Comienza a intensificarse la guerra de las encuestas y una de ellas, particularmente la de Massive Caller, muy identificada con el Partido Acción Nacional, sigue posicionando en los primeros lugares de aprobación de presidentes municipales del país a Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, mientras que al de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, lo coloca en la posición 31, aunque le reconoce un crecimiento importante en los niveles de percepción en diciembre.
La encuestadora en cuestión, hace las mediciones mediante grabaciones telefónicas robotizadas, y en su sitio admite, al final de las encuestas y con letra pequeñita, que tienen una tasa de rechazo del 95 por ciento.
La observación viene al caso porque a diferencia de Massive Caller, otra casa encuestadora más prestigiada, como es Consulta Mitofsky, en la publicación de los resultados de la medición de diciembre, ubica al alcalde de Juárez en el tercer lugar a nivel nacional, entre los alcaldes mejor posicionados que gobiernan municipios con más de un millón de habitantes, con una calificación de 54.7 por ciento.
Cruz se colocó debajo de los alcaldes de Querétaro y Guadalajara y arriba del de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.
Pero no solamente en esa medición el munícipe juarense mantiene una buena calificación en opinión pública, sino también en otra encuesta de Mitofsky sobre alcaldes de la frontera norte, también de diciembre, donde ocupa la cuarta posición, arriba de sus homólogos de Tijuana, Mexicali y Reynosa, ciudades con problemática similar a la de Juárez.
Estas mediciones son realizadas con rigor metodológico, a diferencia de las de Massive Caller, que no incluye métodos de estimación de resultados y así lo dice textualmente en sus reportes.
La valoración y comparación de ambas consultas de opinión, solo revela que el alcalde de Chihuahua sigue urgido por mantenerse como líder en el ánimo de los chihuahuenses y por ello se manda hacer trajes a la medida en la casa encuestadora azul.
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Ni con melón ni con sandía, dijo terminante, aunque, con otras palabras, Hellen García, la dirigente estatal de la organización civil Avanzada Nacional, que realiza proselitismo en favor del canciller Marcelo Ebrard, al ser cuestionada sobre si está trabajando con alguno de los dos diputados federales que se disputan la representación del presidenciable en Chihuahua, Miguel Prado de los Santos o Maite Vargas.
“Nosotros seguimos trabajando solos, de manera independiente, y esperaremos alguna instrucción de la Ciudad de México porque somos institucionales”, dijo la dama.
Hellen consideró, que hay mucha confusión después de que oficialmente se dio a conocer el nombre del diputado chiapaneco Prado de los Santos como el delegado de Ebrard, y salió la diputada Vargas a desmentir la información y asumir ese rol.
Dijo que en Avanzada Nacional son respetuosos de las decisiones que se tomen en el centro de operaciones del proyecto marcelista en la Ciudad de México, y se mantendrán al margen para no entrar en conflicto con nadie.
Su postura sobre el tema desmiente a la diputada Maite Vargas, quien en días pasados aseguró que ya estaba trabajando coordinadamente con esta organización.
Una muestra del trabajo que lleva Avanzada Nacional en el Estado, es que ya se les han sumado organizaciones de maestros y de pensionados, y comenzarán en breve con foros de mujeres y jóvenes, para sumar más chihuahuenses al proyecto.
Hellen habló con este columnista momentos después de terminar una reunión con los dirigentes de los transportistas de Juárez, Raúl Rodríguez, Rubén Vega y Carlos Hernández, quienes también se sumaron a la avanzada en favor de Marcelo.
“Esta es nuestra tarea y así seguiremos invitando gente, independientemente de lo que hagan en Morena”, concluyó.
De esta manera Maite se queda descobijada de la importante organización civil, que más tiempo lleva trabajando en el proyecto presidencialista en la entidad, pero principalmente en Juárez, donde tiene el mayor número de seguidores que no pertenecen a Morena.
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La población de Nuevo Casas Grandes está realmente asustada, porque en tan solo 3 meses, 11 personas han sido reportadas como desaparecidas, sin que la autoridad investigadora tenga pistas de su paradero, mientras las familias viven angustiadas.
Se trata de 10 hombres cuyas edades van desde los 18 a los 36 años de edad y una mujer de 48, todos ellos residentes de este municipio del noroeste del estado.
Las desapariciones comenzaron desde el 1 de octubre del año pasado con los casos de los hermanos Ramón y David Cajigas, y la última se registró en la primera semana de enero de este año, cuando el joven Humberto Cruz González de 24 años fue visto por última vez.
Los registros de la Fiscalía General del Estado, zona norte, revelan que en octubre del 2022 hubo 4 desapariciones, en noviembre 3, en diciembre otros 3, y al inicio del año 1.
En las redes sociales de habitantes de aquel municipio abundan los comentarios en el sentido de que en la mayoría de los casos se trata de levantones realizados por miembros del crimen organizado y por lo mismo, las autoridades no les dan seguimiento y solo los utilizan para engrosar las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Llama la atención que siete de los desaparecidos o levantados son jóvenes que no rebasan los 30 años de edad, dato que supera el promedio nacional de hombres desaparecidos en el rango de 30 a 40 años de edad.
Otro dato significativo también, es que la tasa promedio de desapariciones registrada en el país es de 8.5 personas por año, en poblaciones de 100 mil habitantes, lo que hace más alarmante la cifra de 11 casos reportados en tan solo tres meses el municipio de Nuevo Casas Grandes, que tiene 67 mil habitantes, según el último censo del 2020.
Algo efectivo tienen que hacer los agentes ministeriales encargados de las investigaciones, para dar con sus paraderos, y no precisamente ir a buscarlos a las ruinas de Paquimé, donde suelen mantenerse turisteando.
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Ni el reembolso del dinero ni la autorización para que se los tomen en cuenta en el pago de las cuotas de inscripción, les han dado las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado y la Dirección del Colegio de Bachilleres, a los 200 padres de familia que desde el mes de agosto del año pasado pagaron los caros uniformes “fashion” que no usaron sus hijos.
Por esa razón siguen muy encabritados y amenazan con tomar otras medidas, como denuncias penales, para les regresen el dinero que gastaron inútilmente.
Los 200 padres de familia, que han sido apoyados en el Congreso del Estado por la diputada juarense Rosana Díaz, han agotado todas las vías para recuperar los 2 mil 300 pesos que pagaron por cada estudiante, e incluso llegaron a proponer que ese monto se les acreditara en el pago de inscripciones de este nuevo ciclo escolar, pero tampoco se los aceptaron.
“Los de Educación y los directivos del Cobach le echan la pelotita a la empresa proveedora, Uniformes de Chihuahua, y esta se las regresa”, dijo ayer la diputada de Morena.
Ya son casi siete meses de lavarse las manos con dinero que no les pertenece y eso, aquí y en China, representa un robo, ni más ni menos.