Para el próximo martes 8 de julio habrá reporte especial desde la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el caso del crematorio del horror en que se encontraron 383 cuerpos, tratados como basura.
Desde ayer le pidieron a la presidenta abordar el tema, y particularmente le preguntaron sobre acciones para supervisar este tipo de negocios funerarios y de cremación de cuerpos.
“Sí. Es un caso especial. Yo pediría que lo informara el Gabinete de Seguridad. Lo atiende la Fiscalía del Estado de Chihuahua y para mayor información esperamos al Gabinete de Seguridad”, respondió Sheinbaum.

No explicó ayer a qué se refería, pero dijo que “se difundió un tema; en realidad tenía que ver con otros temas, también”.
“Para que se dé el balance global, el martes viene el Gabinete de Seguridad y les pedimos que nos expliquen este caso”, agregó la mandataria.
Ciertamente, se traslapan aquí los temas de procuración de justicia y castigo de los responsables con los asuntos sanitarios y las negligencias en distintas dependencias gubernamentales. Nada se debe dejar de lado, tampoco el tema de la corrupción en oficinas administrativas y cuerpos policiacos.
En asuntos pendientes de violencia y criminalidad, tampoco puede descartarse, como lo pidieron grupos de madres buscadoras, que ahí estén cuerpos de personas desaparecidas.
Todo el país está ya al pendiente de lo que acá pasó y espera las explicaciones, además de conocer los avances de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Quién sabe si se vaya a requerir la voz directa de algún funcionario de Chihuahua.
También está pendiente que le entre la Fiscalía General de la República. No hay que olvidar que además del delito de fraude, que quedaría estrictamente en el fuero común, está el tema de las violaciones a la Ley General de Salud, por lo que la jurisdicción sí puede ser federal, lo mismo que cuando entran violaciones graves de derechos humanos.
Es toda una caja de pandora la que se está abriendo en Juárez. Por la legislación federal en la materia en cuanto a normas sanitarias y competencias, también es tema de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Así que además del Gabinete de Seguridad, bien podrían tener una participación para atorarle al asunto en el plano federal, las representaciones de Salud y Cofepris.
Lo que pasó en Juárez en el crematorio de la colonia Polo Gamboa, no debe repetirse jamás, ni aquí, ni en ninguna otra parte del país, por lo que las autoridades deben de tener claros todos los mecanismos legales y protocolos de colaboración y supervisión de las distintas instancias.
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Le llegaron a Mirone reportes de que Rafael Arellano Cuarón, uno de los dueños del Crematorio Plenitud ha estado contactando a amigos y familiares para pedir coperacha con el objetivo de reunir dinero para la fianza que presuntamente le estarían solicitando en los tribunales.
Quien está preso es José Luis, su hermano. Resulta que, aunque la familia tiene vínculos empresariales, andan insolventes, por no decir que quebrados. Y eso que les gustaba moverse en espacios nice y asistir al Campestre.
Lo que le dijeron a este Don, es que, desde El Paso, Rafael se mueve con sus conocidos y, antes de pedir ayuda, intenta convencerlos de que nunca dejaron de cremar cadáveres en su negocio. Que supuestamente el primer problema estuvo con el pago del gas, por lo que empezaron a cremar menos de los cuerpos que llegaban.
Si eso está pasando así, difícil que alguien le vaya a creer. Sobre Rafael, se publicó que era dueño de Carnitas Querétaro, negocio ubicado en El Paso, aunque esa empresa tuvo que salir a aclarar que “el Sr. Arellano fue únicamente esposo de una de las hijas de los dueños y, durante ese periodo, trabajó como empleado bajo su propio cargo”
También se informó que “al momento del divorcio, el Sr. Arellano fue despedido y desde entonces no ha tenido ningún vínculo laboral ni personal con nuestro restaurante”.
Además, se ha estado publicando en redes, información de Rafael respecto a una constancia de registro en el Padrón de Proveedores Municipal. Es un documento de noviembre del 2021 firmado por el contralor José Luis Anaya.
