El Gobierno del Estado y el Gobierno Federal están obligados a responder contundentemente al ataque criminal que arrebató la vida al comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alejandro Domínguez Cabriales y a su escolta Gil Manuel Malo Solano; así como al agente federal de Migración que fungía como representante de la región noroeste, Lorenzo Gabriel Pico Escobar y dos civiles más.

Nada valen en estos momentos declaraciones de condenas oficiales por medio de comunicados de prensa, que suelen quedarse en palabrería vana, sin las acciones y los resultados que la comunidad verdaderamente espera.

Con los hechos ocurridos la tarde del viernes en la carretera Janos-Ascensión, el crimen organizado vuelve a demostrar la captura de territorios y de instituciones públicas, en donde decide quién pasa y quién no, quién debe vivir o quién merece morir, ya sea por mantener atávicas connivencias o por oponerse a sus designios delincuenciales.

Lo peor es que cada vez hay más territorios en control de los criminales, que además diversifican sus actividades y no únicamente se quedan en el trasiego de drogas, sino que amplían su operación hacia otros lucrativos negocios, como lo es el tráfico de personas.

El corredor donde ocurrieron los hechos, inicia precisamente desde Palomas con esa actividad ilícita y se prolonga por todo el noroeste del estado. Por aquellos lares desplegaba tareas el agente Pico Escobar, en los cruces de Palomas, Jerónimo y El Berrendo. La región noroeste, hasta Casas Grandes, era también la asignada al comandante Domínguez, originario de Ciudad Juárez.

Pico Escobar tenía casi 30 años en la dependencia federal, en una carrera no ajena a la controversia y en la cual acumuló varias quejas ante el Órgano Interno de Control.

Frente a las circunstancias que rodean los trágicos hechos, dos aspectos deben cumplirse en la respuesta gubernamental al nuevo desafío. Además de llevar a los responsables ante la justicia y evitar un caso más de impunidad, se debe encontrar la verdad y transparentar ante la opinión pública todo lo ocurrido.

Hasta este momento prevalecen las preguntas sin respuesta: ¿Pico Escobar participaba acaso en algún tipo de operativo conjunto? ¿Había alguna operación extrajudicial o alguna acción encubierta? ¿Todos los asesinados iban en el mismo equipo? ¿Hubo o no víctimas circunstanciales de los hechos violentos? ¿Qué otros delitos surgirán a la luz de lo ocurrido el viernes?

En un escueto comunicado del Instituto Nacional de Migración, además de condenar la agresión, esa institución da por sentado que los agentes estatales y su delegado tenían tareas en común, ya que se señala que el asesinato se dio cuando los servidores públicos circulaban en sus vehículos “como parte de una comisión oficial”.

Por el lado de la Fiscalía General del Estado no se ha proporcionado información sobre cómo ocurrieron los hechos y para esa instancia oficial, de los 5 vehículos atacados, únicamente uno tenía relación con la Fiscalía, donde viajaban Domínguez y su escolta. Hasta la tarde del sábado, ni siquiera concedía la identificación oficial de las víctimas, menos establecía el papel del representante del INM en los hechos.

“Estoy ASQUEADO con el Gobierno, no es posible que esto esté sucediendo. Nunca pensé que mi familia tuviera que pasar por esta pesadilla. Me estoy derrumbando, no estoy listo para este gran dolor”, escribió el hijo del funcionario federal sobre los aciagos acontecimientos.

Mario Arturo no es el único asqueado ante lo que sigue pasando en Chihuahua. Todas y todos esperan que termine la ineficiencia de la autoridad y que este caso se investigue hasta donde tope, aunque lo que se descubra pueda ser todavía más grave.

Ni espejitos de plataformas tecnológicas inexistentes, tampoco mesas de trabajo de coordinación simulada. Las y los chihuahuenses reclaman respuestas verdaderas ante la barbarie y la artera demostración de fuerza criminal.

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La administración de Armando Cabada Alvídrez en la Presidencia Municipal quedó marcada por múltiples casos de corrupción, desvío de recursos, conflictos de interés y negocios al amparo del poder.

La síndica municipal, Esther Mejía, destapó recientemente un expediente más, el de la renta de patrullas que presuntamente llevó al Gobierno de Cabada a pagar por servicios no prestados, como parte de un millonario y turbio contrato a favor de la empresa Lumo Financiera del Centro.

La firma pertenece a Luis Humberto Montaño García, un personaje vinculado al expresidente Enrique Peña Nieto, desde que los grandes negocios relacionados con la seguridad pública se hacían en el Gobierno del Estado de México.

Sin embargo, el asunto de las patrullas se constituye apenas en un caso extra, una rayita más al tigre, trazada sobre un manto inmenso de impunidad, de la que ha gozado quien encabezó dos gestiones municipales como independiente y que luego fue arropado por la 4T para convertirse en diputado federal por Morena.

Basta con recuperar lo que quedó escrito en todos los informes de resultados que sobre su doble gestión presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE), para observar cómo el manejo de contratos irregulares para que él y sus cercanos pudieron hacer negocios personales, fue una constante.

