Despojados de sus casas

A mil 500 kilómetros de distancia de esta frontera, Infonavit inició juicios civiles en el Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit contra derechohabientes radicados en Juárez, para adjudicarse sus casas por haber dejado de pagar sus créditos.

Organizaciones civiles estiman que el instituto no les dio oportunidad de defenderse, y que cuando quisieron acercarse para buscar una solución, los recibieron con una maraña infame de sordo burocratismo.

Es cosa nada más de tratar –por ejemplo– de cancelar un crédito por el fallecimiento del derechohabiente, para constatar que la contestadora automática del número 800 de Infonavit es un laberinto que deja al interesado al borde de un ataque de nervios por la infinita espera.

Para la representante de El Barzón en Ciudad Juárez, Griselda Sosa, el problema de la morosidad de los titulares de los créditos debe ser visto desde un punto de vista social, no solo jurídico o mercantil.

La razón por que las personas entraron en morosidad fue que perdieron su empleo o tuvieron que huir de la ciudad por la violencia que se desató aquí al final de la década pasada, recuerda Sosa, quien ya tiene registrados 3 mil 090 casos en esa circunstancia.

A pesar de la gravedad social que implicaba tal circunstancia, el Gobierno en sus tres niveles no estuvo a la altura como para articular una política pública que se anticipara para amortiguar el golpe a las familias, comenta.

De acuerdo con Sosa, las autoridades dejaron que las cosas siguieran el curso normal de los procedimientos de cartera vencida y no hicieron nada para evitar el desastre de los más vulnerables.

En contraste, continúa, acomodaron el tinglado legal para que al final de cuentas empresarios pudientes e inmobiliarias hicieran su agosto, vendiéndoles casas recuperadas a precios muy por debajo de lo que les exigían a los propietarios morosos para devolverles sus casas.

Mientras a un derechohabiente le amenazan con desalojarlo si no paga los 400 o 500 mil pesos de su adeudo, a una inmobiliaria le venden la misma casa en 80 mil pesos, libres de gravamen.

De acuerdo con abogados y líderes sociales consultados para este reporte, la acción legal se emprendió sin respetar el derecho de audiencia de los inculpados y violando la jurisprudencia de la Suprema Corte, porque los juicios no se llevaron a cabo en la ciudad donde se ubican las viviendas.

Si se confirma que el organismo violentó el derecho a defenderse de miles de personas, entonces se habría incurrido en un fraude procesal, en que además se pretendió que los inculpados aceptaran ser juzgados en un lugar distinto del domicilio de sus casas, “cuando eso no es cierto ni factible ni legalmente posible”, opina el abogado amparista Alberto Velázquez, quien actualmente está iniciando juicios de garantías en apoyo a una acción social convocada por la Fiscalía Ciudadana Anti–Corrupción (Ficiac) y la asociación civil Ciudadanos Vigilantes.

El subdelegado de Infonavit en Ciudad Juárez, Jaime Flores Castañeda, confirmó que efectivamente un juzgado federal ya admitió amparos en contra de actuaciones del instituto.

Uno de esos juicios de amparo es el interpuesto el 18 de enero por Angélica Barraza Cardoza, quien compró una casa de Infonavit en 2001 por un monto de 219 mil pesos, y después de no poder pagarla debido al desempleo se la dejó a su hermana Zulema.

La casa estuvo desocupada, pero Zulema y su esposo Juan decidieron levantarla y desde hace dos años viven ahí.

Trataron de buscar una solución con Infonavit, pero solo les dieron largas.

El 27 de diciembre de 2016 personal de un despacho jurídico contratado por Infonavit los visitó para informarles que tenían que desalojar la casa porque un juez federal la había adjudicado al instituto por falta de pago.

Le proponían que para conservar la vivienda debían aceptar un adeudo de 600 mil pesos por intereses moratorios.

El matrimonio decidió asesorarse con la abogada Griselda Sosa, de El Barzón Ciudad Juárez, quien les recomendó que no se salieran de la casa.

Juntos iniciaron una batalla legal que al cierre de este reporte continúa en curso.

De acuerdo con Sosa, el problema es que el Infonavit ya subastó las casas aunque las personas sigan viviendo en ellas, y ahora las inmobiliarias que las compraron tratan de obligarlos a que las desocupen para volver a venderlas.

