Un tema que tendrán que abordar los jefes policiacos con los jefes políticos en la mesa de seguridad de este lunes tendrá que ser, sin duda, la recompensa de 20 millones de dólares que ofrece el Departamento de Estado de los Estados Unidos a quien aporte información que lleve a la captura de 4 líderes del cartel de Sinaloa que operan en Chihuahua, con todo lo que ello implica para los índices de violencia de la entidad.

El tema no tendría mayor trascendencia si no fuera porque se trata del hermano mayor de El Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, así como de los hermanos Ruperto “El 37”, José “El Ché” y Heriberto Salgueiro Nevárez, “El Cuate”, todos ellos acusados de asociación para distribuir marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, principalmente este último.

Por eso, una de las principales acusaciones del Departamento de Justicia se enfoca en el tráfico de fentanilo, la droga química responsable de más del 63 por ciento de las 96 mil 779 muertes por sobredosis en Estados Unidos, registradas entre marzo de 2020 a la fecha.

La recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los narcos, que pagarán con fondos del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Estado, provocará traiciones y despertará la tentación de los rivales del cartel de Sinaloa; La Línea y sus aliados del cartel Jalisco Nueva Generación, que se disputan el territorio de la zona noroeste y el sur de la entidad, así como la plaza de Ciudad Juárez.

Los Salgueiro son hermanos de Noel “El Flaco” Salgueiro, quien fue detenido por el Ejército en 2011 en Culiacán, Sinaloa, y extraditado a los Estados Unidos en diciembre de 2019.

El Flaco era un despiadado sicario de todas las confianzas de El Chapo Guzmán. Fue agente de la desaparecida Policía Judicial del Estado y cuando estalló la guerra de los carteles de Juárez contra el de Sinaloa, formó, con pandilleros de los Mexicles y Artistas Asesinos, el grupo Gente Nueva que se enfrentó a La Línea, el brazo armado del cartel de Juárez.

Los informes de seguridad controlados, que filtran los agentes federales estadounidenses, son tiros de dos bandas:  por un lado buscan desestabilizar a las células criminales que controlan El Guano y los Salgueiro, calentándoles todas las plazas que controlan para que sus propios integrantes los traicionen; y por otro, alientan a los grupos rivales a una intensa cacería sin cuartel.

En ambos casos, la estrategia gringa se puede traducir en otro baño de sangre en la entidad, con daños colaterales contra personas inocentes, como siempre ocurre. Por lo mismo, la mesa de seguridad estatal debe tomar acciones preventivas para proteger a la población civil, que es la que al final de cuentas se lleva la peor parte en la guerra de los carteles.

En la nueva guerra que se viene, se pondrán a prueba los nuevos mandos policiacos de Seguridad Pública del Estado y del Municipio, pero no para perseguir a los 4 que ya valen 400 millones de pesos, y que por lo mismo, tendrán muchos voraces perseguidores, sino para mantener a salvo a los ciudadanos ajenos al crimen organizado, en todas aquellas poblaciones donde los Chapos tienen presencia.

………………

A propósito de malandros y traiciones, le informaron a Mirone que la próxima semana será relevado el jefe de la Policía Estatal en Juárez, Ricardo Realivázquez Domínguez, quien no pasó la prueba del ácido por las denuncias que tiene en su contra en asuntos internos.

Ricardo Realivázquez, quien ocupa la dirección operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en la frontera desde mayo del 2020, ha sido un jefe policiaco muy ruidoso y mediático.

Ha sido acusado de abuso de autoridad y de violar los derechos de los detenidos, ha recibido amenazas de grupos criminales en mantas colgadas en sitios públicos y hasta un ataque a balazos con armas de alto poder por parte de sus propios elementos, cuando supuestamente lo confundieron en un operativo.

Con la llegada, a finales de octubre, del nuevo titular en el estado de la Policía Estatal, José Simón Esparza Peynado, este comenzó por revisar los informes del trabajo desempeñado por Realivázquez, pero también las carpetas de investigación por denuncias en su contra que existen en asuntos internos.

Junto con el polémico Ricardo, se van dos de sus mandos de más confianza, los comandantes de apellido Parada y Soto, quienes tampoco pasaron el escrutinio de Esparza Peynado.

Ya se habla que en sustitución de Realivázquez llegará un viejo policía juarense, con más de 20 años de servicio en el mundo policiaco, que actualmente está jubilado, pero quiere regresar a las calenturas del bajo mundo.

Nomás que a los jefes que no se les pase el tiempo en probar nuevos mandos, porque la situación en materia de seguridad pública no está para improvisaciones ni novatos, y mucho menos con la guerra que viene contra los “valiosos” cabecillas del cartel de Sinaloa.

………………

¿Por qué no han dado la cara las autoridades fitosanitarias federales ni estatales, para aclarar de una vez por todas si la cebolla producida en Chihuahua fue exportada o no con la bacteria de la Salmonella Oranienburg, que enfermó por lo menos a 650 personas en los Estados Unidos?

Hasta ayer, las autoridades responsables de la sanidad vegetal en la entidad seguían titubeando en el informe que han reclamado los productores afectados, con el cierre de la frontera a la cebolla chihuahuense.

Nadie ha salido a medios a mostrar el informe definitivo que compruebe que el tubérculo exportado iba libre de esa bacteria, por la simple razón de que no existe. Solo han estado ganando tiempo para que el problema se enfríe y evitar una crisis como la del agua.

Por eso no se cansan de cantinflear un día sí y otro también para decir que no hay evidencia, pero que se está investigando; que la cebolla se cosechó en otro estado, que se contaminó en algún punto de la cadena de la comercialización, que no tiene problemas, pero se va a establecer un plan de trabajo para ofrecer mayores garantías sobre su inocuidad.

Todo se ha dicho, pero en los hechos que importan a los productores, las autoridades estatales y federales no han mostrado los resultados de los exámenes de laboratorio que supuestamente se realizaron.

La satanización de la cebolla de la entidad ya ha producido pérdidas por cientos de millones de pesos a los agricultores del centro del estado, que han visto que su producto dejó de venderse hasta en el mercado local por la simple sospecha de que está contaminada, hecho que las autoridades tampoco han desmentido con la firmeza debida, a pesar del reclamo que por diferentes vías han realizado los campesinos.

No es de esperar que esa respuesta al problema venga de la Secretaría de Desarrollo Rural, pues su titular, Lilia Merodio, es neófita en el tema del campo y de la tierra solo conoce la de las macetas.

Por lo mismo, resulta inútil que el diputado panista Ismael Pérez Pavía haya declarado que hizo contacto con Lilia Merodio para esclarecer el asunto mediante los “estudios adecuados”.

Pérez Pavía no precisó cuál fue la respuesta concreta de la política priista, ni el tipo de “estudios adecuados” que supuestamente se comprometió a realizar dicha dependencia estatal, que, de entrada, no tiene capacidad ni autoridad científica para emitir un dictamen de esta naturaleza. Pero al fin política de largos incisivos, Lilia sabe que prometer no empobrece.

No obstante, el inocente legislador se ha mostrado complacido por el diálogo que supuestamente existe entre la federación y el estado para resolver el problema, y lo sube a tribuna como si se tratara de una solución, cuando hasta ahora, el asunto no pasa de simples declaraciones y buenas intenciones, que no ayudan a la maltratada economía de los cebolleros de Chihuahua.

Los productores saben que el problema se resolverá cuando las autoridades norteamericanas quiten las restricciones a la exportación de la cebolla, no antes, porque es en el mercado de los Estados Unidos donde logran buenas ganancias.