Juezas y jueces se han visto bastante mal en su desempeño por el ignominioso y trágico caso de violaciones y abusos sexuales contra niños de la guardería Techo Comunitario.

Literalmente, las magistraturas penales han tenido que enmendarles la plana completa, luego de que, sin criterio alguno de perspectiva de infancias, se dictaron varias sentencias absolutorias en los siete juicios que se le abrieron a Naomy Yamilé R.P. quien debía cuidar a los menores en la guardería y en lugar de eso, abusó de ellos, de acuerdo con las últimas resoluciones.

Han llovido las apelaciones ante la actuación de las personas juzgadoras en primera instancia. El viernes pasado le tocó resolver una de ellas al magistrado de la Segunda Sala Penal Regional, José Luis Chacón Rodríguez.

Chacón le dio palo a la sentencia absolutoria de la jueza Nancy Denisse Jiménez, al considerar que, en su valoración de pruebas, ignoró el testimonio de un menor victimado.

Al individualizar la pena, sentenció a la acusada a 16 años de prisión, por lo que Naomy sigue acumulando años de cárcel, aunque en principio, jueces y juezas parecían estar en la misma sintonía, para que saliera libre.

Más atrás, al inicio del mes de marzo, la magistrada de la Tercera Sala Penal Regional, Nancy Elizabeth Sánchez Corona, también revocó una sentencia del juez Jesús Alberto Medina Parra, correspondiente a julio de 2025.

El juez Medina había absuelto a Naomy Yamilé en la acusación de violación agravada contra una menor de dos años de edad. En la revocación, la magistrada consideró que el juez no valoró de manera adecuada la carga probatoria del juicio oral.

Hay todavía más casos en que la justicia para las niñas, niños y sus familias se garantizó en apelación y no por las juezas o jueces.

La semana pasada hubo otra resolución que no se había dado a conocer. La magistrada de la Cuarta Sala Penal, Myrelle Oralia Lozoya Molina, revocó también la sentencia absolutoria de la ahora exjueza penal, Claudia Domínguez Curiel.

Domínguez Curiel se atrevió a decir que una psicóloga mintió y que la Fiscalía no investigó bien, por lo que había resuelto que la prueba insuficiente. Así resolvió aunque los abogados no contravinieron lo aportado por Fiscalía ni ofrecieron prueba alguna.

Sin embargo, la magistrada Myrelle dejó en claro que la Fiscalía hizo bien su chamba, porque con los testigos, médicos y psicólogos, demostró que la maestra es culpable y que la jueza no supo valorar las pruebas.

La jueza simplemente no tomó en cuenta los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vio la prueba como si se tratara de un asunto de adultos y no de niños.

La revocación exhibió que la exjueza cambió la acusación y que la psicóloga no mintió y fue muy objetiva con su testimonio.

La clave de la revocación estuvo, otra vez, en juzgar con perspectiva de infancia y en creer lo que dice la víctima, aunque se trate de un pequeño, para dejar de considerar que los niños y niñas pueden inventar este tipo de situaciones. En este caso, fueron cruciales los testimonios de la directora y la madre de la víctima para reconstruir los hechos.

En este expediente, de nuevo, tuvo que actuar una de las magistradas (que asumieron en septiembre de 2025) para enderezar la sentencia y enseñar cómo se debe de cumplir con los protocolos y criterios para establecidos por Suprema Corte para proteger a las infancias, pero que juezas y jueces se niegan a seguir, o simplemente ignoran.

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Finalmente se inscribieron tres aspirantes para la secretaría general del Sindicato del Personal Académico del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Spaicsa).

Como lo adelantó Mirone, se puso buena la grilla entre autoridades universitarias y el profesorado del ICSA: son dos las opciones que van en contra de toda la estructura oficial.

No nada más se registró el abogado y derechohumanista Carlos Gutiérrez Casas. También lo hizo María Lourdes Almada Mireles, docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, adscrita a Trabajo Social y Psicología.

Lourdes, “La Güera”, es integrante del clan de los Almada, de mucho arraigo y reconocimiento al interior de la UACJ, y ella fue quien le atoró en lugar de Carmen Álvarez, como parte del mismo grupo plural que hace años se identifica como Universidad Democrática.

Igual que Gutiérrez Casas, aunque menos solitaria, Almada va a contracorriente para enfrentar a Thelma Artalejo, quien, como también lo adelantamos aquí, va con el apoyo oficial para encabezar la dirigencia del Spaicsa, al cual actualmente pertenece como secretaria de Finanzas.

Hay una demanda muy sentida de mayor transparencia en el Sindicato, pero también de mayor democratización en la vida interna de la UACJ en general. En esas andan las opciones alternativas, aunque sepan cómo se mueven las cosas en la Uni, en cuanto a los controles de la parte directiva, institucional y patronal.

Luego de que se cambió inesperadamente el método de registro y elección por planillas, hacia una manera individualizada (además del secretario general, hay seis carteras más de la Mesa Directiva), el proselitismo iniciará el próximo 20 de marzo, para concluir el 25, es decir, habrá cinco días de campaña.

La veda electoral será del 26 de marzo hasta el momento de cierre de las urnas, el 27 de marzo, cuando se conocerá, al finalizar el día, cuál fue el resultado de la elección y en qué acabó el cambio de reglas para sepultar las planillas.

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Entre lo más comentado del fin de semana, si hablamos de las grillas morenistas, estuvo la presencia de la delegada de los Programas para el Bienestar, Mayra Chávez, en un evento del DIF municipal.

