En el PAN y el PRI parece que van de Guatemala a Guatepeor en su desenfrenada búsqueda de una candidatura competitiva para la Presidencia Municipal de Juárez.
Resulta que como no despuntan las posibles candidaturas para el 2024 con militantes blanquiazules o tricolores, se les ocurrió un Plan B con perfiles empresariales que no representan otra cosa que los mismos intereses económicos de siempre.
Se trata de Álvaro Bustillos y Rogelio Ramos, parte del mismo grupo que ha coptado y capturado toda representación empresarial e interlocución gubernamental para favorecer sus intereses particulares y tratar de imponer sus proyectos de inversión, como ocurrió en el caso del fallido Centro de Convenciones.
Bustillos ya presidió en esta frontera el organismo que para funcionar recibe fondos públicos, Desarrollo Económico de Ciudad Juárez y ahora encabeza la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. También ha sido parte del Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder).
Ramos, el propietario de los hoteles María Bonita ya va en su tercer año de presidente de la Cámara Nacional de Comercio. También es parte del mismo club que monopoliza toda función consultiva en su relación con el sector público, con más razón cuando alguien de los suyos, como ocurrió con Alejandra de la Vega durante el corralato, se pone la camiseta oficial.
Son del mismo costal los Jorges Contreras, Carlos Murguías, Rogelios González o los Raúles de León. Lo mismo aparecen en Ficosec que en organismos como Fechac, donde a su conveniencia se cruzan los recursos públicos con los privados.
El caso es que de comparsas del gobierno o jalando agua para sus propios molinos, poco le han aportado a la ciudad que ahora pretenden representar.
Álvaro incluso se ha movido con giras por otros lares y en anuncios espectaculares, ya que también se llegó a proyectar como posibilidad para el Senado, aprovechando su cercanía con la gobernadora Maru Campos.
Ahora trae mucha publicidad en redes y no nada más porque le guste promocionar su actividad como presidente de la Asociación Ganadera, sino porque ya se ve que le encanta el poder político y la grilla.
Los mismos gustos y afanes los trae el presidente de Canaco, quien ya lleva rato tratando de posicionar su imagen para que en el PRIAN lo tomen en cuenta, aprovechando que sus cuadros andan todavía más devaluados que los propios dirigentes empresariales, y eso ya es mucho decir.
Y todo porque ni Marisela Terrazas, ni Rogelio Loya, ni Sergio Nevárez terminan de cuajar en el PAN, pese a la propaganda y los recursos públicos que se han destinado a su promoción personalizada.
En el PRI, ni se diga. En la lista no está formado nadie, fuera de los descocados afanes del ya dos veces alcalde, Héctor “Teto” Murguía, quien en estos momentos va por lo que sea, y por el partido que sea. De plano con quien lo cache, si es que alguien lo necesita.
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Por lo que supo este Mirone, las cosas empeorarán con el tiempo para Antonio P.C., el excoordinador de Comunicación Social durante la primera parte del quinquenio corralista, que hoy es huésped del resort de Aquiles Serdán.
Y es que debe más de las que hasta hoy le han cobrado. La Fiscalía Anticorrupción no tarda en agregarle un par de causas penales, por asuntos más gruesos que el caso de uso ilegal de atribuciones y facultades que hoy enfrenta en torno a la entrega presuntamente ilegal de contratos por 9.3 millones de pesos.
Lo que vendría tiene que ver con carpetas de investigación sobre peculado, es decir, la apropiación o uso ilegal de recursos públicos.
Falta que se terminen de integrar bien las carpetas y se amarren los casos con todas las documentales y las debidas pruebas contables y periciales, pero el caso es que no terminará el asunto de los nuevos Expedientes X, con la primera vinculación a proceso para P.C.
El examigo de Javier Corral estará por lo menos 6 meses en prisión preventiva justificada mientras se realiza la investigación complementaria sobre el caso de los 9.3 millones de pesos entregados en contratos vinculados con su pareja sentimental y su hermana, quien, por pura coincidencia, fungía entonces como directora administrativa de la Coordinación de Comunicación Social.