Sobre el caso de Zulema, narró: “Ella me comenta que efectivamente tiene algunos omisos en los pagos de Infonavit, pero que nunca había sido llamada a juicio (…) Ahí en el Registro Público de la Propiedad yo encuentro esto, que su casa fue adjudicada en rebeldía porque se llevó a cabo un juicio en el estado de Nayarit y que por órdenes de ese juez había sido adjudicada su vivienda el 7 de marzo de 2016 (…) Esto fue ilegal si tú nunca fuiste llamada a juicio. Vamos a promover un amparo”.

Puesto al tanto de que abogados ya están tramitando más amparos, el subdelegado Flores Castañeda concedió que quienes se sientan vulnerados en su derecho deben acudir a las instancias legales que existen.

“Lo que nosotros buscamos es que en este tipo de juicios se lleve a cabo la certeza jurídica (…) si se promovió un amparo estaremos nosotros a la espera de lo que determine la autoridad; en ese sentido la autoridad tendrá una resolución y nos deberá dar una indicación al instituto, y esa indicación que le de al instituto nosotros la debemos acatar”, admitió.

“A todo emplazamiento irregular –dijo– corresponde alguna instancia, y en este caso la instancia correspondiente sería en este caso un juicio de amparo, y si lo hay nosotros estaremos dispuestos a acatar lo que señale la autoridad”.

Pero el número de amparos es muy reducido si se le compara con la cantidad de escrituras que, de acuerdo con los abogados y activistas, están siendo cambiadas a nombre de Infonavit.

José Luis Rodríguez, de la Ficiac, calculó que si en Juárez fueran más de 5 mil casos, a nivel nacional el número podría rebasar los 50 mil.

En una investigación de NORTE se detectó que hay despachos jurídicos e inmobiliarias visitando a las personas que viven en las casas, haciéndoles creer que si no desalojan llevarán a la fuerza pública.

En algunos casos se hacen acompañar de personal armado que finge ser de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los papeles que muestran a las personas son hojas simples con membretes y firmas, pero ninguno es un documento oficial.

Consultadas para este trabajo, al menos dos de dichas empresas dieron su versión de los hechos señalando que las casas que ellos están tratando de recuperar fueron adquiridas en subastas legales en que les proporcionaron escrituras oficiales a nombre de Infonavit.

Para el subdelegado Jaime Flores Castañeda las subastas y las macrosubastas son un camino “para que no tengamos esa vivienda abandonada aquí en la ciudad”.

Pero en cuanto a los desalojos, el propio funcionario advirtió que nadie debe dejar su vivienda si no le presentan una orden firmada por un juez.

“Primero que nada, para poderse salir de su domicilio tendrá que haber sido legalmente emplazado y seguir un juicio, y una vez que se dicte una sentencia, bueno, en ese momento ya se tendrá que acatar la disposición legal. Si no ha sido ese el procedimiento, habrá medios o mecanismos de defensa para que esta persona siga teniendo la posesión de esa vivienda; debe de existir una certeza jurídica, si no hay una certeza jurídica, bueno, la persona podrá seguir siendo, en este caso, quien posea la vivienda, hasta en tanto no exista un mandamiento judicial”, afirmó.

Antes de concluir la entrevista, Flores Castañeda hizo una convocatoria abierta a todos los derechohabientes juarenses que estén pensando comprar una casa por medio de un crédito de Infonavit.

“Hago un llamado a la gente que acuda las instalaciones, que platique con la gente, que platique con el área técnica, que platique con la gente que está en el Infonavit para que lo podamos asesora mejor en este caso, y no solamente se vaya con lo que la empresa inmobiliaria le está ofertando”, indicó.

El inicio

El empresario inmobiliario Mario Sánchez fue el primer afectado que reveló a NORTE a principios de enero de 2017 el presunto fraude, ya que una de sus casas resultó adjudicada a favor del instituto sin que le hubieran notificado.

Sánchez entró a la base de datos del Poder Judicial de Nayarit y descubrió que su caso no era el único.

Los juicios promovidos por los despachos contratados por el Infonavit constan en los expedientes 297/14 y 506/13 y se llevaron a cabo en el señalado Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil de Compostela, Nayarit.

Pero a él, como directamente afectado, nunca le notificaron.

“El juzgado de Nayarit tiene la obligación de contactar al juzgado de aquí, Ciudad Juárez, a los juzgados civiles, por medio de un exhorto para así contactar a quien se está demandando”, explicó Sánchez.

Dijo que resultaba sospechoso que “como por arte de magia” los juicios hubieran sido desahogados en muy poco tiempo.

