El ascenso de Ariadna Montiel como secretaria de Bienestar del Gobierno de la República, pone en los cuernos de la luna al delegado en Chihuahua, Juan Carlos Loera, a quien la nueva secretaria apoyó en su candidatura por la gubernatura del estado.

Se recordará que cuando Juan Carlos dejó la delegación federal para buscar la candidatura de Morena, aparecieron súbitamente y en todo el estado, decenas de espectaculares con la promoción de un libro de Loera, “Caminando por Chihuahua”.

La burda estrategia mercadológica para promocionar un libro, estaba realmente enfocada en la promoción del nombre de Juan Carlos y en su posicionamiento por encima de Cruz Pérez Cuéllar, quien en las encuestas iniciales de Morena aparecía en primer lugar y se llevaba de calle al amigo de AMLO.

En aquella ocasión se dijo que el millonario costo que tuvo la renta de estas carteleras y la impresión de las lonas, corrió a cargo de la entonces subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, versión que no fue desmentida en su momento por ninguno de los involucrados.

De esta manera, el adverso escenario que se le presentaba por ser delegado federal en tierra hostil para sus proyectos políticos futuros, por ser la entidad donde perdió la gubernatura y donde su archienemigo Pérez Cuéllar ganó la presidencia municipal de Juárez, ahora se convierte nuevamente en tierra de oportunidades, con una poderosa secretaria de Estado como aliada.

Otra vez, Juan Carlos ve la luz que se le apagó desde que perdió la gubernatura y se enemistó con los productores del campo. Ya veremos si esto queda solo en un simple chispazo, como la leña de pirul que no sirve ni pa’ arder, o esta vez Loera sí logra capitalizar su circunstancia.

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Picando piedra y siempre a contracorriente del poder, la rendición de cuentas, la fiscalización del recurso público y la transparencia son temas en los que se sigue avanzando. A veces poco y muchas veces lento, pero ya está más o menos consolidado el entramado de instituciones para tal fin.

Ahí tenemos por ejemplo el reciente paquete de varios informes publicados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), con balconeos para muchos actores, poderes y hasta instancias de carácter privado por las que pasan de alguna manera los recursos públicos.

Si no fuese por la Auditoría Especial Forense practicada a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), ni cuenta se darían los juarenses de que hay litigio entre esa Asociación Civil y la empresa Urbanizaciones y Construcciones BCH, por la edificación de una obra muy importante para la ciudad: el Banco de Alimentos.

La obra en la que Fechac presupuestó 68 millones 293 mil 648.10 pesos está suspendida precisamente por un litigio derivado de los retrasos de la constructora.

El contrato se firmó desde el 19 de diciembre de 2019 y la primera fecha de terminación de la obra se fijó para el 31 de julio de 2020. Hubo un primer cambio de fecha de entrega por un retraso en el inicio no atribuido, en principio, a la empresa, se narra en el informe especial de la ASE. Esa extensión se fue hasta el 30 de septiembre.

Luego, la constructora se retrasó en pleno año de pandemia, pidió una prórroga y no terminó. Pidió otra más y ya no se la concedieron. La Fechac inició procedimientos para aplicar sanciones conforme al contrato, y luego todo se entrampó jurídicamente.

Lo último que quedó asentado en la auditoría forense, es que la Fechac y la empresa en cuestión firmaron, de común acuerdo, un procedimiento pericial con el fin de conciliar para finiquitar el asunto. Lo que ya no supo Mirone es qué tanto quedó pendiente de la obra física, que la Fundación iba a presumir desde el año pasado como uno de sus proyectos insignia.

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Tremendo lío se cargan la diputada local Yesenia Reyes Calzadías y el actual presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes, Juan Ochoa Castillo, por la venta de 9 hectáreas de terrenos ejidales de aquel municipio, cuando la primera era la alcaldesa y Ochoa su secretario del Ayuntamiento.

Los dos panistas deberán responder a la denuncia que los 5 propietarios de los terrenos ratificaron esta semana en la Fiscalía General del Estado, por los delitos de despojo, fraude y otros que les resulten.

Los quejosos, José Alejandro Estrada Enríquez, Yamille Ivonne Hipps, Antonio, Alejandro y Alan Varela Flores, denunciaron que los terrenos estaban escriturados ante notario público, además de que estaban en posesión de ellos y no tenían la condición de abandonados.

Aseguran que la diputada Yesenia Reyes vendió los terrenos para el desarrollo de un fraccionamiento, transa que fue validada por el entonces secretario del Ayuntamiento, Ochoa Castillo, ahora flamante titular de la Junta de Agua.

