Le comentan a Mirone que el ataque armado que se registró el domingo pasado en el bar Viejo Oeste, de las calles José Borunda y Uruguay, donde resultaron tres personas muertas y 4 heridos, tiene todo el sello del grupo criminal de Los Aztecas.

Las versiones que se escuchan en las filas de la Policía Municipal y Estatal coinciden en que los autores de la masacre son criminales del grupo que se hace llamar Azteca Vieja Escuela, enemigos del grupo La Línea.

Inmediatamente después de que ocurrió el atentado, los ministeriales que atendieron el caso lo justificaron inventando que entre las víctimas se encontraba el líder de un grupo criminal de La Línea, pero esa versión se les vino abajo cuando se supo que se trataba de gente trabajadora y de deportistas, sin antecedentes penales ni corridos de malandros.

Ahora la versión cambió radicalmente, al soltar la especie de que Los Aztecas old school confundieron a las víctimas con miembros de un grupo rival, lo cual tampoco debe servir de justificación para que no se persiga y detenga a los asesinos.

Por menos que un evento de esta magnitud, en años pasados recientes se caían comandantes y fiscales, y con más razón cuando los muertos eran personas inocentes.

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Como ratones cuando no está el gato, así andan en la Fiscalía Zona Norte, ahora que mi Lord Jesús Manuel Carrasco no está asistiendo a las oficinas porque se encuentra aislado en su domicilio por resultar contagiado de Covid-19.

Los más irónicos dicen que su ausencia se nota, y mucho,  por el hecho de que el personal no anda tan estresado, como ocurre cuando mi Lord está en la Fiscalía y cuando todo mundo le anda sacando la vuelta, por cremoso, gruñón y desconfiado.

Sería muy interesante que alguien de la Fiscalía General se acomidiera a medir resultados y eficiencia del personal cuando está Carrasco presente y cuando se ausenta, porque se darían cuenta del clima laboral  tan distinto que prevalece en ambas condiciones.  

Claro está que los empleados de la Fiscalía no aspiran a centros de trabajo tipo Google, con mesas de billar, duchas y salones de descanso, pero desearían, cuando menos, un ambiente laboral positivo, donde se les motive y no donde siempre se les tienen la bota al cuello bajo la amenaza de que podrían ser despedidos en el momento menos pensado.

Es bien sabido que los agentes del Ministerio Público y los policías ministeriales rezan de vez en cuando, sobre todo en los momentos de trabajo peligroso, pero ahora lo hacen con más fe y enjundia para que, a su regreso a las oficinas, el Lord llegue con otra actitud hacia el personal.

Tremenda petición para el creador, sin duda alguna, pero por algo dicen que la fe mueve montañas y pudiera mover, probablemente, el ortodoxo y arcaico sistema de evaluación que Carrasco usa para medir el desempeño de sus subalternos, donde todo le sale negro.

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Las autoridades de Transporte Público siguen pateando el bote en un tema fundamental para la ciudad: el óptimo funcionamiento de la primera ruta troncal o BRT-1.

Públicamente, en rueda de prensa, le volvieron a sacar la vuelta al pésimo servicio y al incumplimiento de los acuerdos de la empresa transportista Intra. Norte Digital cuestionó concretamente respecto a qué se va a hacer para que el servicio se preste con los camiones adecuado y en el carril confinado, como debe de ser.

No hay que olvidar que el caos se desató cuando se le permitió a la operadora meter temporalmente camiones viejos por el carril derecho, mientras arreglaba unidades o solucionaba de fondo el problema de los camiones que se compraron a Dina para el transporte semimasivo.

Intra pidió dos meses, pero resulta que ya lleva medio año haciendo lo que se le da la gana. Hasta dos tipos de camiones viejos metió por las vialidades de la ruta, y todo sin usar, desde luego, el sistema de recaudo.

Así que nadie sabe a ciencia cierta cuánta lana ha entrado a la empresa y menos se conoce si se ha utilizado para resolver la bronca de los camiones originales. Aquella flotilla de 60 se redujo a menos de diez unidades, porque Intra se declaró insolvente o incompetente para echarlas a volar, alegando que venían muy chafas de fábrica en sus transmisiones.

Ese era entonces un problema de la operadora con la empresa Dina, pero las autoridades les echaron una manita, y los transportistas, liderados por Raúl Rodríguez, dijeron “de aquí soy”, se tomaron el pie y hasta el cuerpo entero.

El caso es que hoy les tiembla a los responsables de Transporte para meter en cintura a los poderosos transportistas, que dejaron prácticamente en cero lo poco que se había hecho para el mentado sistema semimasivo.

Ni Ricardo Tuda, el director Estatal de Transporte, ni Gabriel Valdez, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (de donde se supone depende Transporte por aquello de separar lo técnico de lo político) quisieron abordar el tema.

De lo que sí hablaron no nada más dos, sino cuatro funcionarios estatales, fue de un donativo de 600 mil cubrebocas que, por gestión del Club Rotario Juárez Ejecutivo, realizó la empresa Cummins, en favor de los juarenses.