“En seis movimientos, desde la admisión de la demanda, se adjudican el bien inmueble”, alertó.

Se presume un fraude

De acuerdo con el abogado juarense especialista en amparo Jesús Alberto Velázquez, el instituto incurrió en un fraude procesal no solo por no darle a los acreditados el derecho de audiencia, sino por haber llevado a cabo juicios en una ciudad distinta a donde se ubican las viviendas de los afectados.

“Está incurriendo en una cuestión de tipo penal porque se trata de un fraude procesal; es decir, está buscando el Infonavit hacer constar que en los actos jurídicos que celebraron los trabajadores, el (trabajador) convino en sujetarse a cualquier tribunal del país, cuando eso no es cierto ni factible ni legalmente posible (…) si el Infonavit ha ejercitado una acción real es juez competente el del lugar del domicilio de la cosa que se ve afectada por esa acción real, por ejemplo la casa, el juez del domicilio de la casa”, explicó.

Velázquez aclaró que en caso de que un tribunal superior falle a favor de los derechohabientes que promuevan juicios de amparo, eso no significaría que los adeudos contraídos desaparecerán o que los créditos se eliminarán.

“Este no es un conflicto en el que se pueda aliviar el problema económico de un acreditado, este es un caso en el que el único derecho que está siendo cuestionado es el derecho de ser llamado a juicio, el derecho de conocer un procedimiento y de defenderse (…) es lo único que está en cuestión. No está ahorita en cuestión ni vamos a poder ofrecerle a ningún acreditado que su crédito se va a extinguir, que su crédito ya se pagó, que ya se quitó la deuda. No, nada de eso. Cada caso en particular se tiene que analizar porque cada caso es una historia diferente”, precisó.

Infonavit no hace desalojos

NORTE localizó al corporativo que promovió los juicios de Ciudad Juárez para obtener su versión.

“Nosotros recuperamos vivienda deshabitada de Infonavit, ¿en qué cosiste el proyecto? El proyecto consiste en recuperar viviendas que tienen un atraso superior a un año”, explicó vía telefónica Daniela Armendáriz, representante del despacho Rosal, encargado del caso a favor del instituto.

Dijo que ellos recuperaron las casas para que por medio de Coesvi se pudieran ofrecer a trabajadores de Gobierno del Estado, aunque no todas se entregaron a la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura; también hubo entregas a inmobiliarias particulares, como fue el caso de DASA o Pro Vive.

Explicó que ellos hicieron un diagnóstico de la situación de las casas que recuperaron, en el cual detectaron que existía una alta movilidad en cuanto a quienes las habitan.

“Yo hago un diagnóstico porque Infonavit no permitiría que hiciera desalojos, porque están prohibidos de manera total los desalojos. Así sean invasores, así llevaran años y años de atraso, nosotros no lo podemos hacer. Es un tema social”, refirió.

Después de que realizan el diagnóstico constatan si las viviendas están deshabitadas o invadidas y proceden a recuperarlas por medio de juicios.

Es así como se llega al tema de los procesos iniciados en Compostela y que han sido señalados de ilegales por abogados y activistas sociales.

La propia Daniela Armendáriz señaló que a principios de febrero estuvo en esta frontera y le tocó acudir a una casa de una derechohabiente llamada Angélica Barraza Cardoza, cuya casa ya esta escriturada a nombre de Infonavit, de acuerdo con la escritura pública 74–74–6084–2643 otorgada en San Blas, Nayarit por el notario Antonio Humberto Herrera López.

La vivienda está ubicada en la calle Playa de Coralillos #9724, XII etapa del fraccionamiento Hacienda de las Torres.

“Llego, me hago presente, toco, sale una persona, le digo: ‘¿se encuentra Angélica Barraza?’, ‘No, pues fíjate que yo soy Zulema Barraza, yo soy su hermana. Mi hermana nunca pudo pagar la casa, entonces me la dejó’. ‘¿Y tú la has pagado?’, ‘No, a mí me la dejó, pero yo nunca la he pagado y pues entonces yo quiero la casa’”, narró la abogada contratada por Infonavit.

La versión fue confirmada por la propia Zulema Barraza, quien dijo a NORTE que su hermana dejó de trabajar hace cinco años por haber quedado desempleada.

“Mi hermana, pues, dejó de pagar. Mi hermana quiso seguir trabajando, pero el Infonavit le quitaba mucho por la casa. Trabajaba para pagar la casa y pues no pudo pagarla”, refirió.

