Por terrenos guindas el chisme de la semana es el rompimiento entre la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa, con la poderosa secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, la jefa política del más estructurado grupo morenista en todo el estado.
Incluso, se habla de una traición de Brighite hacia su madrina política, justo quien la volvió dirigente del partido después de que fungió prácticamente como su asistente personal. Ariadna la llegó a llamar “hija” en privado, pero ahora la joven dirigente que también quedó como suplente para el Senado (en fórmula con el exgobernador panista Javier Corral Jurado) trae otra apuesta distinta.
Lo que trascendió es que Granados se alineó, pero al proyecto que empaqueta a Andrea Chávez y Juan Carlos Loera para el 2027.
Curiosamente, Brighite ya había sido señalada por traición, como muchos de quienes originalmente entraron a Morena vía Juan Carlos Loera y que luego firmaron su lealtad con Ariadna, cuando se dio el rompimiento con el excandidato a gobernador y hoy senador electo.
El caso es que se comenta que hubo nuevo arreglo de Granados y quizás no necesariamente por el lado de su tío Juan Carlos, sino de Andrea Chávez, quien sigue haciendo todos los amarres posibles para su adelantado proyecto a la gubernatura de 2027.
Ya había escuchado Mirone del quiebre Brighite-Montiel, pero el tema se confirmó el fin de semana, cuando la dirigente estatal de Morena fue la gran ausente en la gira y en las reuniones que Ariadna sostuvo en Chihuahua con todo su equipo político.
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Ni en una reunión amplia en salón, ni en otra de petit comité en domicilio particular, estuvo la pariente de Loera de la Rosa.
Incluso se enteró este Don, que de alguna manera la agenda del fin de semana de Montiel en la capital del estado (donde ya tiene domicilio particular, para lo que se pueda ofrecer), fue para cerrar filas en el equipo, luego del ruido provocado por el cambio de bando de Brighite. Oficialmente, como secretaria de Estado, no tuvo agenda.
En las reuniones, la más abierta realizada en un salón-granja hacia el rumbo de Aldama, mostró la secretaría Montiel que es ella la que trae el power de la organización con los operadores distritales y la militancia, como diciendo que nada es lo que se quedaría con Brighite.
Del equipo compacto, tampoco se dejaron ver en las encerronas, los diputados locales Benjamín Carrera, Gustavo de la Rosa (El Pichú, tío de Juan Carlos) y Hugo Avitia. Se supone que ya andan en el mismo paquete que Granados de la Rosa.
Se seguirá poniendo buena la grilla morenista. Para los proyectos del 2027, desde luego que es clave quién queda a cargo de la dirigencia partidista.
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Ahora sí que en el Gobierno municipal de Cruz Pérez Cuéllar no tienen llenadera en eso de favorecer los negocios privados a la hora de manejar los recursos públicos.
Comentamos lo anterior porque el fin de semana el alcalde anunció que para el inicio del nuevo ciclo escolar lanzará un programa para entregar 150 mil paquetes de útiles escolares para favorecer a estudiantes de nuevo ingreso a primaria, es decir, puros de primer grado.
No hay que olvidar que actualmente está abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, luego de que un grupo de ciudadanos denunció el pago de sobreprecios de hasta 54 millones de pesos en la compra de 250 mil kits escolares, entre 2022 y 2023, como parte del programa Cruzada por la Educación.
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En su propia investigación periodística, Norte Digital hizo consiguió cotizaciones por los paquetes escolares y pudo documentar un sobreprecio de casi 50 millones de pesos en esos 250 mil kits que incluyeron mochilas escolares. También se documentó que, en un plan piloto, se adquirieron primero 10 mil mochilas, también con un sobrecosto de más de 2 millones de pesos.
En ese caso, el Gobierno municipal pagó 406 pesos por cada una de las 10 mil mochilas, mientras que a este medio le cotizaron productos de mejor calidad a 212 pesos por unidad, pero al mayoreo en 199.83 pesos. Así de simple y así de descarado es el mecanismo que se utiliza para quebrantar el erario, los recursos que son de todos los juarenses.
Por eso a Mirone le suenan las alertas ahora que se anunció el nuevo programa. Y como las denuncias de corrupción (hay otras diez más que involucran al alcalde, sus colaboradores y exfuncionarios) no hicieron mella electoral, ni han significado nada judicialmente porque la Fiscalía nomás no se mueve, seguramente en la Administración municipal se sienten más empoderados que nunca.
