Algunos dicen que la palabra Chihuahua significa “lugar donde se juntan las aguas de los ríos”. Otros sostienen que en realidad significa “lugar seco o sin agua”, y el desierto del mismo nombre -el más extenso de América de Norte- hace más probable esta última acepción. El cambio climático nos muestra que cada vez hay menos lluvias, más sequías, más consumo, más gente y menos tecnificación del campo. Apenas pasadas las elecciones del 6 de junio, el tema del agua toma protagonismo en la agenda.

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En abril de 2013 el presidente Peña Nieto firmó ocho decretos suspendiendo el libre alumbramiento de aguas nacionales en 333 acuíferos, poco más de la mitad nacional. Se prohibía así continuar con la perforación de pozos allí donde aún podía hacerse sin una concesión federal previa. Quienes contaban con pozos construidos en tales zonas tenían 60 días para registrar la obra.

Conagua no podía entregar nuevos títulos de concesión en dichas zonas hasta que hubiera un nuevo instrumento jurídico para administrar un uso sustentable del agua. Ocho años después no existe tal reglamento, y aunque no deberían entregarse nuevos títulos sucedió todo lo contrario y se entregaron innumerables nuevos títulos de aprovechamiento.

Desde abril de 2013 la Conagua recibió un alud de solicitudes para registrar pozos en zonas de libre alumbramiento; en Chihuahua fueron más de 17 mil. De acuerdo con la ley aplicable, cada solicitud debía validarse una vez que fuese comprobada la existencia del pozo antes de los decretos y que el pozo, en cada caso, no estuviera ubicado en zonas vedadas, pero esto no ocurrió así.

A finales del 2019 despidieron a cerca de 70 colaboradores de la Conagua. Se afirmaba que se habían recibido más de 30 mil solicitudes para registrar pozos en zonas de libre alumbramiento, conocidos como Folios 8, donde la mitad eran para dictamen negativo por no demostrar su existencia previa al decreto o por estar ubicados en zonas vedadas.

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La cascada de Basaseachi, seca hasta hace unos días, expresa una entidad con 52 municipios inmersos en una sequía extrema que impactará en el suministro de agua para el consumo humano, industrial y agrícola, una realidad que la propia Agencia Espacial Estadounidense (NASA) alertó sobre todo el país.

Lo que ya es una tragedia en Chihuahua, en Juárez se ha vuelto un drama. En Riberas del Bravo, donde viven poco más de 40 mil personas, faltó luz y luego faltó agua, sumándose a decenas de colonias que se quedaron sin el servicio. En el corte de febrero de 2021 adolescentes y niños de Riberas del Bravo incursionaron en viviendas abandonadas, desenterrando tubos de aguas negras y reconectándolos.

La escasez no sucedió solamente en las colonias pobres del sudeste y noroeste, sino también en empresas maquiladoras, que además de sufrir apagones tuvieron que enfrentar la insuficiencia de agua. Los cortes en la energía eléctrica provocaron que los pozos dejaran de bombear, afectando el funcionamiento de las empresas.

Ciudad Juárez está ubicada en el rango de sequía extrema y casi el 100 por ciento de México tiene insuficiencia de agua. En Chihuahua los bajos niveles de las presas la Boquilla y las Vírgenes, más la sequía, mantienen en vilo a los sectores agrícola y ganadero.

Para colmo de males, en Ciudad Juárez la ineficiencia y la irresponsabilidad siempre puede ser superada. Mientras que desde hace 6 años el sistema de bombeo de aguas residuales no funciona, la JMAS vertió despreocupadamente agua durante cinco días en un pozo de captación en construcción en el Parque Central.

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En medio de la guerra del agua -y apenas dos días antes de que venciera el plazo- el Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para la entrega del agua, establecida en el tratado binacional de 1944. AMLO dijo que el acuerdo se logró a pesar de la “actitud intransigente y politiquera del gobernador”, en un contexto de politización y polarización.

El problema no se soluciona solo con más presas, sino que es necesaria una mayor infraestructura para enfrentar la sequía extrema en el estado. Se ha convertido en un factor endémico y necesita soluciones a largo plazo, lo que traería consecuencias de gobernabilidad.

Anualmente, alrededor de 11 mil millones de metros cúbicos de escurrimientos de aguas superficiales se van a las vertientes del Pacífico, beneficiando a estados vecinos. La cuenca del río Bravo tiene recursos hídricos cuya administración deben consensuar con las autoridades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, para optimizar el rendimiento del caudal de agua.

Tal consenso estaba lejos de aparecer porque varios productores de Tamaulipas plantearon llevar ante la Suprema Corte de Justicia un reclamo para obligar a la Conagua a cumplir con el pago pendiente, extrayendo agua de los embalses de Chihuahua.