De acuerdo con Armendáriz, ella le dijo a Zulema que su casa ya no era suya y que si la quería conservar tenía que pagar todo lo que su hermana había quedado a deber.

“Entonces le digo, ‘mira, yo no vengo aquí ni a embaucarte ni a contarte mentiras, yo te voy a decir las cosas como son. La casa ahorita está a nombre de Infonavit, yo puedo cancelar el trámite, o sea, hacer un trámite de cancelación y que la casa vuelva a estar a nombre de Angélica Barraza y tú te la quedas, nomás que tiene que quedar claro que la tienes que pagar y el adeudo de Angélica Barraza es de 500 mil pesos’”, comentó en la llamada telefónica la abogada.

Pero de acuerdo con Barraza, la intención real de la representante del despacho contratado por el instituto era convencerla de que retirara un amparo que ella, a través de El Barzón de Ciudad Juárez, había interpuesto en contra del Infonavit y que muchos derechohabientes están replicando para protegerse.

“La licenciada llegó muy amable con nosotros, de que me quería ayudar para quitar el amparo, porque yo estoy amparada”, comentó.

Zulema no quiso aceptar el trato ni tampoco dejar la casa donde vive y actualmente forma parte de un grupo de al menos 300 personas que decidieron buscar la asesoría legal de El Barzón a través de la abogada Griselda Sosa, para defenderse del Infonavit.

El juicio de garantía promovido por las hermanas Barraza Cardozo es el primero interpuesto desde que iniciaron las acciones para que la gente desocupe las viviendas.

El corporativo Rosal contratado por Infonavit intentó continuar inscribiendo escrituras con la misma omisión, pero la nueva administración del Registro Público de la Propiedad ya no lo permitió.

El 9 de enero de este año, el entonces director de la dependencia registral, Rubén Trejo, firmó el oficio 107/2017 dirigido al notario público 3 de San Blas, Nayarit –Antonio Humberto Herrera López–, en el que le informó que se ordenó suspender la inscripción de 432 escrituras “hasta que se hayan subsanado las omisiones detectadas”.

Corrupción a la vista

El exdirector del Registro Público de la Propiedad de la recién iniciada administración estatal, Rubén Trejo, reveló en entrevista exclusiva con NORTE, dos semanas antes de renunciar al cargo, que durante el sexenio de César Horacio Duarte Jáquez dicha oficina estuvo admitiendo para su registro más de 4 mil escrituras que no incluían, como lo exige la ley, la constancia de que los anteriores propietarios, ya sentenciados a perder su patrimonio, hubieran sido escuchados en juicio.

“Si no existiera ese documento querría decir que hay algún vicio de procedimiento en el juicio que se llevó a cabo, tengo entendido que en Compostela, Nayarit”, señaló Trejo.

El proceso de ingresar esas escrituras continuaba de manera regular hasta que ocurrió el cambio de Gobierno. Perdió el PRI, ganó el PAN y el teatro se acabó.

En el oficio fechado el 8 de enero, Trejo devolvió 432 carpetas correspondientes a igual número de propiedades, debido a que el notario responsable no incluyó constancia de que en los juicios civiles de los que se derivaron tales documentos se hubiera dado a los afectados oportunidad de defenderse.

“Es condición necesaria que al condenado se le haya citado personalmente a juicio; y en el caso de los asuntos enlistados más adelante, no obra constancia de que los demandados hayan sido citados personalmente a los juicios que dan origen a las escrituras que se presentan para su inscripción”, advirtió el funcionario en el oficio que dirigió al notario y del que NORTE obtuvo una copia.

A diferencia de las que se escrituraron antes, mientras el Registro Público de la Propiedad no ingrese los documentos, las sentencias del juzgado de Nayarit no pueden surtir efectos en terceros, lo cual significa que el instituto no puede ponerlas a disposición de las inmobiliarias en las subastas que realiza.

“Nosotros estamos obligados a proteger de alguna manera, aunque sea de manera administrativa, el derecho de audiencia que tiene el demandado de ser escuchado y vencido en juicio”, afirmó el entonces funcionario estatal.

La abogada Daniela Armendáriz señaló que era la primera vez que les regresaban escrituras y que desde el sexenio anterior habían hecho el trámite sin ningún problema.

Para José Luis Rodríguez, coordinador de la Ficiac, el hecho de que esos expedientes hayan sido rechazados es un indicador de que el Infonavit está actuando ilegalmente en contra de los derechohabientes.