La Contraloría Municipal nunca va a investigar a los suyos y la Sindicatura Municipal ya no quiere problemas y parece que en su lucha anticorrupción únicamente fue flor de temporada, por lo que no quedan muchas opciones.
Ahí les hablan a los de la Auditoría Superior del Estado. A ver si con la presión del Congreso se mueven a fiscalizar al menos esos recursos públicos. Los sobreprecios y las triangulaciones seguramente vendrán en versión recargada.
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Los fronterizos enfrentan cada día diversas problemáticas urbanas en el desarrollo de sus actividades cotidianas, muchas provocadas por las mismas autoridades que, en vez de administrar a la comunidad con reglas claras, asumen posturas que terminan poniendo al ciudadano en la disyuntiva de qué le conviene, si seguir la norma o no.
Situaciones para ejemplificar existen a montones, pero por ahora Mirone centrará su atención en el carril confinado del BRT-1, que tiene una longitud de 27 kilómetros entre el eje vial Juan Gabriel y el bulevar Zaragoza, que por ahora están a la buena de Dios ante la inexistencia del servicio de transporte.
Ya hace poco más de un año, desde junio de 2023, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo pública su decisión de omitir multas a los automovilistas que utilizaran el carril confinado de esas vialidades cuando; al mismo tiempo, las autoridades estatales prometían que el transporte semimasivo entraría pronto en funciones.
Incluso meses antes, en noviembre de 2022, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) estatal emprendió trabajos de limpieza para darle orden a la ruta troncal mientras que se definían las estrategias para poner en operación el sistema de transporte.
Eran tiempos políticos y el alcalde argumentó que, para mejorar el traslado de los fronterizos, los tránsitos evitarían sancionarlos si usaban el confinado.
Hubiera sido mejor que el Municipio, instancia obligada legalmente a mejorar las condiciones de las calles, se avocara a reparar el destrozado pavimento del Juan Gabriel y del bulevar Zaragoza, que presentaban (y siguen igual) tramos ya muy accidentados.
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Esa medida de tolerancia se extendió luego al BRT-2 y a la pretroncal Gómez Morín, donde se tuvo que echar para atrás al inicio de la operación del semimasivo apenas en mayo pasado; sin embargo, ese “ajuste” provocó accidentes entre los camiones y algunos particulares que continuaron utilizando el confinado.
Aunque el BRT-1, aseguran las autoridades estatales, estará funcionando a finales de este año, los automovilistas todavía usan profusamente el carril especial para trasladarse sobre esa ruta, así que es muy probable que se vayan a registrar conflictos entre los transportistas y los conductores particulares, ya acostumbrados a circular por ahí.
Lo que es muy cuestionable es que desde el propio Gobierno se provoque un desbarajuste que traerá consecuencias negativas a la ciudadanía más que a cualquier funcionario.
La estrategia de confrontarse con las autoridades estatales, impuesta con intenciones más bien políticas no fue ni será la solución para los conflictos viales que no hacen sino agravarse cada vez más.
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La Plataforma Centinela sigue bajo la mirada pública y el fin de semana se revivió el tema de la consulta pública sobre ese megaproyecto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana (CCPC) del Estado de Chihuahua, órgano constituido a partir de la relativamente nueva Ley de Participación Ciudadana, resolvió que el Instituto Estatal Electoral (IEE) deberá reponer una consulta pública sobre la Plataforma Centinela.
Hubo una primera consulta cuando estaba arrancando la obra, en 2023, pero se presentaron impugnaciones legales y después de mucho tiempo, la pelotita recayó en el Consejo para decidir qué hacer, por orden de un tribunal federal.
Por mayoría simple resolvió que la consulta original no cumplió con los principios establecidos en la Ley de Participación Ciudadana.
Así que el CCPC decidió que se debe de organizar nuevamente ese ejercicio de democracia participativa, conforme el marco legal que se modificó para hacer realidad el anhelo ciudadano de incidir en la cosa pública, más allá del simple ejercicio del voto.
A la sesión en que se tomó la decisión, asistieron los siete miembros ciudadanos del consejo y dos representantes de autoridades: Rafael Loera por el Poder Ejecutivo y Octavio Carrete por el Poder Judicial.
Lo que llamó la atención es que el diputado de Movimiento Ciudadano demostró una vez más que el tema de la participación ciudadana le interesa muy poco. Faltó otra vez como representante del Legislativo.
A ver ahora qué respuesta hay de los poderes institucionales obligados a cumplir el ordenamiento que además involucra al Instituto Estatal Electoral. ¿Harán caso o ignorarán al Consejo? Ya se sabrá.