La tarde de este miércoles, un grupo de integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos fueron parte del conversatorio “Eso también es violencia”, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en el que denunciaron que, a lo largo de estos meses, han sido víctimas de “violencia institucional”.
Eleuterio Palacios, uno de los siete participantes del evento, manifestó que desde que se dio a conocer el hallazgo de los 386 cuerpos dentro del crematorio, al pasado 26 de junio, las autoridades han sido omisas en entregar resultados de las indagatorias.
Señaló que, hasta el momento, en las reuniones que han tenido con diversas autoridades, como la Fiscalía General del Estado (FGE) o la representación de Gobierno del Estado en la ciudad, únicamente les han informado sobre la identificación de los cuerpos, así como las denuncias por fraude que se han presentado.
Lo anterior, sin mencionar las posibles sanciones en contra de las funerarias o funcionarios públicos que podrían tener relación con el acumulamiento de los cuerpos.
“Es increíble que se hayan encontrado 386 cuerpos y que no haya ninguna persona sancionada o que haya perdido su trabajo por ello”, aseveró.
Por su parte, Dora Elena Delgado Barraza, vocera del colectivo, denunció al Gobierno estatal porque está impidiendo estudios genéticos para identificar si las cenizas que les entregaron eran humanos o no, impidiéndoles interponer denuncias ante la FGE.
Agregó que en las reuniones que han sostenido con autoridades, les han repetido un mismo discurso con relación a que están trabajando, pero sin ofrecer resultados tangibles.
Aseguró que, por ahora, han tenido conocimiento de un grupo considerable de miembros del colectivo, quienes han concluido el proceso de identificación y entrega de los restos de su ser querido encontrado al interior del crematorio Plenitud.
Sobre la audiencia del pasado 17 de abril, en la que se sancionaron los acuerdos reparatorios a los que llegaron víctimas del crematorio con la propietaria de la funeraria Luz Divina, los integrantes del colectivo los calificaron de manera negativa.
Consideraron que se le otorgó a la propietaria la oportunidad de “subastar” la reparación del daño a los afectados.
Es inverosímil, dijeron, que existan diferencias tan grandes en las compensaciones, siendo que hay que víctimas a las que únicamente se les compensó con un pago de 5 mil pesos, cuando hay otras a las que se les entregó más de 44 mil pesos.
Puntualizaron que en la mayoría de los casos, han sido mal asesorados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave), ya que en los acuerdos reparatorios no se tomó en cuenta el daño psicológico que han sufrido.
“Ellos no quieren dinero, quieren justicia, pero no saben cómo llegar a ella”, mencionó Delgado Barraza.
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