El nivel de ojeriza que trae la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel en contra del delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera, parece que no tiene límite.
Ya se sabe que, si por ella fuera, Loera ya no despacharía como funcionario federal en Chihuahua. Aunque el súper delegado esté bien parado en el centro del país con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de nacional de los Programas para el Desarrollo, Carlos Torres, la poderosa secretaria no para en su intento de disminuirlo.
No únicamente ha habido mochadero de cabezas y cierre de chequeras por todo el estado, ahora hasta la oficina de Ciudad Juárez terminó cerrada. Como controla todo el billete, desde la oficina de Montiel se ordenó dejar de pagar la renta. Así pasó y Bienestar no tiene ya instalaciones y, de pasadita, no tiene Loera de la Rosa un escritorio para despachar oficialmente los asuntos de esta frontera.
Las oficinas regionales se encontraban en Perú y Carlos Villarreal. Ni Loera ni la directora regional, Lizzy Guzmán cuentan con un espacio institucional para hacerse cargo nada más y nada menos que de la sede más importante de todo el estado por el alcance de los programas y la cantidad de beneficiarios.
Ni siquiera tiene el personal dónde dejar los vehículos oficiales, así que los trabajadores de Bienestar se la pasan de las tareas de campo a sus hogares, porque no hay lugar para tocar base, tampoco para atender los aspectos administrativos de rigor.
Nadie va a reclamar que haya austeridad con los recursos públicos, pero dejar sin oficina a la delegación regional que dispersa al año cerca de 4 mil millones de pesos para unos 220 mil beneficiarios de los distintos programas, no parece sensato.
Ayer que anunciaron en Bienestar la entrega de tarjetas a los recién incorporados a la pensión para personas adultas mayores, a Lizzy Guzmán no le quedó otra que proporcionar una lista de teléfonos para atender cualquier duda. Ni modo que los puedan citar a las oficinas de la Perú.
Ya ni siquiera tendrán oficina para dejar notificaciones los agentes investigadores estatales cuando atiendan denuncias de supuestos malos manejos, como aquella vez en que hicieron megaoperativo para notificar ahí al delegado Loera sobre una investigación de coyotaje en el tema de las vacunas.
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Lo que más se comenta hoy entre regidores de las distintas fracciones partidistas es cómo el panista Joob Quintin y el priista Jorge Gutiérrez se la pasan en el primer piso de la Presidencia Municipal.
Que dizque andan arreglando sus asuntos en el despacho principal o en sus alrededores.
Quién sabe si tenga que ver con la instrucción que, supo Mirone, les dio el alcalde a sus directores para que atiendan en todo lo que puedan a los regidores, aunque no sean los de su partido político.
Este Don preguntó por qué estaba pasando eso y no faltaron las chismosonas fuentes que aseguran que la jugada tiene que ver con el conflicto que el propio alcalde trae abierto con el Gobierno del Estado y sus funcionarios, por los temas de migración, libros de texto y manejo de obras y recursos. O sea que apapacha a los ediles panistas (empaquetados ahora con sus aliados priistas) para no traer tanto frente de guerra abierto y para lo que se ofrezca en caso de una emboscada.
Claro que el tema también tiene que ver con el pleito que los propios ediles azules traen con sus dirigencias. Como quien dice Cruz les manda decir que, si en otro lado los maltratan, ahí les da calorcito. Y los regidores ninguneados por los suyos, pues hasta parece que se dejan querer.
No hay que olvidar que el origen del conflicto azul está en la mala comunicación con sus dirigentes, pero también en la pelea feroz por las candidaturas y la forma en que se está haciendo a un lado a quienes tendrían derecho a reelegirse. Parece que la fila de suspirantes es demasiado larga, empezando por la propia dirigente local, Xóchitl Contreras.
Por lo pronto, a los ediles azules y tricolores les abrieron las gestiones para las becas, las mochilas e infinidad de programas sociales que se controlan en Presidencia y que sirven a los regidores para aparecer como Santa Clós por las colonias.