De acuerdo con Rodríguez, tanto Infonavit como el notario, el juez y las inmobiliarias están actuando en contubernio, perjudicando a los usuarios de esta frontera y de otras partes del país.

‘Yo no fui’

Cuestionado respecto a que sus escrituras hayan traído un vicio de origen, Antonio Humberto Herrera López dijo vía telefónica que él únicamente protocolizó los documentos que le envió un juzgado.

“Yo como notario público solo doy fe del acto de adjudicación, yo le doy forma a una escritura pública para efectos de su trámite, pero no actúo por mí ni ante mí. Yo no actúo de manera unilateral que afecte a alguien su esfera jurídica, yo lo que me concreto es a protocolizar un documento que me es enviado por un juez y mi escritura está firmada por el juez y por el secretario”, detalló.

En este caso se trató del juez Mario Alberto Cervera López y el secretario de acuerdos Pascual Adrián Carbajal Moreno, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil de Compostela, Nayarit, quienes firmaron no una, sino cientos o miles de escrituras a favor de Infonavit utilizando el mismo procedimiento.

Una vez que los juicios surtieron sus efectos y se dictaron sentencias, el notario envió las escrituras al Registro Público de la Propiedad y durante más de dos años estuvieron inscribiéndose cientos de casas a nombre de Infonavit.

Fue así que el instituto metió a subasta todos esos inmuebles, aparentemente sin importar que estuvieran o no ocupadas por familias.

Fueron 18 subastas realizadas el 23 de noviembre del año pasado, de las cuales 12 correspondieron exclusivamente a casas ubicadas en esta frontera.

A partir de ese momento las inmobiliarias que fueron contratadas para rehabilitar y volver a vender las casas recuperadas empezaron a visitar a los derechohabientes para darles una noticia no muy grata: esta casa ya no es suya.

Fobaproa inmobiliario

El problema más fuerte –tanto para los habitantes que están invadiendo casas como para los que son dueños, pero dejaron de pagar– es que para que su situación se regularizara y pudieran recuperar la vivienda, tendrían que pagar el adeudo actual con Infonavit, que en la mayoría de los casos ronda los 500 mil pesos, cuando que las casas no valen ni la mitad de esa suma.

Por el tamaño del problema, hace dos meses la Ficiac empezó a recibir a personas afectadas y también está promoviendo amparos, refirió el coordinador de la asociación civil, José Luis Rodríguez.

De acuerdo con el activista, que ha encabezado diferentes protestas en esta frontera en contra de malas prácticas gubernamentales, tendría que aplicarse una especie de Fobaproa inmobiliario en el que el Gobierno absorbiera la deuda de los derechohabientes, tal como lo hizo en el rescate de pasivos bancarios en 1990.

“El Infonavit hoy no responde a los intereses de los trabajadores, está respondiendo a los intereses de las inmobiliarias, las inmobiliarias que generan la vivienda, que la construyen, que luego embaucan a los trabajadores para accesar (sic) a sus créditos que les va a dar el Infonavit… y ya que colocan 10, 100, mil viviendas, cobran ese dinero. Dejan ahí embarcado al trabajador, que quizás cinco, 10, 15 años está pagando su vivienda, porque estos créditos se vuelven impagables, y en el momento que por alguna razón, por cansancio, por jubilación, por enfermedad, porque lo desemplearon, deja de pagar uno, dos, tres años… pues vienen estos juicios apócrifos, vienen estos juicios fraudulentos de Infonavit y les despojan de su vivienda”, explicó Rodríguez.

Lo que está ocurriendo ahora –continuó– es que después de que les quitan las casas a los trabajadores, de nueva cuenta el Infonavit las vende a las inmobiliarias en paquetes a un costo de un ochenta por ciento abajo de su valor.

“Venden los paquetes para que nuevamente esas inmobiliarias las compren y las vuelvan a revender, entonces es un negocio nada más para las inmobiliarias y para los funcionarios de Infonavit a los que les dan su participación, su comisión por estar en esta situación”, acusó.

Desde octubre de 2015 la Ficiac presentó un proyecto de iniciativa ciudadana ante la Cámara de Diputados para que todas las deudas de los derechohabientes queden condonadas, pero hasta la fecha la propuesta no cuajó.

Negocio empresarial

El empresario Hugo Venzor Crabtree, representante legal de la compañía inmobiliaria Desarrollos Alianza (DASA), con oficinas en la avenida Teófilo Borunda en Ciudad Juárez, negó que su empresa esté actuando ilegalmente.