Uno de los más emblemáticos asuntos, fue la entrega de contratos para la empresa familiar Intermedia de Juárez que opera el Canal 44.

Desde que la ASE revisó la cuenta pública del 2017, observó la ilegalidad en la firma de Cabada, en un contrato por poco más de 11 millones de pesos para Intermedia. Nunca debió firmarlo por tener parte de la propiedad de esa empresa y configurarse un claro conflicto de interés.

Relacionada con el mismo caso, la ASE también observó que a Intermedia se le entregaron ese año 2 millones 131 mil pesos, antes de existir siquiera el contrato.

Entonces, el Congreso ordenó a la Auditoría presentar las denuncias ante las instancias correspondientes para determinar responsabilidad administrativa del presidente municipal y demás funcionarios involucrados en esas dos operaciones y otras dos más relacionados a la proveeduría de refacciones, otro de los grandes negocios.

Ahí quedó en tinta roja el nombre de Ignacio Castro Meana, a quien se le favoreció con un contrato, adjudicado directamente, es decir, sin licitación pública, por 24.9 millones  de pesos.

Ese año, del documento de 419 páginas de la auditoría financiera, en las que se detallaron 96 observaciones, no fueron solventadas 83 de ellas.

Aparte, en la auditoría de obra pública se hicieron 151 observaciones, 130 de naturaleza procedimental y 21 de económicos por un total de 24.6 millones de pesos. Volúmenes pagados mayores a los ejecutados, volúmenes de obra simplemente no ejecutados, fueron algunos de los distintos hallazgos. Y la historia se repitió en los siguientes años.

El tema de los contratos a favor de  Intermedia se mantuvo en las observaciones, con todo y que Cabada dejó de firmarlos personalmente para su tercer año.

En los 5 años de su doble gestión, los recursos públicos entregados a Intermedia alcanzaron los 52 millones de pesos.

El favoritismo en torno a la empresa familiar también fue evidente en el comparativo de lo entregado a las otras televisoras que operan en Ciudad Juárez, ya que en su conjunto, apenas si llegaron al monto total recibido por Canal 44.

Y aunque Armando Cabada no firmó cuatro de los seis contratos que generaron el monto global de 52 millones, también hubo señalamientos de conflicto de interés cuando se maniobró legalmente para que fuera el regidor Carlos Ponce Torres quien los firmara.

La propia Auditoría Superior encontró que Ponce Torres aparecía vinculado en negocios de otra empresa, con dos de los hermanos del alcalde, por lo que nunca se solventó el conflicto de interés.

El conflicto de interés surgió por todos lados. El 2017 fue observado por la Auditoría, en los 400 mil pesos del contrato por publicidad que entregó Armando Cabada a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, cuando la presidía su padre, Arnoldo Cabada de la O.

Para el 2018, en la auditoría de 490 páginas, surgieron otros nombres que luego se repetirían en irregularidades de los siguientes años. Por ejemplo el caso del despacho Castro Villarreal y Asociados, contratado para recuperar cartera vencida del predio y que no acreditó contar con recursos técnicos financieros para prestar el servicio.

También acumuló cantidades millonarias durante las dos gestiones, pese a que se sumaron más observaciones como la de no presentar evidencia del trabajo realizado. Únicamente en el 2019 se le entregaron 33.5 millones de pesos, por medio de un contrato de adjudicación directa, sin licitación.

En el 2019, la ASE presentó seis informes de presunta responsabilidad administrativa, 4 promociones de responsabilidad administrativa y una denuncia de hechos.

En uno de los casos, hubo, otra vez, conflicto de interés cuando el director de Centros Comunitarios, René Carrasco Gómez, apareció al mismo tiempo como secretario del Consejo de Administración de una empresa que suministró equipo médico para tres unidades móviles de atención.

Otro nombre que apareció reiteradamente entre los que hicieron negocios al amparo del poder del Cabada, fueron José Antonio Ituarte Salcido e Hiram Ignacio Castro, con contratos millonarios para reparar vehículos oficiales, principalmente patrullas, pese a que no tenían talleres consolidados antes de ofrecen sus servicios a la administración. Ni local propio tenía Ituarte. Tampoco alguna especialización en su taller.

Por eso figuraron en las observaciones de la ASE. Recibieron contratos antes de tener constancia de registro en el padrón de proveedores del municipio.

En el 2020, la Auditoría Superior en su informe de resultados sumó diez observaciones y siete recomendaciones, así como una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos informes  de presunta responsabilidad administrativa.

Y todavía falta lo que se encuentre en la revisión al ejercicio del 2021, ya que los trabajos de la ASE, siempre van desfasados.

Lo que no deja de asombrar es que hasta la fecha, Cabada (actualmente con fuero, por su condición de diputado federal), sus excolaboradores y socios, han librado muy bien la justicia.

La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, deben una amplia explicación sobre lo que ha ocurrido con todas las denuncias e investigaciones sobre desvíos que marcaron los dos periodos de Armando Cabada.