Ahí se dejó ver Mayra, como invitada especial, no únicamente de la directora del DIF, Rubí Enríquez, sino de su esposo, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien nuevamente mandó el mensaje de cercanía con el grupo de Ariadna Montiel, rumbo al 2027.

Cruz para la gubernatura, Mayra para la Presidencia Municipal, parece ser el acuerdo y en ese sentido van las señales que se envían a nivel local, tratando de incidir en el plano nacional, como si ya estuviera todo planchado, frente a los otros proyectos que perfilan a Andrea Chávez para la gubernatura y a Juan Carlos Loera para la alcaldía.

El evento fue la “Entrega de apoyos económicos pata la atención, cuidado y desarrollo integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2026”.

“Por décadas se ha mantenido una deuda histórica con las jefas de familia juarenses, pero hoy son tiempos de transformación, por eso acompañé al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar y a Rubí Enríquez, Presidenta del DIF, en la entrega de becas destinadas a madres solteras que confían el cuidado y desarrollo en juarenses que construyen comunidad. Este es un acto de justicia, porque en Juárez, la transformación tiene corazón”, compartió Mayra en sus redes.

Tuvo la delegada de Bienestar, oportunidad de dar un discurso. Le abrieron la cancha frente a un auditorio lleno de beneficiarias. Estuvo junto a la síndica Ana Estrada, quien había sonada por el equipo de la Presidencia Municipal para ir por la alcaldía si se trataba de una mujer.

El evento con la delegada, coronó los mensajes del pasado fin y de inicio de nueva semana, con el alcalde en la Ciudad de México, compartiendo, primero la reunión con la secretaria Ariadna Montiel, y luego el encuentro todo el equipo político de Chihuahua, en el que se incluye la delegada Chávez.

El activismo está a todo lo que da. El alcalde se movió el viernes hasta Parral y Valle de Allende, para estar de regresó el sábado y participar en el programa Juárez Amanece Limpio y en la entrega del DIF, además del evento con jóvenes “Líderes del Cambio”.

Mayra Chávez no paró todo el fin de semana, con múltiples eventos y asambleas informativas en las colonias de Juárez, cobijada siempre por el equipo montielista del Congreso del Estado.

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A Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua le viene como anillo al dedo aquel refrán popular que dice: “éramos muchos… y parió la abuela”. O bien, le podrían decir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “ves la tempestad y no te hincas”.

Le cae ese pesado saco —que para el caso más parece de cemento que de vestir— porque la Corte estableció jurisprudencia en favor de las trabajadoras mujeres, derechohabientes de ese organismo, para que puedan inscribir a sus cónyuges hombres como beneficiarios del servicio.

Échenle cuentas: a ver de dónde va a sacar el instituto —que a estas alturas sigue con maltrechos números, cuentas por pagar a hospitales y consultorios, y boquetes de deuda por cobrar a los 51 organismos públicos cuyo personal está inscrito como derechohabiente— los recursos para atender a más afiliados.

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Lo que se sabe de la situación del organismo encargado de garantizar la seguridad social, el retiro y el servicio médico de los empleados al servicio del Gobierno del Estado y de decenas de organismos autónomos y descentralizados es que andan con la bolsa agujerada y el monedero vacío desde hace años, y los tiempos actuales no son la excepción.

Si bien la gestión de la actual directiva ha hecho esfuerzos por pagar deudas a hospitales y proveedores de medicamentos, y les ha torcido el brazo a algunos de sus morosos deudores, lo cierto es que ya tenía una carga muy pesada nada más con atender al personal que estaba ahí antes de la reforma a la Ley de Pensiones de 2014, la llamada “Ley Tachiquín”, porque fue autoría del entonces director, Marcelo González Tachiquín.

Aunque en aquella ceremonia donde se presentó la “Ley Tachiquín”, su autor anunció a los cuatro vientos que, a partir de entonces, las mujeres podrían inscribir a sus maridos, nomás no hubo de piña y las promesas del director se volvieron del tamaño de su apellido.

Sin embargo, diversos fallos de tribunales federales han obligado a la institución a modificar criterios que impedían o dificultaban que los esposos de mujeres trabajadoras del gobierno estatal accedieran a servicios médicos y otros beneficios de seguridad social.

Las prohibiciones establecidas en su reglamento parecían ancladas en la década de 1950, cuando se creó el organismo: el hombre es proveedor y la mujer trabaja porque quiere… o algo por el estilo.

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Uno de los casos más relevantes derivó de una acción colectiva promovida por trabajadoras del Estado, que cuestionaron disposiciones del reglamento de servicios médicos del organismo. Un juzgado federal determinó que dichas normas violaban los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

¿Resultado? Bienvenidos 4 mil 800 nuevos derechohabientes, esposos de trabajadoras… y a hacer fila, porque ya no es como antes: ahora sí está más difícil conseguir cita médica.

El detalle es que ese nuevo fallo no abrió las puertas en automático, porque cada beneficiaria debe firmar un acuerdo con Pensiones, esperar algunos meses y recibir un resolutivo a su favor para poder mandar al marido al doctor. Para entonces, el esposo enfermo ya se las arregló por su cuenta: con un particular o en el consultorio de la farmacia.

Les deseamos suerte: a los nuevos derechohabientes… y a los encargados de las finanzas de ese sobrecargado organismo, que ya cargaba un déficit actuarial superior a los 40 mil millones de pesos y ahora tendrá que estirar todavía más la cobija.