En la primera conferencia de prensa de Andrea Chávez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, fueron más que evidentes los malos términos de su relación con Cruz Pérez Cuéllar o su negativa a aceptar la designación de él como coordinador estatal.

No tuvo una sola manifestación de aprobación o respaldo a Cruz ni de reconocimiento al hecho de que el alcalde con licencia ya encabeza los esfuerzos morenistas para hacerse de la gubernatura en 2027.

Sí habló de unidad, pero nada de trabajo en equipo. Y, lejos de plantear alguna coordinación, casi casi señaló un deslinde.

Hubo casa llena en la conferencia del hotel Gama. Confirmó la chica del relevo generacional que no hay todavía acercamiento con el coordinador estatal y hasta unas puyas pareció lanzarle en su presentación ante los medios.

Primero soltó la afirmación de que sin Juárez, en otras palabras, sin ella, Morena no tiene posibilidades de ganar el estado. Por eso habría aceptado la posición que asegura no haber buscado. Como quien dice, que es Cruz el que la necesita.

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Cuando se le preguntó qué les diría a los seguidores o militantes que han deslizado la posibilidad de votar por ella en la alcaldía, pero no por Pérez Cuéllar para la gubernatura, no los llamó a detenerse ni descartó el escenario.

“En cuanto a lo que decidan los juarenses, a mí me tocará hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Encabezar los esfuerzos para que Ciudad Juárez respalde el proyecto transformador estatal y nacional, que no es menor. Estamos hablando prácticamente la mitad del esfuerzo”, respondió.

Consideró que con su trabajo en Juárez contribuirá al proyecto estatal, pero que ya será decisión de los juarenses cómo votan, “de manera libre, secreta, abierta. De mi parte, yo haré todo lo que esté en mis manos para que Morena triunfe de una manera nunca antes vista”.

Sobre ese posible escenario, aseguró que no lo va a buscar, ni a problematizar, ni a poner en tela de juicio, tampoco “a consolidar”, ya que “eso será de los juarenses”, quienes harán “lo que mejor estimen en la elección”.

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Cuando habló de su propio perfil, se describió como una carta limpia, con un proyecto de vida honesto, “sin reclamos de corrupción, sin detalles que pueden tener otros perfiles”.

“Yo no quiero experiencia si se trata de ser corrupto. Yo no quiero experiencia en el soborno, yo no quiero experiencia en el fraude electoral, yo no quiero experiencia en andar brincando de partido en partido”, dijo Andrea. Y cuando se le preguntó si se refería a Cruz, respondió un “desde luego que no”.

Después, cuando se le cuestionó si buscaría el diálogo pendiente con el coordinador estatal, aseguró que eso no le tocaba a ella. También dijo que, si ella hubiese sido la designada, lo primero en hacer sería convocar a los demás aspirantes.

“Unidad es con todos y con todas. Y no unidad en palabras, en papel y en blanco y negro. Unidad en serio. ¿Cómo le vamos a hacer para reconocer los liderazgos de todos y de todas, sin dejar de lado a nadie?”, cuestionó, aunque a leguas se nota que precisamente no está reconociendo ella el liderazgo de Pérez Cuéllar.

Incluso desestimó que tenga que darse algún levantamiento de la mano el uno del otro si no hay unidad verdadera.

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A los usuarios del sistema judicial federal del estado y del país entero les tenemos dos noticias: una buena y una mala. ¿Cuál prefieren primero?

Por lo general, la gente elige oír primero la buena, así que aquí les va: el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) no hará paros de labores en demanda de que sean atendidas sus peticiones. Eso ya es de gane.

Si el rezago judicial ya alcanza magnitudes que amenazan la estabilidad institucional del país —no es exageración—, no nos queremos imaginar cómo se pondrían las cosas si los trabajadores administrativos se fueran a paro, aunque fuera temporal. Ahí está la buena.

Este jueves 8 de octubre, cuando la dirigencia del STPJF salga de la reunión que tendrá con el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, sabrá que no obtuvo una respuesta favorable a sus demandas: aumento salarial, más contrataciones de personal y mejores condiciones de trabajo. Y, aun así, los trabajadores regresarán a sus puestos.

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Ahora, la mala: el sistema judicial del país está en quiebra, con un déficit de 8 mil millones de pesos.

Por menos que eso, empresas de buen calado se irían a la quiebra o entrarían en moratoria de pagos, recortarían personal y venderían activos.

El Poder Judicial Federal no puede hacer eso, pero sí contempla dejar sin incremento salarial a sus trabajadores. Esa es, digamos, su forma de “administrar la quiebra”.

Según dio a conocer el líder del STPJF, Jesús Gilberto González Pimentel, ya les avisaron que no hay de dónde echar mano porque, además del tremendo hoyo financiero que arrastra ese poder, aumentarles el salario en 4.5 por ciento costaría 2 mil 500 millones de pesos. Ni cómo ayudarles, de plano.

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El problema no es solo el de un grupo de trabajadores que exige un incremento salarial justo, sino que esa negativa irá en detrimento del servicio que prestan a una población que ya, de por sí, está mal atendida por todo el aparato de impartición de justicia.

