Ayer, durante la reunión de la comisión de Transporte del Cabildo de Juárez, fue nuevamente abordado el tema de la cicloruta, mismo que tiene sus detractores y defensores, aunque durante su planeación y ejecución no tuvo lo principal: el consenso de las mayorías.

Fueron los regidores de Nueva Alianza, Karla Escalante, Sergio Bueno y Vanessa Mora, los encargados de abordar y analizar nuevamente el tema, que sigue siendo motivo de polémicas en diferentes sectores de la ciudad, por las avenidas donde se trazó y el abandono que muestra la pobre infraestructura que se le asignó.

Por la sociedad civil participaron en la reunión la llamada alcaldesa de la bici, Cinthia López De la Fuente, y el académico de la Universidad Autónoma de Juárez, Gabriel García, quienes expusieron  sus argumentos en defensa de la cicloruta y lo que representa en una ciudad donde los “cochistas” –así les llaman a los detractores de los ciclistas– pretenden imponerse como dueños de las vialidades de Juárez.

Los regidores Karla Escalante y Sergio Bueno mostraron una actitud prudente y propositiva, al manifestarse a favor de buscar presupuesto para el mantenimiento de la ruta de los ciclistas, que actualmente luce abandonada.

La edil Vanessa Mora, por su parte, sigue renuente porque vive sobre una calle que es parte de la cicloruta y se siente afectada.

Su mejor argumento, como el de muchos automovilistas que sienten que les robaron las calles, fue en el sentido de que la cicloruta le estorba y que nunca ha visto que la usen los ciclistas.

Sin embargo, también agradeció la información que llevaron a la sesión los defensores de la ruta, quienes desde la última sesión de la comisión de Transporte, se opusieron a la descalificación que se hizo de la obra por inservible, estorbosa y mal planeada.

La segunda reunión, con la información técnica de los especialistas, se dio a iniciativa de la regidora Amparo Beltrán, quien es ciclista, maratonista, deportista y defensora del derecho que tienen todos los ciudadanos, ciclistas y automovilistas, de usar por igual las calles.

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No hay día en que el secretario general de Gobierno del Estado, César Jáuregui, no reciba la visita de alguna comisión o grupo de agricultores, que piden información sobre la fecha en que serán liberados los campesinos detenidos a raíz del conflicto del agua.

El acuerdo que puso fin al conflicto del agua de las presas de Chihuahua fue firmado el pasado 22 de octubre en Bucareli, pero hasta ahora, nada se ha especificado sobre el procedimiento que seguirá en los tribunales federales para que obtengan su libertad.

Por lo mismo, sus familiares y amigos ya muestran señales de desesperación y desconfianza y han optado por hacer acto de presencia con el abogado del estado, para tener más información sobre el curso del acuerdo, que incluye el desistimiento del Gobierno federal de las causas penales que se abrieron contra Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes, Juan Rivera Márquez y Andrés Valles.

Las tablas y el colmillo político de Jáuregui le han permitido atender con la información pertinente a todos los que han llegado hasta su despacho en estos días a preguntar por el caso de los detenidos.

Quienes viven de cerca la agenda y la barandilla que atiende diariamente el hombre de más confianza de la gobernadora, dicen que César no se la acaba con el volumen de asuntos que debe desahogar sin dejar la víbora chillando, como dicen los agricultores.

Incluso, el funcionario ya tiene otro semblante muy distinto al Jáuregui del 8 de septiembre, pero a pesar de ello, no baja la guardia y le sigue quitando y desactivando problemas a Maru.

Cierto es que todas las comparaciones son odiosas, pero los empleados de Palacio que conocieron el trabajo del antecesor de César, Luis Fernando Mesta, dicen que hay un mundo de diferencia, por la experiencia del marucampista en la posición de apagafuegos, que ya desempeñó con éxito en la Administración municipal de la capital del estado.

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Algo pasa con los operadores de la página del Gobierno del Estado, que siguen permitiendo que aparezca la información de la pasada Administración y que siga activa el sitio cambio.gob.mx, que fue emblemático en el gobierno de Javier Corral.

Notas como la toma de protesta del Comité de Transparencia de la Coordinación de Comunicación Social y otra, de la que fuera Comisionada Estatal para los Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero Olivares, aparecen también activas en el sitio oficial chihuahua.gob.mx.

Todas las notas de cambio.gob están fechadas el 7 de septiembre, esto es, el último día del gobierno de Corral, pero ni eso ha servido para que los cibernéticos de Palacio den de baja la página. Nada justifica que en ambos casos, de los dos sitios mencionados, permanezca la información de un gobierno que ya terminó, mezclándose con las notas de la nueva administración.

Generalmente, el último día de gobierno se entregan contraseñas de dominio a los nuevos administradores para que hagan los cambios obligados de diseño, logos y contenido.

Al menos así ha operado antes en administraciones municipales y estatales, porque el sentido común recomienda que lo que debe promoverse y difundirse, son las acciones y programas de las nuevas autoridades.

A menos que exista una instrucción en sentido contrario desde los mandos superiores, o que los sitios tengan candados que no pueden desactivarse, que no es el caso, nada justifica que los colaboradores de Maru le sigan dando espacio y difusión a las viejas mentiras de Javier Corral.

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Una buena noticia alineada con el Buen Fin dio ayer la gobernadora Maru Campos con el programa de descuentos por derechos vehiculares, como son la revalidación de placas, multas y licencias de conducir, que tendrá vigencia de noviembre del 2021 a enero del 2022.

Los descuentos van desde el 35 hasta el 90 por ciento de los recargos y gastos de ejecución y, estratégicamente, comienzan en estos primeros días de noviembre para que el ciudadano los aproveche antes de irse a gastar dólares en El Paso cuando reabran los puentes, o antes de que se  acaben el aguinaldo en las ofertas del Buen Fin del comercio fronterizo.

En Juárez son 250 mil contribuyentes los que tienen algún pago pendiente por derecho vehicular, mismos que ahora tendrán la oportunidad de ponerse al corriente y apoyar de paso al Gobierno del Estado, que anda cabalgando en las mandíbulas de la miseria en cuestión financiera.

Solo falta que los encargados de implementar el operativo del Buen Fin en el Gobierno del Estado, se pongan las pilas para que se instalen suficientes módulos en toda la ciudad, de tal forma que los causantes se sientan motivados a pagar sin hacer las maratónicas filas en las oficinas recaudatorias normales.

De eso dependerá el éxito o el fracaso de esta buena decisión de la gobernadora para apoyar la economía de los juarenses que están en cartera vencida y así tener dinero para el pago de aguinaldos de la burocracia estatal.