El jueves por la tarde, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió las convocatorias para el proceso interno de definición de coordinaciones municipales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 30 estados.

Prácticamente hablamos de todo el país, donde eran esperadas por miles de aspirantes morenistas que quieren ser candidatos a las alcaldías.

La convocatoria establece, de manera pareja o general, las bases, las etapas y las reglas para la definición de las personas que ocuparán las coordinaciones municipales en el estado de Chihuahua, luego del registro y la valoración de perfiles por parte de la Comisión Nacional de Elecciones.

Nada más que les faltó incluir algún asterisco, un transitorio, una nota al pie o una aclaración para señalar que eso no aplica para Juárez, porque la definición llegó “endenantes” y hasta su nombramiento en la mano tiene, desde la noche del domingo 4 de octubre, la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño.

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Entonces, ¿qué pasará si algún militante morenista decide entrar a la plataforma y registrarse para ejercer su derecho partidista? El registro está abierto desde ayer y cierra el 18 de octubre.

El caso es que nada dice la convocatoria respecto al municipio de Juárez, que, por lo que se sabe, es el único de todo el país donde la designación se dio antes de que existiera convocatoria, como una derivación de lo ocurrido en el proceso estatal y como una decisión política anticipada que muchos entendieron como premio de consolación entregado por la vía del dedazo.

A menos que, de plano, el registro para Juárez esté cancelado técnicamente en la plataforma. Son 13 bases las que quedarían en el vacío para este municipio, donde la definición se adelantó a todo, incluidos los estudios de opinión y las encuestas de posicionamiento y de atributos, específicamente para carear a quienes buscarían aquí la candidatura.

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Nada especificó tampoco la convocatoria sobre consensos que anulen o dejen sin efecto el procedimiento.

La dirigencia y la coordinadora designada han insistido en que el consenso está previsto en el estatuto, nada más que el estatuto plantea que este se puede alcanzar por acuerdo unánime de los aspirantes registrados. Si a nivel municipal todavía no había registros, porque tampoco había convocatoria, ¿cómo pudo darse el consenso formal entre aspirantes?

Seguramente la convocatoria dará más elementos a los morenistas inconformes con la designación directa, quienes ya están recurriendo incluso a las vías institucionales y legales para plantear quejas o denuncias de violación de procedimientos y de derechos de participación.

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El tema de las convocatorias para las coordinaciones trae muy inquietas a varias figuras morenistas juarenses.

En el Ayuntamiento lo han estado rebotando en el grupo de regidores de Morena que traen la intención de dar el brinco al Congreso del Estado con las diputaciones locales.

Lo que los trae más inquietos es el asunto de las licencias: se trata de dejar la posición y, por lo tanto, dejar de cobrar su dieta para lanzarse a una aventura política que para todos será complicada e incierta, ya que habrá pocos espacios disponibles y muchos tiradores.

El jueves salió la convocatoria para las alcaldías —que en el caso de Juárez es algo así como de a mentiritas—, pero previamente se había publicado la de las coordinaciones federales. No debe tardar la de las diputaciones locales, aunque también es probable que salga hasta que se definan en todo el estado las federales y las municipales.

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De esa manera, quienes no alcancen en unas pueden caer en otras; al fin y al cabo, los procedimientos internos pueden amoldarse o ajustarse de acuerdo con las necesidades de las dirigencias y los grupos de poder morenistas.

Pero, regresando al caso de los regidores que aspiran a las coordinaciones distritales estatales, están debatiendo si cumplen o no con la regla de pedir licencia o se hacen loquitos.

Lo que trascendió es que así le hicieron algunas figuras del Gobierno Municipal, que se registraron como aspirantes a coordinaciones distritales federales, pero no dejaron sus cargos.

Presumiblemente, en ese supuesto quedaron la coordinadora del Centro Histórico, Daniela González Lara, y el director de Atención Ciudadana Suroriente, Víctor Valencia Carrasco, aunque eso no le consta a Mirone.

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Y como los registros no son públicos, entre el grupo de regidores anda la grilla de si podrían evitar la licencia.

El asunto también tiene que ver con las suplencias. En el equipo político de la Administración municipal guinda andan pensando si eso sería conveniente, ya que son al menos cinco los morenistas que han levantado la mano y, si piden licencia, tendrían que asumir sus respectivos suplentes.

Quién sabe qué decida cada uno en particular o si lo harán en bloque, pero en el grupo edilicio de Morena son al menos cinco los que traen la mira en la diputación local: Antonio Domínguez Alderete, Mary Adame, Paty Mendoza, Alejandro Acosta y Jorge Bueno.

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A pocos meses de que inicien las campañas para elegir 67 presidencias municipales, el Instituto Estatal Electoral (IEE) votará hoy el criterio con el que establecerá la obligatoriedad de postular a mujeres en municipios donde nunca han tenido alcaldesas o, para ponerlo más complicado, donde los partidos ni siquiera se han tomado el rato para registrar a una candidata al cargo.

El tema ya levantó ampolla, y grande, en el mismísimo Congreso del Estado, donde las bandas del PRI y el PAN, sobre todo, enseñaron los dientes y afilaron las uñas para mostrar la reacción que tendrán si el IEE toma la determinación de “obligar” a los partidos a postular mujeres en los 23 municipios donde siempre han gobernado los hombres.

