En los primeros días de enero del presente año, como resultado de una amplia investigación periodística, Norte Digital inició la publicación de una serie de artículos en los que se señala “con pelos y señales” la existencia de un creciente mercado negro del agua en la ciudad.

Un mercado basado en el uso indebido de pozos destinados al sector agroalimentario, de los que se extrae agua autorizada para riego, que posteriormente es ilegalmente comercializada en la ciudad para otros usos.

Esto además de otros pozos y tomas clandestinas de agua potable que igualmente alimentan el crecimiento de este mercado.

A través de pipas de gran capacidad, esa agua se traslada y vende para su uso en la industria, la construcción y otra serie de actividades que no corresponden a lo autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para pozos de vocación agrícola.

Como sea, esto visibilizó una situación que en los actuales tiempos impacta negativamente en la conservación de los acuíferos locales, cuyo riesgo de abatimiento es cada vez mayor.

El problema es que muchos de los pozos utilizados para este objetivo se ubican en antiguas zonas de cultivo que, con el paso de los años, han sido absorbidas por el crecimiento urbano.

Y hasta la fecha la Conagua había sido omisa tanto para mantener una obligada supervisión de su uso, como de tomar acciones tendientes a modificar su condición de uso o, en definitiva, clausurarlos.

Esto impide a su vez la intervención de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dado que, por tratarse de autorizaciones federales, solo la Conagua puede proceder al respecto.

Si como dicen vecinos de los sectores en los que se lleva a cabo esta extracción clandestina, la entrada y salida de pipas es constante tanto de día como de noche, ¿cómo saber con exactitud cuánto volumen de agua se extrae y cuánto compromete esto la futura disponibilidad del recurso?

Como si se tratara de un secreto muy bien guardado, la cifra de estos pozos tampoco la conoce nadie que no sea la Conagua. Pero incluso en este caso al parecer la dependencia no cuenta con información actualizada al respecto.

Dada la patente falta de supervisión -justificada por la propia Conagua por la reducción presupuestaria y de personal- además de la afirmación expresa del organismo de que solo puede actuar con base a denuncias, es fácil suponer que, o carece de información actualizada al respecto, o el asunto se presta a corrupción. Así de simple.

Como sea, por el momento esa información no está disponible por parte de la Conagua pues -según la dependencia- su divulgación podría comprometer los procedimientos legales que a la fecha afirma que se llevan a cabo, y que están enfocados -dice- a sancionar usos indebidos y actualizar las condiciones de operación de los mencionados pozos.

Por cierto que ese proceso legal evidentemente deriva, en gran parte, de las notas periodísticas publicadas por este medio, además de solicitudes expresas de la JMAS y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) que solicitan una ampliación de facultades para poder intervenir.

Según datos obtenidos del reporte de “Actualización de disponibilidad media anual de agua en el acuífero Valle de Juárez”, publicado en 2020 por la Subdirección General Técnica de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Conagua, el total de pozos de aprovechamientos de agua subterránea existentes en nuestra región es de 640.

De esa cantidad, dice el mencionado documento, 330 se encuentran actualmente activos y los 310 restantes se consideran inactivos por diferentes causas. De los pozos activos y de acuerdo con su uso, un total de 198 (60 por ciento) se destinan al abastecimiento de agua potable de Ciudad Juárez, en tanto que 114 (34 por ciento) se destinan a uso agrícola.

Los 18 pozos restantes son atribuibles al uso doméstico-abrevadero.

Según el documento, el volumen de extracción estimado asciende a 171.8 millones de metros cúbicos anuales.

De estos millones de metros cúbicos, 162 (94.2 por ciento) se destinan al abastecimiento de agua potable de Ciudad Juárez, otros 3.7 (2.2 por ciento) se enfocan al uso agrícola, 4.9 más (2.9 por ciento) para uso industrial, y 1.2 (0.7 por ciento) para satisfacer las necesidades del uso doméstico-abrevadero.

Solo que hay que destacar que esta información se basa en datos obtenidos del último censo que fue realizado en el año 2008, es decir, datos que tienen 15 años de antigüedad.

Tal vez por ello, la cifra de pozos que la Conagua contabiliza como destinados al abastecimiento de agua potable, tiene una variación con respecto a los 190 que reporta la JMAS, de los cuales entre 145 y 150 están activos y el resto en reserva, a la espera de la llegada de la temporada de verano en que la demanda se dispara considerablemente.