Arrellano se habría registrado como proveedor (con el número 13199) con el giro de “servicios de protección y custodia mediante monitoreo de sistemas de seguridad, construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes a desnivel y aeropistas”.
Mientras que eso ocurre con los detenidos y su familia, ya son más de 600 las personas que han acudido ante la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, para pedir información, ya que creen que sus familiares podrían estar entre los 383 cuerpos no incinerados.
Hasta ayer, únicamente un cuerpo plenamente identificado, fue entregado a su familia, la cual había recibido cenizas de no saben quién o de qué.
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Bastante grilla se desató al interior de la Asociación de Jubilados y Pensionados ahora que se puso sobre la mesa un cobro presuntamente ilegal que se está realizando a todos los extrabajadores de la Presidencia Municipal.
Originalmente, el tema se hizo público en una sesión del Comité de Servicio Médico Subrogado, donde el regidor por el PAN, Alejandro Jiménez, cuestionó que se haya incluido en el incremento del 2 por ciento en las cuotas para el servicio médico a los trabajadores que ya no están en activo.
Desde entonces empezaron a voltear a ver los jubilados y pensionados, al presidente de la Asociación, Juan Etienne, porque nadie estaba enterado de ese cobro que les impacta a sus finanzas personales y familiares.
A partir de esa inconformidad, se ha generado más información sobre los manejos caciquiles de Etienne, quien hace y deshace con los recursos que maneja la Asociación.
Resulta que, vía nómina, aparte del cobro ya señalado, todos son vacunados con cuotas que rondan los 150 pesos a la decena. Unos 400 pesos mensuales por piocha. Es un dineral, ya que el Municipio cuenta con al menos 2 mil 500 jubilados y 900 pensionados, es decir, 3 mil 400 aportantes.
Esos 400 pesillos al mes, son al año 4 mil 800 pesos, que multiplicados por todos los vacunados, dan la nada despreciable cifra de 16 millones 320 mil pesos.
Sobre esos recursos prácticamente no hay fiscalización o a nadie le rinde cuentas el dirigente de la agrupación, famoso por amedrentar a quienes quieran reclamar, con sus antecedentes de duro jefe policiaco que no se anda con medias tintas. Su grupo cercano de colaboradores, lo integran exagentes que hasta presumen de tener línea directa con los malandros. Además, todos ellos se fijan sus propios sueldos con recursos de la Asociación.
Se supone que las cuotas sirven para pagar una prestación extraordinaria de un pago especial por muerte para la familia de los jubilados y pensionados, pero lo que le dijeron a Mirone es que no hay muchos egresos por esa causa y el dinero se acumula para ser manejado discrecionalmente por Etienne y los suyos.
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La renovación de cargos por la elección judicial no únicamente trae en ebullición a las estructuras burocráticas del Poder Judicial. El impacto por reacomodos viene fuerte en otras instancias y otros poderes de donde salieron quienes asumirán los nuevos cargos el 1 de septiembre.
Tal es el caso del Gobierno Municipal de Chihuahua, particularmente de la Secretaría del Ayuntamiento.
No nada más dejará su cargo el titular, Roberto Fuentes, quien obtuvo un espacio de magistrado en materia Civil. Hay otros tres funcionarios que se convertirán en personas juzgadoras por los votos que recibieron en la jornada del 1 de junio.
En el combo está el subsecretario Alejandro Olivas, quien se irá de juez Civil, así como como Ever Antonio Villalobos, el subsecretario Jurídico que se convertirá en juez Familiar. Además, está el subdirector de Normatividad, Jorge Alberto Aragón, que también va de juez Familiar. Todos los abogados con tintes azules, van para el Distrito Morelos.
Quién sabe si Marco Bonilla tenga ya los sustitutos para quienes dejarán de laborar ahí al finalizar agosto, o tenga que publicar un anuncio en busca de abogados que le muevan a la función pública. Si es abogado y busca chamba, ya sabe a dónde llevar su solicitud.