La verdad, según comentarios que le llegaron a este Mirone metiche, los prianistas se pasaron de rudos con la presidenta del IEE, Yanko Durán, quien acudió puntual a la cita en el piso 18 de la Torre Legislativa para explicar el criterio que establecerán para hacer efectiva la llamada “acción afirmativa”.

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Se vieron amenazantes, sobrados, con advertencias de someterlos a juicio político y hasta de “correrlos” del cargo que ostentan como consejeros del máximo órgano electoral del estado si se les ocurre aprobar un acuerdo que reglamente la acción afirmativa de manera tal que los partidos postulen mujeres en esos 23 municipios, entre los que se encuentran los más poblados del estado, excepto la capital.

Los inconformes prefirieron recurrir al amedrentamiento y al uso del juicio político como petate del muerto, en lugar de acudir a los órganos jurisdiccionales ya existentes, donde bien pueden impugnar el acuerdo del IEE y dejar que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien resuelva la controversia, en vez de recurrir a la amenaza de mandarlos a la calle.| pñ-

Se enojan de oquis; le cuentan a Mirone que ya existe un antecedente muy similar en el estado de Jalisco, donde el TEPJF echó por tierra un acuerdo muy parecido al que aprobaría el IEE en su sesión de “Fiebre de sábado por la noche” —es en serio: será a las 9:00 p. m.—.

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Lo que realmente temen los partidos, y aquí van todos, es que no tienen figuras femeninas suficientes para postular, así, de hoy para mañana, a 23 candidatas, según le platican a Mirone.

En varios de esos municipios, tanto el PRIAN como Morena —o Morena “plus”— tienen ya muy “cantadas” las candidaturas para aspirantes que se han gastado su buen “esfuerzo” —y su dinero, también— en promoverse, como para que ahora, al cuarto para las doce, les digan que van para atrás los fielders.

La intención del IEE suena a resolver un problema de inequidad de género que no es de ahora, sino de años atrás. El problema es que se esté contemplando aprobar un acuerdo de esa magnitud cuando el proceso electoral 2026-2027 ya está encarrilado.

Cuidado, entonces, con que esto no termine en un “trenazo” judicial.

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El conflicto de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se inició con una mala inversión de 12 millones de pesos y ya ha escalado a niveles que la Rectoría aún se niega a reconocer.

El rector Luis Alfonso Rivera Campos tiene ya a los estudiantes inconformes tocando la puerta —literalmente— de la Rectoría, pero aún no sale a reunirse con ellos ni a escuchar de su propia voz cuáles son sus demandas y el porqué de sus reclamos, aunque estos han sido ampliamente difundidos.

Lo que sí ha intentado es endilgarles el problema a los partidos políticos y, en particular, a Morena, a quien culpa de ser el “alborotador” que manipula a los jóvenes que, en días pasados, se plantaron frente a la Rectoría, dejaron la fachada del edificio llena de pintas alusivas al pésimo estado de sus instalaciones y ahora mantienen las movilizaciones a través de las redes sociales.

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En su afán por no afrontar el problema, Rivera Campos intentó meter en la pelea al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) porque, según él, el edificio de Rectoría, dañado por los estudiantes en protesta, era “patrimonio histórico”, lo que podría motivar una sanción de parte de ese organismo y una probable acción legal contra quienes lo dañaron.

Sin embargo, la oficina del INAH se apresuró a desmentir esa versión, porque el citado inmueble no es siquiera parte del patrimonio histórico que resguarda la institución; no está en su catálogo de sitios históricos o arqueológicos sujetos a resguardo y, por lo tanto, ni vela tiene en ese entierro, por decirlo de manera coloquial.

Pese al desmentido del INAH, se ha insistido en difundir la versión de que los manifestantes que hicieron las pintas en el edificio de Rectoría están plenamente identificados, que pertenecen a Morena y que se procederá penalmente por dañar un bien del dominio público.

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Luego de que lo del INAH no “pegara” y de que los estudiantes no tomaran en serio la amenaza legal en su contra, el rector trató de enfocar el problema en tres facultades: Derecho, Filosofía y Letras y Artes, cuyos edificios forman el frente del Campus 1, el del centro, el más antiguo y el más descuidado, a decir de sus propios estudiantes.

Según le contaron a Mirone, Rivera Campos ha tratado de echarles la pelota a los directores de esos planteles, cuando no son los responsables directos ni de distribuir el presupuesto de la UACH ni de hacer reparaciones mayores a los edificios que tienen a su cargo.

Y, como decía Mirone al inicio, todo esto inició con una mala decisión de 12 millones de pesos: los mismos que se gastó la UACH en restaurar un estadio de futbol americano que estaba tan abandonado que parecía un baldío.

Sobraron voces que le pedían al rector que mejor destinara ese dinero a restaurar los edificios, instalar equipos de climatización y asegurar el suministro de agua, pero nadie logró hacerlo cambiar de opinión.

Ahora, el famoso campo “Nido de Águilas” está reluciente, con pasto artificial nuevo y alumbrado a todo lo que da, rodeado de edificios estudiantiles donde no hay agua ni baños que funcionen como debe ser.

Así están las cosas en una UACH que ya ha sido epicentro de cambios políticos de gran calado. Ojo con eso.