Es impredecible pero nada positivo lo que pueda ocurrir en nuestro país en los siguientes días, semanas y meses. El caso de Tlatlaya que profusamente analizamos en este espacio el pasado domingo podrá quedarse en lo mediático como un hecho policiaco, como un exceso de militares contra las decenas de jóvenes fusilados.
Muchos casos similares de los que ha sido testigo Ciudad Juárez en particular y el estado de Chihuahua en general, quedaron como testimonios en la hemerografía del horror pero no pasaron de ahí.
En lo más oscuro de los sótanos del Poder Judicial han quedado las investigaciones sobre los levantones, asesinatos e incineraciones de militares de Ojinaga contra una gran cantidad de personas de la región. Las diligencias contra generales de alto rango quedaron en el olvido. Tlatlaya, Estado de México, para allá va. Ni un pelo se le ha movido al jefe de las fuerzas militares del país, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Ayotzinapa, estado de Guerrero, tiene ingredientes potencialmente corrosivos para el sistema político nacional, más allá de los 120 mil muertos de la guerra contra el crimen organizado de Calderón.
El domingo pasado iniciamos el análisis del tema. Hoy lo continuamos porque las implicaciones y consecuencias de aquellos hechos han ido adquiriendo tonalidades de alarma para la estabilidad del país, para los intereses del PRI con Los Pinos en sus manos y para el sistema partidario en general.
Hasta ayer ha quedado claro que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no halla para dónde moverse. “La salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es una definición propia de aquella entidad”, dijo titubeante.
Hasta el momento hay varios jóvenes asesinados en el momento que policías de Iguala y supuestos sicarios al servicio del crimen organizado los atacaron porque secuestraban camiones de servicio público para sus manifestaciones de costumbre.
Ahí mismo fueron levantados y desaparecidos otros 43 muchachos que participaban en los mismos hechos, todos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, municipio de Iguala.
A lo largo de la semana las protestas estudiantiles en Guerrero crecieron y se han multiplicado al menos por diez ciudades del país. En aquella entidad quemaron la sede del Palacio de Gobierno y varias sedes administrativas públicas más.
La renuncia de Aguirre es cuestión de horas, o de días. O pudo ser ayer por la tarde–noche cuando esta columna era entregada a redacción. La tardanza para tomar la decisión, en el nivel que sea tomada, no la detendrá. El gobernador es ya un cadáver político al que le irá peor que a Granier y Moreira.
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Poniéndonos en los zapatos de políticos oficialistas, si bien las protestas en la nación han alcanzado apenas a diez ciudades como ellos argumentan para bajar importancia al tema, el enojo y la indignación masiva ha invadido las redes sociales en toda la República y –deciamos al principio– es impredecible lo que vaya a ocurrir en la calle y en todo el entramado político del país debido a la desaparición de los 43 jovencitos. Podemos interpretar algunos escenarios:
–Si no los encuentran las protestas seguirán indefinidamente. Caerá Aguirre, pero no consideremos remoto que caiga Peña Nieto.
–Si los encuentran vivos, dónde están y quién o quiénes los tenían.
–Si los encuentran muertos, en qué condiciones están sus cuerpos, y quién o quiénes ordenaron la aberración.
–Los estudiantes fueron atacados y secuestrados en lugares públicos. No queda duda sobre la participación de los policías, ni tampoco de individuos ajenos a las corporaciones policiacas que se presume forman parte de bandas del crimen organizado en la región de Guerrero. Hasta qué niveles del gobierno municipal, estatal y federal hay lazos?
–Aquella entidad ha sido golpeada por la violencia y la pobreza desde hace décadas. Los políticos y los criminales se han encargado de “cuidar” las zonas turísticas pero de ahí en fuera es un desastre. La mayoría de los estudiantes desaparecidos, y miles más, tienen como hogar las zonas más descuidadas por los responsables de los presupuestos públicos.
–Es también obvio que esos estudiantes y otros muchos están convertidos en activistas de izquierda con fuertes lazos por todo el país y en muchos países del extranjeros.
El gobierno “estatal” con mayores recursos en el país, el Distrito Federal, es manejado por la izquierda desde 1988. Nadie, a su manera, se está quedando con los brazos cruzados, pero están esperando el desarrollo de los acontecimientos en los siguientes días para dar los pasos correspondientes. La afinidad ideológica es afinidad política.
