Se pusieron candentes los agarrones en los juzgados familiares y civiles por quedarse con los buenos secretarios y las secretarias proyectistas.

Quienes asumieron como nuevos jueces y juezas conocen muy bien quién es quién en la chamba, así que le echaron el ojo al personal más efectivo y se los andan pirateando entre juzgados, ahora que se dio la sacudida por la reforma judicial y las adscripciones que reconfiguraron todos los juzgados.

Secretarios y secretarias se dejan querer y en general están de acuerdo con irse con las personas juzgadoras que los quieren jalar, pero resulta que hay resistencia de los titulares que no los quieren soltar. Ya andan midiendo fuerzas e influencias por todos lados.

El gran problema es que hay déficit de secretarias y secretarios. Muchos huecos que vienen de una limpia anterior, además de que en el proceso, algunos subieron en la escalerita y con la elección se convirtieron en jueces o juezas. Hay juzgados que están funcionando a la mitad en cuanto a ese personal clave.

Además, los actuales jueces y las juezas también tienen plenamente identificadas a las personas que tienen mala fama por no ser muy chambeadoras como secretarias o secretarios, o simplemente por ser malitos en su trabajo, así que a esos nadie los quiere.

Indudablemente que quienes llevan ventaja son las personas juzgadoras que vienen del propio Poder Judicial y ya conocen todo el teje y maneje, en contraposición a los nuevos que desconocen cómo corre el agua y no saben las características del personal.

En menor escala, pero también está la lucha en las salas regionales, con magistraturas que quieren jalarse a quienes desde los juzgados traen experiencia. Ahí se han dado buenos tiros por el mejor personal y hasta enemistados han resultado unos con otros.

Están los pleitos y los acuerdos a todo lo que dan, para que los juzgados menos complicados suelten a su mejor personal, en beneficio de los juzgados o las salas donde hay mayor flujo de expedientes, casos de mayor impacto o más pendientes atorados.

Hasta eso que desde Chihuahua se dio un primer paso para no complicar más el rezago que se arrastra desde el arranque del proceso de renovación en todos los juzgados (o incluso desde antes de la reforma). En general, a las juezas y los jueces sin carrera judicial los dejaron en los juzgados con menos cargas o más ordenados porque tuvieron antes buenos titulares.

La carga más pesada se dejó en quienes ya eran parte del Poder Judicial. Será nomás cuestión de que tomen ritmo para que saquen todo lo acumulado, aunque sigue pendiente que se establezca un plan de acción institucional bien armado contra el rezago.

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Los impulsores del ambicioso Proyecto Júpiter estuvieron ayer en el despacho del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, de quien recibieron todo el apoyo.

El Proyecto Júpiter plantea la construcción de un megacentro de datos de 165 mil millones de dólares en Santa Teresa, Nuevo México, donde ha generado oposición, particularmente de residentes y activistas ambientales.

No se conocen detalles sobre cómo se vincularía el municipio de Juárez a ese proyecto, pero el presidente municipal habló a su favor al señalar que “no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que también abre nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestra región”.

“Sostuvimos un encuentro para dialogar sobre el Proyecto Júpiter, una inversión pionera que desarrollará un campus de centros de datos de última generación en Ciudad Juárez y el condado de Doña Ana (…). Reiteramos nuestro respaldo a toda iniciativa binacional que sea pertinente, sustentable y que consolide a Ciudad Juárez como la mejor opción para el desarrollo económico regional”, compartió en sus redes el alcalde Pérez Cuéllar.

Del otro lado de la frontera, los opositores cuestionan la falta de transparencia y exigen que se clarifique el impacto ecológico del proyecto en una región ya afectada por la sequía y por la falta de fuentes de suministro de agua de buena calidad.

El campus de entre mil y mil 200 acres (405 a 486 hectáreas), incluiría cuatro instalaciones de centros de datos y utilizará un sistema de “circuito cerrado” de tuberías para enfriar los servidores de computadoras dentro de los edificios. De acuerdo con los desarrolladores, se requerirá un llenado único antes de que el agua se recicle una y otra vez.

Llenar los cuatro centros de datos requeriría aproximadamente 10 millones de galones (37.9 millones de litros) de agua, y los promotores han explicado que el consumo continuo del campus sería de 7.2 millones de galones (27.3 millones de litros) de agua cada año que esté operando.

Sin embargo, las cifras no convencen a los residentes de Sunland Park y Santa Teresa, y a los activistas ambientales, quienes manifestaron su oposición en los foros que se han realizado, y criticaron el haberse enterado del proyecto en las semanas recientes.

El punto central es que siempre ha habido quejas respecto a que se cuenta en la zona con agua potable de baja calidad y altos e inseguros niveles de arsénico, suministrada por CRRUA, lo que se agravaría con el nuevo centro de datos.

Proyecto Júpiter es impulsado por un conglomerado de empresas, la más visible BorderPlex Digital Assets con sede en Austin, pero también Stack y otras firmas de construcción e infraestructura como Orion Digital Infrastructure.

La Junta de Comisionados del Condado de Doña Ana tomará una votación final sobre el proyecto el viernes 19 de septiembre en Las Cruces.