Los denunciantes afirman que la operación se realizó a 6 meses de terminar su administración municipal, cuando la mujer estaba en plena campaña electoral para diputada local. Supuestamente son tres los compradores, de quienes no se aportaron mayores datos, pero seguramente irán surgiendo conforme se integre la carpeta de investigación respectiva.

Por lo pronto, la semana próxima serán citados los dos denunciados para que rindan su declaración y digan dónde quedó la bolita, o el billete que recibieron por los 90 mil metros de terreno ejidal.

Es muy probable que Juan Ochoa sea cordialmente “invitado” a solicitar licencia del cargo de la JMAS que recién estrenó, para atender la denuncia penal, porque mal se vería la descentralizada si le fincan un proceso penal y sigue despachando como si nada, como todo indica que va a ocurrir.

La “Diputada Noroeste”, como la llama su jefe de prensa, podrá gozar del fuero, pero también podrá gozar del quemadón y del desprestigio si, como sostienen los afectados, tienen todos los documentos probatorios de la propiedad debidamente escriturada ante notario y a sus nombres.

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Ante el aumento de contagios por coronavirus en el estado, la demanda de pruebas rápidas Covid se ha disparado a tal grado que ha despertado la creatividad de emprendedores para el negocio, y en algunos municipios, como Hidalgo del Parral, se están ofertando por internet dichas pruebas a 650 pesos.

Se trata de un supuesto grupo de médicos que ofrecen resultados inmediatos y se promueven con el anuncio de pruebas antígeno a domicilio, que incluye además la revisión de signos vitales y el campo pulmonar.

La prueba de antígeno con isopos nasofaríngeos permite identificar una proteína conocida como “S” o espiga del virus SARS-CoV-2, y los resultados se obtienen de 15 a 30 minutos. En Juárez se aplica en consultorios de diferentes cadenas de farmacias, así como en clínicas y hospitales.

Este servicio se ha convertido en un lucrativo negocio, porque los costos de las pruebas van de los 300 a los 900 pesos por unidad, dependiendo del lugar donde se realice, y con el repunte de casos de la nueva ola de contagios, la demanda sigue subiendo.

Si consideramos que la venta al mayoreo por internet de empresas como tienda Roche es de 4 mil 50 pesos por 25 pruebas, tenemos que cada prueba le cuesta, a quien la aplica de manera individual, 162 pesos, lo cual le reditúa una ganancia de más del 100 por ciento.

Hasta ahora, solamente en la Ciudad de México se están realizando pruebas gratuitas, aunque en agosto del año pasado se hicieron en el estado de Jalisco, con módulos itinerantes que llegaron a aplicar hasta 8 mil pruebas diariamente.

Al alcalde que ya le cayó el veinte sobre la necesidad de dar este servicio sin costo a la población más vulnerable, es al de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, quien ya anunció formalmente la adquisición de las primeras 10 mil pruebas rápidas, de un lote de 20 mil, que serán aplicadas durante los meses de enero y febrero.

Ahora la pregunta es cuál se los tres niveles de Gobierno se echará ese trompo a la uña para un programa de pruebas gratuitas en Juárez, sobre todo en aquellos sectores donde la gente no tiene recursos ni para comprar los cubrebocas, y mucho menos para una prueba rápida.

Mirone recomendaría que, con el monto de las multas que se apliquen a los negocios que violen los aforos y los protocolos sanitarios, así como a las personas que no porten cubrebocas, como obliga la ley estatal de la materia, se podrían adquirir los primeros reactivos para la gente que realmente se preocupa por su salud y la de los demás.

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La grilla por la sucesión presidencial viene con todo. Desde terrenos morenos se impulsa para el sábado 15 de enero un evento que hoy únicamente puede ser leído bajo esa premisa futurista.

Se trata de la presentación del libro “La línea dorada, lobos al acecho” del periodista Fernando Coca Meneses. Habrá rueda de prensa a las 10:30 horas en la Sala Audiovisual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, en Ciudad Juárez.

Coca Meneses es periodista político de la Ciudad de México con un corazoncito que parece latir fuerte por el canciller Marcelo Ebrard.

El libro cuenta precisamente la historia de cómo se intentó debilitar políticamente la figura de Ebrard, desde que se dio el cierre de la Línea 12 del Metro, en 2014. Se detallan en el texto las maniobras del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y del director del Metro, Joel Ortega Cuevas, no solo en contra de Ebrard, también del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mirone supo que la gestión del evento la trae el empresario juarense Oscar Kuri, quien de alguna forma se coloca ya como representante o avanzada de Marcelo en territorio chihuahuense para todo lo que venga próximamente.