Por hoy, los políticos de izquierda que participan de las mieles de la partidocracia afianzada en el Pacto por México no han ido más lejos de sumarse a la condena generalizada por los deleznables hechos, pero llegará el momento que sus “bases” los empujen a la acción si desean conservar sus puestos o pensar en un mejor futuro; dependen del voto de la izquierda. Por ello, aunque sutilmente, ya han aceptado la exigencia para que sea separado de su cargo Aguirre Rivero, un gobernador con las siglas del PRD, pero grotescamente chapulín del PRI.
Desde todos los rincones del país, también los gobernadores de las entidades federativas han sido “cautos” en el extremo respecto de los sucesos, y habrá incluso los que estén esperando que la crítica le mueva un pelo al copete de Peña Nieto para saltar sin pensarla a defenderlo –como ocurrió en Chihuahua con el episodio Perry– pero también deben ir pensando en la posición que adoptarán. No es tan simple como decir que aquel es un problema del estado de Guerrero; sean de extracción priísta, o panista.
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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, dijo el viernes que los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa son una prueba significativa para el estado mexicano y sus instituciones. El hecho –Ayotzinapa– es de tal gravedad que estamos ante un escenario de desaparición forzada y le da una específica responsabilidad al estado… por unanimidad, la Comisión ha otorgado medidas cautelares en el caso de Iguala en lo que se refiere a la búsqueda de los 43 desaparecidos y también ha pedido al estado protección medidas de protección para los que están heridos”.
Esto es, la CIDH no está hablando del municipio de Iguala como responsable, ni que “la definición” es de Aguirre, como dijo Peña Nieto, sino del “Estado mexicano”; y en nuestro país quien manda en el Estado mexicano es el presidente de la República, aunque nos duela mucho. Un cabildo, un congreso estatal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, etc., tienen como su máxima autoridad al presidencialismo. El titular de ese presidencialismo tiene nombre y apellido en el país de “la dictadura perfecta”.
En términos similares de exigencia se ha referido el Sistema de las Naciones Unidas en México. “Está –el sistema– profundamente conmovido por lo ocurrido y se une respetuosamente a la zozobra de las familias, el dolor de los deudos y al clamor de la ciudadanía para que se encuentre con vida a los desaparecidos, con una respuesta pronta y vigorosa de las autoridades en el marco del respeto de los derechos humanos», ha dicho en un comunicado.
16 diputados miembros del Parlamento Europeo han sido más enfáticos. Firmaron un documento sobre el tema que va más allá de la exigencia para el esclarecimiento de los hechos. Piden no dar más pasos en los acuerdos comerciales con México ante la situación de los derechos humanos.
“Le instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala, Guerrero y (para) sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa”, le piden al gobierno mexicano.
En el nivel internacional observan con meridiana claridad la gravedad de los hechos. Una sola desaparición de un estudiante moviliza a todo un país en otras latitudes, y hacen responsable de su seguridad no sólo al policía del sector sino a todo su entorno, que incluye las estrategias de vigilancia “mínimas” acordadas en un cabildo, hasta las máximas decretadas para protección de toda la nación.
No tardará mucho para que los presidentes de otros países emitan también posicionamientos sobre lo que acontece en Guerrero; esperemos que no sean de condolencias, porque la condolencia implicaría el cuestionamiento de cualquier tipo.
Peña Nieto está colocado en un trance inédito para los escasos meses que han transcurrido del sexenio. La “gobernabilidad” en su estilo está por caer convertida añicos.
No terminan de apagarse los fuegos artificiales ni de caer todavía el confeti lanzado por las “grandes reformas estructurales del país” cuando se presenta este hecho que dibuja nítidamente nuestra enorme vulnerabilidad como país atenazado entre la delincuencia organizada metida hasta el tuétano en las instituciones públicas y un sistema de partidos que representa intereses económicos y familiares, no a la sociedad.
Lo de Ayotzinapa puede ocurrir en cualquier parte del país, en cualquier momento. La pobreza de Guerrero la tenemos aquí en Juárez, o en el municipio más pobre del país, como ha sido catalogado varias veces el chihuahuense Batopilas. Repetimos, la inseguridad es la misma aquí que allá, y prácticamente en toda la república. Las características distintas del ataque a los estudiantes en Iguala, y la propia filiación de los estudiantes, es lo que coloca a Peña en una situación de extraordinaria fragilidad. Ya lo veremos si no toma medidas emergentes y eficaces.
En el PAN hay recomposición de grupos
Todavía no sabemos si en el Partido Acción Nacional (PAN) juarense definitivamente hay elección de su dirigente. El actual líder de dicho órgano, Hiram Contreras, interpuso ante los órganos electorales constitucionales una queja contra la elección de presidente, porque considera que él debe permanecer nueve meses en su cargo.