El suministro y la calidad del agua también es un problema no resuelto a cabalidad de este lado de la frontera y el debate también está abierto en Juárez en ese sentido, cuando se habla de nuevas inversiones y nuevas construcciones que no hacen sino ampliar el déficit de infraestructura.

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En nuestro capítulo de hoy en la serie mexicana de crimen y corrupción sobre huachicol fiscal, se conoció la participación de otro vicealmirante de la Marina, Salvador Camargo Vivero.

Sería el segundo mando de la Marina vinculado a la operación huachicolera, luego de que se vinculó a proceso a otro vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, el sobrino político del Almirante Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Camargo Vivero fue denunciado por permitir la descarga de 20 huachi-buques, pero no tiene siquiera orden de aprehensión.

En la denuncia contra el marino que se supone es investigada por la Fiscalía General de la República, se establece que el vicealmirante permitió la descarga de los barcos con huachicol fiscal en un recinto portuario, durante su gestión como director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico.

Aunque Camargo no enfrenta orden de aprehensión, su Gerente de Administración y Finanzas, Francisco Javier Antonio Martínez, fue vinculado a proceso el miércoles por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Fue el Jefe de Departamento de Supervisión de Maniobras en la Asipona, identificado en la indagatoria como HRV, quien declaró el pasado 11 de julio a la Fiscalía General de la República que e Camargo y Martínez permitieron el ingreso de los buques al recinto fiscal 290.

Entre esas embarcaciones se incluye el famoso Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo pasado con 10 millones de litros de diésel importados de Estados Unidos y que, en los pedimentos aduanales se hicieron pasar por aditivos para aceites. Eso hace el huachicoleo fiscal: falsear documentos para evadir el pago de impuestos más altos que se aplican a los hidrocarburos, como las gasolinas y el diésel.

El testigo protegido admitió que los manifiestos de carga que les exhibía el agente naviero Altamarítima S.A. de C.V. consignaban que el producto era aditivo.

También afirmó que Luis Omar Chong López, representante legal de Altamarítima, participó en los trámites de los 31 buques que llegaron con huachicol fiscal durante el periodo de abril 2024 a marzo 2025.

“En ese periodo no hubo ninguna otra agencia naviera que participara para los trámites para el ingreso de esos 31 buques, Luis Omar Chong se apoyaba de Ernesto Cárdenas, quien es su auxiliar de operaciones, persona que realizaba todas las gestiones con Capitanía de Puerto para el ingreso de los buques”, señala el testimonio dentro de la indagatoria y la historia que todos los días aporta algo nuevo.

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Bastante frenética anda la actividad partidista y eso que todavía faltan un año y nueve meses para las próximas elecciones.

Muy activas se han visto las presidentas de Morena y del PAN, Brighite Granados y Daniela Álvarez, respectivamente. Hasta parece que traen competencia en eso de recorrer los municipios del estado.

Brighite Granados lanzó su gira estatal por los 67 municipios desde la semana pasada, siguiendo la directriz de Luisa María Alcalde respecto a trabajar el territorio, fortalecer la unidad interna y mantener el contacto directo con la comunidad.

Ya anduvo por Julimes, Las Varas, Saucillo, Naica, San Francisco de Conchos y Jiménez, entregando credenciales a nuevos afiliados y encabezando asambleas para dialogar con la militancia y conformar los comités seccionales. En Jiménez se le entregó su nueva credencial morenista al alcalde Pancho Muñoz.

Como parte de la gira, Brighite también asistió al Informe de Gobierno del alcalde de Valle de Allende, Rafael Payán Morales, así como al informe del regidor Aldo Urzúa, en Delicias. Esta semana continuará la gira por más municipios. Ayer encabezó en Jiménez otra asamblea (van conformados 10 de 36 comités seccionales en ese municipio) y aprovechó para tener conferencia de prensa.

Por el lado del PAN, Daniela Álvarez tampoco se detiene. Igualmente tuvo ayer su conferencia en la capital del estado, acompañada de las diputadas federales Manque Granados y Rocío González.

El fin de semana fue de asambleas para la renovación de comités municipales y elección de propuestas de consejeros estatales y nacionales. Salió sin ningún contratiempo la asunción de César Komaba como nuevo presidente del Comité Directivo Municipal de Chihuahua, en evento en el que participó la gobernadora Maru Campos, además del alcalde Marco Bonilla.

También han sido días de informes en presidencias municipales. El fin de semana acompañó Daniela a Jorge Aldana, el alcalde Camargo, y antes estuvo en Ojinaga, para el primer informe de la alcaldesa Lucy Marrufo.

Lo mismo hizo la presidenta con Sandra Galindo, la alcaldesa panista de Aldama; con Fernando Ortega, el presidente municipal de Santa Isabel y con Pepe Andujo, el alcalde de Rosales. Eso fue en los informes, pero también encabezó Daniela asambleas para renovación de dirigencias en Jiménez, Parral, Matamoros y Satevó, entre otros municipios.

Por cierto, el próximo domingo 21 estará en Juárez para encabezar la asamblea en que se dará trámite a la elección de Ulises Pacheco como nuevo presidente del Comité Municipal.