Destapan cochinero en Obras Públicas

La obra del Centro de Inteligencia Artificial (CIA), en terrenos aledaños al antiguo hipódromo de Ciudad Juárez -retrasada más de un año-, fue denunciada como un caso de abuso gubernamental por el empresario juarense Mauro César Álvarez Acosta.

Nadie en el Gobierno del Estado, ni en Comunicaciones y Obras Públicas, ni en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico tuvieron la cortesía o el interés de explicarle a los juarenses por qué después de un año de haber anunciado la obra hasta el día de hoy no han puesto ni un ladrillo.

Esta es la historia.

La empresa Construcciones y Urbanizaciones MAD -dirigida por Álvarez- fue contratada el 22 de enero del año pasado para realizar la primera etapa del CIA, pero no pudo iniciar los trabajos porque el gobierno estatal no le dio los recursos.

De acuerdo con Álvarez, el retraso fue tal que el anticipo para la obra se lo dieron hasta el 4 de mayo de 2018, argumentando insuficiencia presupuestal.

El 20 de julio denunció su caso ante la Secretaría de la Función Pública para advertir que el atraso no era imputable a su compañía.

Después del primer retraso por cuestión de recursos, un cambio de lugar de la obra obligó a un nuevo atraso, tampoco imputable al empresario.

Pero entonces el Gobierno decidió rescindirle el contrato imputándole toda la responsabilidad.

Antes de rescindir el contrato, de acuerdo con documentos obtenidos por Norte Digital, la propia Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le había autorizado una extensión en el plazo de entrega hasta marzo de 2019.

Ya hecha la rescisión, la dependencia que dirige Gustavo Elizondo Aguilar, hizo una nueva licitación y le asignó la obra a Constructora Anglo de José Luis Anguiano, una empresa que tiene en su contra un proceso penal en el que están en duda cerca de 8 millones de pesos.

En el fondo, más cochinero

La constructora Anglo, a la que se le asignó la continuación de la obra del Centro de Inteligencia Artificial (CIA), enfrenta actualmente un proceso penal por presuntas irregularidades durante la construcción del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez en el año 2014, mismas que fueron denunciadas por el también constructor Gerardo Bonilla.

El fiscal zona Norte Jorge Nava López confirmó que la denuncia presentada por Bonilla derivó en una investigación en la que se confirmó que había suficientes elementos para judicializar el caso ante un juez de control del distrito Bravos y vincular a proceso a Anguiano.

“La persona que tú mencionas (José Luis Anguiano) promovió un amparo en contra de la vinculación a proceso, pero el fondo de la investigación continúa adelante”, refirió Nava.

También sin mencionarlo por su nombre, reveló que en la misma indagatoria también se acusa al exsubsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas Everardo Medina Maldonado, por haber participado en el presunto fraude contra Bonilla.

Cuestionado al respecto el actual subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la frontera, Roberto Barraza, dijo que sí tenía conocimiento del proceso en contra de Anguiano, pero como no había sentencia condenatoria, dicho empresario no tenía ningún impedimento para concursar en obras de gobierno.

Por eso pudo entrar a la licitación del CIA y ganarla, de una manera por demás conveniente.

Papelitos hablan

El oficio de rescisión de contrato contra la empresa Construcciones y Urbanizaciones MED, del constructor juarense Mauro César Álvarez Acosta, está fechado el 6 de diciembre de 2018 y en él se le reprocha no haber terminado el programa de obra del CIA en la fecha marcada el 9 de julio de 2018.

Pero el documento donde le amplían el plazo al 4 de marzo de 2019, está firmado por el propio secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Gustavo Elizondo Aguilar.

Cuestionado por Norte Digital, Elizondo dijo que todo se llevó a cabo conforme lo marcan los procedimientos.

Si el empresario deseaba inconformarse estaba en su derecho y podía incluso ampararse, lanzó.

“Para fin de llevar a cabo una rescisión hay un procedimiento, las rescisiones no se dan de manera espontánea sino que obedecen, primeramente, a incumplimientos en la realización de la obra, tanto por tiempo como porque no se cumplen las especificaciones técnicas”, explicó Elizondo.

Definen plan maestro en terrenos del exhipódromo

Aun puesto en conocimiento de que Norte Digital tuvo a la vista un documento en el que él como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas había autorizado la ampliación del plazo para la terminación, Elizondo insistió en que el denunciante había entregado la obra con un avance mínimo, a pesar de que se le dieron todas las facilidades para haberla terminado.

“El entregó la obra en las condiciones en que se encontraba de atraso que como tu señalas debió haberse terminado el año pasado y se tuvo un avance mínimo y se le dieron toda clase de facilidades”, refirió.

No obstante, en el documento se explica que el retraso de la empresa se debió a un cambio de terreno recomendado por el Instituto de Administración (y Avalúos) de Bienes Nacionales (Indaabin).

Dicho atraso fue referido en un oficio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) fechado el 17 de septiembre de 2018, en el cual se hace alusión al cambio de lugar de la obra, y que éste no era imputable al constructor.

Ese mismo día el propio Elizondo firmó un Acuerdo de Reprogramación -del que Norte Digital obtuvo una copia- en el que se dice textualmente que la nueva fecha para entregar la obra sería el 4 de marzo de 2019.

“El tiene todos los elementos y tiene todo el derecho de inconformarse. Yo le digo, si hay algo que a su juicio no se haya actuado conforme al procedimiento de una rescisión pues que se inconforme”, reiteró Elizondo.

Norte Digital hizo contacto con la oficina de prensa de la Secretaría de la Función Pública para solicitar información sobre el estado que guarda el procedimiento iniciado a petición del denunciante en julio de 2018, pero al cierre de este trabajo, no hubo respuesta.