Si los órganos jurisdiccionales le dan la razón a Hiram, quizá simplemente se suspenda la elección programada para el nueve de noviembre, de lo contrario se van de frente los candidatos con sus respectivas campañas.
Y aunque la elección está con algo de duda, lo que sí puede decir Mirone con toda certeza es que el blanquiazul fronterizo está sufriendo una recomposición fuerte de sus grupos y fuerzas, reflejada en la integración de las planillas que se registraron hasta el viernes.
No vamos a detenernos para nada en la planilla del doctor Nicolás Montelongo López porque es un grupo muy pequeño y todo indica que sus integrantes se anotaron sólo para negociar. No tienen la menor posibilidad de incomodar a los otros candidatos.
Entonces, el primer dato muy interesante es que los que apoyaron a Mario Vázquez para su reelección en el PAN estatal, se repartieron en 3 planillas a pesar de la línea que el propio Vázquez pretendió bajar a favor de
Jorge Espinoza, quien encabeza el oficialista plan A de la dirigencia estatal.
La contienda arranca a tres tercios en la distribución de fuerzas. El que se observa más rezagado de estos es el compadre del ex alcalde chihuahuita priísta, Marco Adán Quezada, Sergio Madero.
Los panistólogos consideran que si hoy fuera la elección, la competencia estaría entre las planillas encabezadas por el escritor y dramaturgo, Hedeberto “Pilo” Galindo y Jorge Espinoza, debido precisamente a que Madero si bien está entre los planes del estatal, aparece en el plan B.
Entre los nombres que integró Espinoza en su planilla están los representantes de Mario Vázquez: María Valadez, Carmen Moreno Jáuregui (mamá del coordinador parlamentario del Congreso del Estado, César Jáuregui y Víctor Talamantes; además de un par de empleados de la diputada Daniela Álvarez que laboran en su oficina de enlace en Juárez. Daniela obedece sin chistar a Mario Vázquez, hasta ahora.
En esa planilla le dieron espacio a María Antonieta Pérez Reyes con el doctor Ernesto Morán. Del Dhiac–Yunque están Rubén Trejo, Abelardo Valenzuela. El propio Espinoza es un afiliado yunquista.
El senador, Javier Corral, perdió al diputado local Rogelio Loya que está ya encarrerado en busca de la candidatura a alcalde. Loya metió a Sergio Acosta como secretario general en la planilla de Espinoza. Le dicen a Mirone que Rogelio estaría regresando desde hace tiempo a sus filas de origen, el Yunque, nomás que con distinto pseudónimo.
La planilla de Sergio Madero (también dhiaco) está integrada fundamentalmente por corralistas poco conocidos y de escaso arrastre: Lolita Juárez, Daniela Luévano, Víctor Sandoval y Andrés Morales
También quedó ahí una dhiaca joven de nombre Marisela Terrazas. Le dio un buen bajón a la estrategia de Vázquez–Jáuregui–Espinoza, llevándose a Vicky Álvarez como secretaria general que, junto con Fernando Jáuregui (hermano de César pero muy cercano de Vicky y Víctor Uribe, afiliaron a un buen número de personas que ahora están impugnadas por Hiram Contreras.
Es posible que Madero busque declinar antes de la votación por aquello de que ahora se definen los resultados en la primera ronda (antes eran dos y hasta tres rondas, lo que permitía cochupos inimaginables) pero sus apoyadores corralistas no pasarían ni por asomo al equipo Vázquez–Espinoza–Dhiac.
La planilla de “Pilo” Galindo quedó muy plural, con panistas de todos los grupos y por lo tanto reflejada la recomposición. Está por ejemplo el galindista Jorge Domínguez pero también Marco Quevedo, quien ha trabajado para galindistas pero mucho también para las causas de Clara Torres. También pasaron a su planilla las corralistas profesora Landeros y Lupita Castro. Las crucistas Alicia Díaz y Corina Arámbula. Arturo Ayala metió a Martha Gómez del Campo.
Hiram Contreras metió a David Rodríguez, con lo que la estrategia de Mario Vázquez sufrió otra fuerte baja, pues Hiram prácticamente convirtió a Vázquez en dirigente estatal con los votos que le aportó desde Juárez
La mescolanza pues es tremenda. La recomposición es entre sus principales figuras e igual es hacia abajo. Mientras transcurre el corto tiempo que resta hacia la elección seguro habrá más sorpresas en esa capirotada blanquiazul.