Para eso era la conferencia de prensa. Una acción digna de reconocimiento sin duda, aunque parece que se les pasó poquito la mano a los organizadores estatales, ya que además de Tuda y Valdez, participaron el representante de la gobernadora, Oscar Ibáñez y el subsecretario de Educación, Maurilio Fuentes.

Además, hablaron los representantes de Cummins, de la Fundación Pedro Zaragoza, de los rotarios y hasta el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que ahora sí fue invitado al Pueblito, no como en la pasada conferencia, cuando se hablaría de acciones ante el crecimiento de contagios por Covid-19.

De alguna manera se le daba seguimiento ayer a la conferencia anterior, cuando no quedaron muy claras las acciones de vigilancia y de control de aforos y se cuestionó por la falta de apoyos oficiales para hacer frente a la pandemia.

Por cierto, tampoco ayer quedó definida la logística de entrega de los 600 mil cubrebocas. Lo único claro fue que una vía de distribución será el transporte público para llegar directamente a los usuarios. El alcalde dijo que apenas se analizaría qué mecanismos utilizar para bajar los apoyos.

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“Además de no ser ratificado como juez por el Consejo de la Judicatura, ahora deberá enfrentar varios procesos penales. Que conste”, así se refiere en sus redes sociales el exauditor superior del estado, Jesús Esparza Flores, al abogado Uriel Samuel Mendoza, que ahora confiesa, casi casi pidiendo clemencia, que fue presionado para que actuara como juez de consigna en los Expedientes X, particularmente contra Maru Campos, a quien  habría vinculado a proceso por instrucciones de Javier Corral y sus inquisidores.

Esparza Flores denuncia que el exjuez libró en aquellos aciagos días de la persecución corralista, ordenes de aprehensión contra sus hijos, que eran ajenos a la función que él desempeñó al frente de la Auditoría Superior, en el sexenio de César Duarte.

“El juez está reconociendo los hechos que la ley considera un delito. A confesión de parte, relevo de pruebas” cita en su muro de Facebook.

Jesús Esparza, que ha revelado en varias ocasiones su intención de generarles causas penales a todos los que participaron en la farsa de los Expedientes X para llevarlo a prisión, dijo que Uriel Samuel Mendoza cometió además delitos del orden federal, al rendir falsos informes ente jueces de distrito negando el hecho de que solicitó ordenes de aprehensión contra sus hijos. “Le esperan  diversos procesos, de mi familia y muchos más” termina citando el exfuncionario estatal.

Lo cierto es que al exjuez Uriel, así como a otros protagonistas del poder judicial y de la Fiscalía General del Estado del corralato, les van a faltar manos para revisar todas y cada una de las denuncias que se están armando en su contra y que comenzarán a ser presentadas en los próximos días.

Por lo pronto, aunque ahora trate de desmarcarse diciendo que lo obligaron a torcer la ley, Uriel se queda sin chamba y con una avalancha de acusaciones encima que este año lo pueden convertir en un distinguido inquilino de San Guillermo.

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Quien también reculó públicamente de su iniciativa, fue la regidora Alma Arredondo. Ya no sabe Mirone si llamarla panista, morenista o independiente, pero el caso es que, en la sesión ordinaria de ayer, literalmente pidió bajar su propuesta que se iba a someter a votación.

La edil había armado revuelo en la sesión previa de Cabildo, cuando propuso atorarle al tema del uso del escudo oficial municipal, para ya no permitir que en cada administración se inventen logos y se juegue con la imagen institucional, para fines meramente propagandísticos.

Los morenistas le habían anticipado que harían el mayoriteo en contra, pero como el alcalde Cruz Pérez Cuéllar anda más o menos en esa misma sintonía, en cuanto al uso único del escudo municipal, finalmente hubo atorón y negocia para después sacar algo con todos los consensos.

En la previa, hasta de plagio la habían acusado los regidores morenistas, precisamente porque sabían del interés del alcalde en el tema. A ver en qué queda el entuerto, que también pasa por el pleito que Alma Arredondo trae con los ediles de la fracción blanquiazul, su bancada de origen.

Se supone que habría agarrón en ese tema ayer, pero quienes esperaban sangrita se quedaron con las ganas. Así que la sesión ordinaria de Cabildo se sacó fast track.

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El diputado Benjamín Carrera va con todo para frenar el replaqueo que el Gobierno del Estado metió dentro del paquete de “rescate financiero”.

Pegó con tubo su petición en la plataforma change.org, por lo que ya se acercan las 15 mil firmas de inconformes con pagar por placas, además de la revalidación vehicular, justo en un el inicio de un año que no pinta bien para las finanzas de miles de familias.

La meta son 30 mil firmas, y aunque lo que ahí se alcance no es vinculante para la autoridad, sí es una muestra clara de inconformidad.

De cualquier forma, el legislador morenista y su bancada en el Congreso del Estado alistan de manera paralela los recursos legales que sí pueden surtir efecto contra el paquete que fue aprobado ya por mayoría en el Legislativo estatal.