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Ayer hablábamos aquí de la forma en que chafeó Adaca Medical a la hora de cumplir con el servicio médico para los derechohabientes del Gobierno Municipal.
Pues nos llegó más información sobre cómo es que no tienen llenadera los de Aldaca a la hora de recibir y exigir más privilegios en el contrato por el cual se les entregan 27 millones de pesos al mes.
Resulta que, para poder poner fin al rezago en cirugías, casi 500 pendientes, están pidiendo un pago extra de 25 millones de pesos. Ya se sabe que el rezago de cirugías se arrastra desde que el contrato lo tenía Poliplaza Médica, pero se supone que ofrecieron hacerle frente y ponerse el corriente, lo que no han conseguido en un año y no tienen para cuándo.
Parece que ya se acostumbraron a que todo les den. Se les facilitó lo que era un Centro Comunitario (el Santiago Troncoso), se les puso personal a su servicio y ahora piden más recursos.
A ver cómo responde la administración municipal que, en ese tema del servicio médico y los contratos, todavía carga un pendiente más: no se ha resuelto el litigio que promovió el anterior proveedor bajo el nombre de Hospitales de Juárez, cuando argumentó una rescisión injustificada de contrato.
Lo único que supo Mirone es que la queja llegó hasta el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), para convertirse en juicio contencioso administrativo. Hospitales de Juárez perdió antes otro pleito que llevó por la vía del amparo, pero no ha quitado el dedo del renglón.
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Este 3 de octubre se conocieron los resultados de la última encuesta de Rubrum para todas las entidades donde se renovarán las gubernaturas el próximo año.
Es innegable la marea guinda de Morena. Hasta en los estados más panistas del país, como Guanajuato y Yucatán, se volvió competitiva la 4T y marca empates técnicos.
A ocho meses de las elecciones, en Chiapas la alianza Morena-PT-Verde trae el 62.3 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN-PRI-PRD (Frente Amplio por México), apenas llega al 18.9, es decir, la diferencia llega a 44 puntos.
En Ciudad de México la diferencia es de 13 puntos porcentuales (48.8 contra 35 por ciento), mientras que en Jalisco es de 14 puntos (39.6 contra 25.3 por ciento).
En Morelos la diferencia a favor de Morena sube a 23 puntos (52.8 contra 29.5 por ciento), mientras que en el conservador estado de Puebla, la 4T está arriba por 12 puntos (47.6 contra 35.2 por ciento).
En Tabasco, la tierra de AMLO, la diferencia crece abrumadoramente hasta 52 puntos (67.4 contra 15.2 por ciento), mientras que en Veracruz es de 20 puntos (50.5 contra 30.8 por ciento).
La más apretada de todas las contiendas es Yucatán. El PAN y sus aliados están arriba apenas un punto porcentual (42.6 contra 41.2 por ciento), mientras que en Guanajuato, Morena y los suyos quedan arriba por poco menos de dos puntos (43.3 contra 41.8 por ciento).
En esos dos estados en los que habrá mayor competencia, actualmente gobierna el PAN. Mauricio Vila Dosal es el gobernador de Yucatán y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato.
Claro que lo que pasa en el centro del país, llama más la atención de todos. Cuando la encuesta midió las preferencias de los suspirantes, quien aparece en primer lugar por Morena es el polémico súper policía, Omar García Harfuch, con el 40.9 por ciento de las menciones a la pregunta ¿Quién considera que debería ser el candidato de Morena para la jefatura de Gobierno?
La delegada de Iztapalapa, Clara Brugada se queda en el segundo lugar con 31.2 por ciento, mientras que el no menos polémico subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell alcanzó el 18.4 por ciento, recién subidito a la contienda.
Quien le competirá a Morena por el PAN, parece que será Santiago Taboada. Ya fue diputado y es alcalde de Benito Juárez. Taboada trae en la misma encuesta el 54.9 por ciento de las preferencias. En un lejano segundo lugar aparece Lía Limón, también exdiputada y actual alcaldesa de Álvaro Obregón.