Más drástico es el reporte que al respecto hace Oscar Ibáñez, presidente del Consejo de Administración de la JCAS, y representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.

Según declaraciones del funcionario, la mayor parte de la sobreexplotación de acuíferos en la entidad se debe al uso agrícola, con un volumen de extracción que es de 9 a 1 con respecto al agua destinada a los hogares.

Afirma que esta cifra constituye una información más exacta y corresponde a una modificación en los métodos de cálculo utilizados antes y ahora, por ser coincidente con los incrementos en el uso de energía eléctrica destinada a los pozos de extracción.

En mayo de 2013, Norte de Ciudad Juárez exponía ya que los cambios de uso de suelo derivados de la expansión de la ciudad, que venían presentándose desde la última década del siglo pasado, estaban generando áreas de marcados conflictos suburbanos, de los cuales el uso del agua no era ajeno.

Y el problema -que persiste a la fecha- fue que los cambios de uso de suelo que se fueron dando para solventar el crecimiento urbano, no fueron a la par con el manejo que debía darse al agua proveniente de los antiguos pozos de riego.

Las miles de hectáreas de tierra fértil que han ido quedado sepultadas bajo esta creciente masa de construcciones que a la fecha siguen desplazando a la agricultura de la zona exigían, desde entonces, una actualización para cambiar la vocación agrícola de sus fuentes de agua. Sin embargo, esto no se hizo.

Al menos no fue así en muchos casos en los cuales los concesionarios de esos pozos fueron ignorados, no pudieron, o simplemente no quisieron realizar el cambio, quizá temiendo la clausura definitiva y, en todo caso, justificando la existencia de su fuente de agua manteniendo un espacio de tierra cultivable destinada a la siembra.

Algunos, sin embargo, encontraron al parecer otro modo de resarcir la pérdida productiva de sus tierras, adaptándose al cambio al hacer un uso indebido de sus fuentes de agua, pero ajeno por completo a los permisos otorgado por la autoridad federal.

Algo que es entendible, pero no justificable, y mucho menos apegado a la reglamentación.

Uno de estos casos de gran expansión territorial fue el que se dio entre los años 2001 y 2002 con el proyecto de planeación y diseño urbano promovido por el entonces Instituto de la Vivienda del Estado (IVI), que incluyó el proyecto “Riberas del Bravo”, en la zona de Zaragoza.

Esos conjuntos habitacionales son de los que presentan actualmente grandes problemas en materia de servicios y calidad de vida.

Ahí persisten grandes espacios ejidales que, aunque conservan la vocación agrícola de sus pozos, estos son indiscriminadamente usados para la extracción y venta ilegal de agua, además de contar, en condiciones que no están legalmente claras, con espacios destinados a balnearios.

Otros sectores del oriente de la ciudad que han crecido a expensas de antiguas tierras ejidales, como los fraccionamientos que se ubican entre la avenida Valle del Sol y el bulevar Cuatro Siglos, o colonias como Águilas de Zaragoza, el Papalote o El Sauzal, entre otras, presentan una situación idéntica.

En algunos de esos sectores existen grandes centros recreativos dotados de balnearios y albercas, que a su vez cuentan con improvisadas garzas de extracción de agua proveniente de pozos de uso agrícola, de los cuales se surten clandestina e indiscriminadamente una gran cantidad de pipas.

De acuerdo al área técnica de la JMAS, esta actividad ha generado desde los años 90 del siglo pasado, pero especialmente en las últimas dos décadas, el surgimiento del amplio, jugoso y floreciente mercado negro del agua ahora puesto en evidencia, y que pone actualmente en serio riesgo de abatimiento al acuífero profundo de la ciudad.

En otras palabras, una actividad que tiene la posibilidad de acelerar la llegada del llamado “Día Cero”, cuando la ciudad estaría imposibilitada para abastecer de agua a su población.

La pregunta es si ahora se tomarán las medidas y si estaremos en posibilidad de retrasar a un máximo razonable una situación que, en el caso de ciudades como Monterrey, Nuevo León, ya hizo sonar a mediados del año pasado un escandaloso y alarmante coro de alarmas.