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En 2020 Camargo fue el corazón de la guerra del agua, cuando los productores agrícolas de la región centro-sur se enfrentaron con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional que custodiaban la presa de Las Vírgenes. La guerra contra la Federación en la zona Centro-Sur por el agua costó la vida de una persona y una cerrazón de las posturas.

La disputa por el agua estalló el 8 de septiembre, cuando se tomaron las instalaciones de La Boquilla. En Ojinaga se incendiaron vehículos federales de la Secretaría de Bienestar y quedó retenido el entonces delegado Juan Carlos Loera.

La Delegación de Programas de Bienestar en Juárez repartió casa por casa un folleto titulado “La verdad del agua en Chihuahua”. Sostenía que había instigadores de la violencia entre los manifestantes por el conflicto del agua.

En la vereda opuesta, el presidente municipal de Camargo dijo que algunas personas no conocen la dinámica de trabajo en la zona y hablan del agua sin saber, refiriéndose expresamente a Juan Carlos Loera. La cancha quedó marcada y cuando el candidato llegó para hacer campaña en la región, no lo dejaron.

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No todo está “claro como el agua” en esta cuestión. En México hay 3 mil 304 personas que tienen títulos de concesión para la explotación de aguas superficiales o subterráneas, 261 son de Chihuahua.

A este grupo pertenecen los hombres de negocios de Chihuahua, amparados en la Ley de Aguas Nacionales, una norma lanzada por Carlos Salinas de Gortari. Hay 34 chihuahuenses que cuentan con empresas que explotan 148 millones de metros cúbicos anuales, un elevado grado de concentración del recurso.

Más turbio se pone el tema cuando, en medio de la crisis, la Federación acusó al gobernador Corral de proteger intereses vinculados al crimen organizado. Nogaleros, cebolleros y taladores cayeron en la volteada.

Los aguachicoleros y la perforación ilegal de pozos para uso agrícola muestran en territorio chihuahuense cifras no oficiales de 15 mil pozos sin autorización federal. La mayoría de ellos se encuentran en la zona noroeste, en los municipios de Namiquipa, Buenaventura, Casas Grandes y Ahumada, que forman parte de la cuenca del Río del Carmen, una región donde hay más de mil 500 pozos ilegales, desde Cuauhtémoc hasta Ascensión, la mayoría de ellos a nombre de productores menonitas, la familia LeBarón o compañías privadas.

A finales de 2020 la Conagua había clausurado 300 pozos ilegales. La mayoría formaba parte del acuífero Cuauhtémoc -que abarca al municipio de Cuauhtémoc y parte de Guerrero, Bachiniva, Carichi, Cusihuiriachi y Riva Palacio-.

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Los impactos económicos derivados de la llamada “guerra del agua” superaron los 30 mil millones de pesos por el bloqueo ferroviario de las exportaciones.

Para la Secretaría estatal de Desarrollo Rural las perspectivas son catastróficas en virtud de la sequía extrema, más el pago de agua a Estados Unidos. Al sector agropecuario le cuesta 16 mil millones de pesos una catástrofe económica que afecta directamente a 40 mil jornaleros en 11 municipios de la cuenca del río Conchos.

La Conagua informó que el ciclo agrícola 2021 entregará a los módulos de riego de la entidad menos del 40 por ciento de lo que corresponde para los cultivos. Aunque el estado cuenta con 61 acuíferos, apenas cinco o seis de ellos tienen disponibilidad de agua. El resto se encuentra sobreexplotado, en veda o sin disponibilidad.

El 16 de marzo se abrieron las válvulas de La Boquilla para iniciar al ciclo agrícola primavera-verano en Camargo y Delicias. De las 7 mil 804 hectáreas que corresponden a Camargo, se preveía el cultivo de 2 mil 341 y de las 70 mil hectáreas de Delicias habría cosechas en 25 mil.

El nuevo mapa agrícola implica la reducción en la producción, elegir qué cultivo es preferible, alza en los costos, pagos injustos y desempleo. En Chihuahua muchos agricultores prefieren abandonar algunos cultivos y concentrar el riego en los que mayores ganancias puedan dar.

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Conagua enfatizó que la sequía causó grandes estragos en los sectores agrícola y ganadero, pero ahora empieza a afectar al abastecimiento de agua para el consumo humano, un problema que está alertando a varias comunidades de la entidad.

El experto Kamel Athié Flores en su momento afirmó que el 98 por ciento del agua para las ciudades del Chihuahua era subterránea y que existía ya una clara competencia por el agua entre el campo y la ciudad. Le parecía una paradoja inaceptable que mientras los nogales y la alfalfa tienen agua para una cosecha segura, las personas padecieran de escasez.

Peor aún, aunque Chihuahua está en una zona desértica, el desperdicio de agua duplica la media nacional per cápita con 600 litros diarios de consumo. El ahorro del agua es un desafío, y aunque existen campañas para concientizar sobre un uso responsable, los indicadores manifiestan todavía la ausencia de una cultura del uso racional del agua.