Los casos de presunta corrupción en el quinquenio corralista darán todavía más de qué hablar. Se sabe que el exsecretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, se sigue acomodando para aprovechar los criterios de oportunidad que le concede a ley, y la Interpol ya tiene la ficha roja para la detención del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien, como Antonio P.C., tarde o temprano caerá para ser llevado ante un juez.
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Norte Digital se subió ayer a “La Bestia”, nomás para ver cómo atraviesan los migrantes la ciudad encima de los vagones. Los cerca de mil, en su mayoría venezolanos que llegaron por la mañana, venían en ese tren desde Torreón, Coahuila. Las personas en condición de movilidad ocupaban al menos siete góndolas distintas.
En territorio nacional ya llevaban cerca de un mes, antes de llegar a esta frontera. Traían el objetivo muy claro: irse directo al bordo del río, para cruzar y entregarse en la primera oportunidad a la Patrulla Fronteriza. Ni citan traían para el CBP y la mayoría terminará retornada para sumarse a la población flotante que hoy demanda atención humanitaria, mantiene en jaque a autoridades de ambos lados de la frontera y colapsa en los puentes todo el tráfico legal.
En ese tren, desde Torreón a Juárez, no vieron ni les tocó, operativo alguno. En la ciudad, tampoco se vio movimiento oficial en el espacio que tiene Ferromex en el kilómetro 20. No existen pues los puntos de contención a los que se comprometió la semana pasada el vinculado a proceso, comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Fue jarabe de pico.
Únicamente bajarlos del tren, tampoco habla de una verdadera atención integral del problema, pero el caso es que nada ha cambiado desde que el viernes 22 de septiembre el comisionado Garduño y la gobernadora Maru Campos encabezaron en Juárez una reunión urgente para tratar la crisis migratoria.
Lo único que ha pasado a seis días de aquella encerrona, es que se ha recrudecido la guerra de declaraciones de autoridades y representantes populares, respecto a las omisiones en que incurren los distintos actores. Ya depende de si los acusadores representan al PAN, al PRI o a la 4T, a qué orden de gobierno se le cargan todas las culpas.
Lo que pasa en Juárez ya resonó hasta San Lázaro en la Ciudad de México y como el tema migratorio y la tragedia de hace seis meses ya es bandera de tipo electoral, ahora no falta quién venga desde el centro del país hasta esta frontera para tomar, aunque sea mediáticamente, esa causa.
En el Congreso del Estado, también la tensión entre Estado y Federación marcó los trabajos legislativos. Panistas y priistas acusaron un Gobierno Federal ausente y exigieron respuestas ante la crisis migratoria y la falta de presupuestos.
El Grupo de Morena tampoco se quedó atrás y luego de que la gobernadora Maru Campos dio un plazo de una semana para que se cumplan los compromisos federales del 22 de septiembre, también emplazaron a la mandataria a resolver las problemáticas de modernización del transporte, seguridad y educación.
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Y ya que hablamos de polarización política, este viernes se vuelve a calentar el conflicto por los libros de texto gratuitos.
Los maestros federales dejarán las aulas. En lugar de participar en los consejos técnicos de cada fin de mes, saldrán a las calles a protestar para que se entreguen los libros elaborados por la SEP.
Habrá movilizaciones por todo el estado, pero la caravana magisterial que corresponde a Ciudad Juárez tendrá como punto de encuentro el distribuidor vial del kilómetro 20.
Desde ese lugar, la caravana tomará a las 10:30 horas toda la Tecnológico y Paseo Triunfo para luego irse hasta las oficinas de Pueblito Mexicano.
En la capital del estado el punto de encuentro será el parque El Palomar. A los profes se suman los integrantes de la Alianza por un Estado Laico (Adela). Ahora sí que la Sección Octava del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), sigue endureciendo su posición contra las autoridades estatales.
Mientras eso pasa en Chihuahua, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver la controversia constitucional que interpuso el Gobierno de Chihuahua para suspender la distribución de los libros.
Las presionas en este tema, también son nacionales, además de locales.