieron aquella vez en disposición de aprobar el proyecto.

Ayer se aprobó por unanimidad y se destacó el ejercicio que se tuvo que hacer de diálogo y coordinación, aunque no dejaron de deslizarse varias inquietudes, aparte de la sacada de lengua de la magistrada Félix Sierra.

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Muy diplomáticas, pero ahí soltaron dos magistradas, Nancy Sánchez y Perla Ruiz, sus preocupaciones sobre la necesaria comunicación constante con el Órgano de Administración para conocer cantidades y destinos del Fondo Auxiliar, sobre mayor transparencia y sobre las categorías legales que todavía deben de respetarse y aplicarse en la Carrera Judicial.

Voto de confianza sí, pero que se siga pugnando por el verdadero escalafón en el crecimiento de la Carrera Judicial.

No lo dijo en su exposición la magistrada Ruiz, pero de alguna manera se refería ella a las quejas de operadores del sistema judicial, respecto a que la presidenta del Órgano de Administración y la comisionada Minerva Correa, se han servido con la cuchara grande a la hora de entregar plazas a externos, sin tomar en cuenta a quienes ya traen carrera en el Poder Judicial.

El magistrado Rubén Aguilar Gil, el mismo que llegó al cargo como cuota política para la familia Aguilar, también hizo su reclamo velado de mayor coordinación al Órgano de Administración.

Ya lo había advertido el colmilludo integrante del clan Aguilar desde la primera sesión del Tribunal Superior, cuando pidió a los integrantes de ese órgano que no se fueran a abrogar facultades sobre el presupuesto por encima de quienes integran el Tribunal Superior.

Total, ayer el conflicto interno se pudo procesar y no pasó a mayores, pero siguen latentes las diferencias por el control de los recursos y del personal.