Con trabajadores sobrecargados de chamba, mal pagados y, en algunos casos, maltratados, no hay manera de imaginar siquiera que vaya a disminuir el déficit ni el promedio de espera para obtener una audiencia, que, según le cuentan a Mirone, puede llegar hasta nueve meses.

El descontento de los trabajadores que no tendrán su incremento no tardará en volverse “viral” y extenderse a otras capas de la sociedad, que verán que la llamada “Reforma Judicial del Bienestar” no produjo una mejor impartición de justicia.

Y esa sí puede convertirse en una muy mala noticia.

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Se va a poner buena hoy la reunión de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios del Ayuntamiento juarense.

En el orden del día hay un largo listado de asuntos similares: análisis y aprobación de nuevos fraccionamientos, la mayoría en régimen de condominio.

El asunto encendió un foco rojo para la Red de Vecinos de Juárez, porque va incrementándose la tendencia de ese modelo de desarrollo, que implica que los constructores de los fraccionamientos les entregan el equipamiento a los vecinos y se lavan las manos en cuanto al mantenimiento y ciertos servicios.

Hablamos de arroyo vehicular, banquetas, parques, juegos, pozos de absorción, bardas, etcétera.

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Con ese concepto de condominio, todo ese espacio común de equipamiento queda como propiedad privada y el Gobierno Municipal ya no tiene obligación de velar por su funcionamiento y mantenimiento.

Como quien dice, de las puertas de acceso a los fraccionamientos o condominios hacia adentro, todo es de los vecinos y la autoridad se desliga de atenderlos.

Esa queja se ha estado rebotando entre integrantes de la Red de Vecinos, que han detectado cómo se usa y se autoriza cada vez más ese modelo de desarrollo.

Así que se corrió la voz para acudir al tercer piso de la Presidencia Municipal para vigilar lo que aprueben los regidores que integran la Comisión.

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Se supone que están ahí para defender los intereses comunitarios: la priista Mireya Porras, quien preside la Comisión, además de la morenista María Dolores Adame, como secretaria. También debe acudir el regidor que renegó del PAN, Alejandro Jiménez, quien funge como vocal.

Rinconada San Martín, Punta Vela II, Alizo Living, Vitelo Residencial, Novento Residencial y Quórum, son algunos de los desarrollos que están sobre la mesa.

El problema, señala la organización vecinal, es que la administración municipal ya le encontró el modo de deslindarse de una obligación básica, dejando la responsabilidad completamente en quienes adquieren propiedad en este tipo de condominios.

Luego ni la basura se quieren llevar.

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Los partidos políticos ya andan revoloteando en la UACH para ver de qué manera capitalizan el descontento de los estudiantes por las pésimas condiciones en las que se encuentran los planteles de esa casa de estudios, que tanto dinero nos cuesta a todos los chihuahuenses.

Sin embargo, según le cuentan a Mirone, si algo han hecho los chavos universitarios es batear a todos esos operadores de profesión y dejarles claro que su reclamo va en serio.

No andan ahí para ver si favorecen a un partido o afectan al otro; lo único que quieren es acudir a un aula que esté en condiciones medianamente habitables, aunque sea.

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Desde que empezó a aflorar el descontento entre los universitarios por las pésimas condiciones en las que se encuentran algunos —si no es que todos— los planteles, comenzaron a darse la vuelta por aquellos rumbos los “cachavotos” de todos los colores.

Por ahí se han dado la vuelta —le comentan a Mirone— los operadores de Morena, los nostálgicos priistas que esperaban volver a hacer de la Facultad de Derecho su “cuarto sector” y los panistas, que no tienen ni cómo plantarles la cara, porque los chavos inconformes identifican claramente a la actual rectoría con la administración estatal.

A todos los han mandado a volar. No quieren ni quitar al rector ni a un director de facultad. Eso les sirve para muy poco. En el próximo proceso electoral, cada quién se ocupará de lo suyo.

Por ahora, lo único que piden es que haya agua en los baños, papel higiénico, jabón para lavarse las manos, salones que no sean un horno de panadería en el verano o un frigorífico en el invierno. Y pues, si ya están entrados en gastos, de una vez que les echen algún impermeabilizante a los techos.

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Si los partidos han salido, hasta ahora, con cajas destempladas, a las autoridades universitarias no les ha ido mejor.

Como ya es de todos conocido, los más iracundos se fueron al centro de la ciudad a plantarse frente al edificio de la rectoría, al que dejaron todo pintarrajeado con letreros que hablan de sus demandas y reclamos a un rector como Luis Alfonso Rivera Campos, que se la ha pasado como un auténtico agente viajero durante toda su gestión.

Al tiro, pues, porque de entre las juventudes estudiantiles molestas con las autoridades han surgido algunos de los movimientos sociales más fuertes de la historia reciente del país.

Acá en Chihuahua, una movilización universitaria ya provocó un auténtico terremoto político. Fue hace 41 años, uno antes de las elecciones a gobernador. Ahí, por si lo quieren anotar.