Dijo que DASA únicamente está rehabilitando casas que ya tienen escrituras a nombre de Infonavit, que fueron adquiridas por una empresa denominada Compradora de Vivienda Subastada en una subasta pública y legal, el 23 de noviembre del año pasado.

“Nosotros tenemos documentos en donde el titular de la vivienda, pues es el instituto, de tal suerte que el que esté viviendo en esa propiedad, pues en realidad está invadiendo una vivienda”, precisó.

Y añadió: “Yo desconozco totalmente los procesos del cómo se adjudicaron estas viviendas, pero lo que sí sé es que a nosotros nos contratan para vender y rehabilitar una vivienda, que fue adquirida de buena fe vía una subasta pública. Es ahí donde entra el tema de Desarrollos Alianza”.

DASA es una de las compañías que fueron señaladas por los afectados porque su personal estaba visitándolos para pedirles que desalojaran.

Venzor no negó esa situación, pero sí dijo que en la mayoría de esos casos se trataba de invasores que estaban usando las casas de manera irregular, aprovechando que se encontraban desocupadas.

Miedo a ser desalojados,

Francisco y Rosario

María del Rosario Villafuerte Torres y su esposo Francisco Vázquez Aldaba, ambos adultos mayores, viven en la casa marcada con el #9714 de la calle Oasis de Suiza en la colonia Pradera de los Oasis, la cual adquirieron por medio de un crédito de Infonavit el 17 de febrero de 2005.

Debido a la falta de pago, el inmueble fue recuperado en el juicio de Compostela, subastado y entregado a la inmobiliaria Desarrollos Alianza (DASA) para ponerla de nuevo a la venta.

En la sala de la casa que han habitado por años ya tienen cajas de cartón dispuestas para guardar sus pertenencias.

“Mi esposo sí supo que había un juicio para quitarnos la casa, pero no me dijo nada hasta mucho tiempo después”, explicó María del Rosario vía telefónica.

Hace dos años regresó a Juárez y desde entonces trató de averiguar con Infonavit qué podía hacer para recuperar su casa, pero no logró nada.

La trajeron “a vuelta y vuelta” hasta que le informaron que su casa ya había sido adjudicada a DASA, cuyo personal la visitó a principios de este año para decirle que tenía 15 días para desalojar.

En entrevista con NORTE, Francisco describió ese momento así:

“El de la constructora vino con una persona, y entonces dijo ‘no, ¿sabe qué?, así y así. Ya tu casa ya la perdiste, para que hagas favor de desalojar, y no pasó, tienes hasta el día 4 de enero para desalojar’, se fue y luego pasó el 4 de enero y luego volvió a regresar. Fue cuando me dijo otra vez, o sea, me dijo que desalojara, que si no iban a venir unos ministeriales a desalojarme”.

Después de la visita de las personas que se identificaron como empleados de DASA, Rosario decidió ir de nuevo a las oficinas de Infonavit.

“Mi esposa fue a Infonavit y le dijeron que no, que el caso ya no estaba ahí, que estaba allá en la constructora, y ya a la constructora nomás le dieron un papel, le dijeron que, pues no le pusieron ni fecha, nada más el nombre de la compañía esa, y que tenemos hasta el 28 para desalojar (…) Andábamos desesperados, andábamos buscando casa y todo, buscando a dónde irme porque, pues si llegan y me sacan, pues ¿a dónde?”.

La historia de Francisco y Rosario empezó años atrás, cuando tuvieron que enfrentar la crisis del desempleo.

“Donde trabajamos yo y mi esposa nos liquidaron y empezamos a batallar. No alcanzaba uno con lo que le quedaba a uno, ganaba uno menos. Me desesperaba porque no me alcanzaba para pagar recibos de agua y luz y empecé a retrasarme, pero no nos quedamos con los brazos cruzados”, recordó.

En el año 2014 el juez de Compostela dictó sentencia condenatoria y la casa fue ingresada en el Registro Público de la Propiedad de Ciudad Juárez el 8 de enero de 2016 bajo el número 4358, volumen 3, enviada por el notario público número 3 de San Blas, Nayarit, quien la adjudicó “en rebeldía”, lo cual significa que Rosario y su esposo no se presentaron al juicio que se estaba desarrollando en Nayarit, a mil 500 kilómetros de esta frontera.

Perla y Misael

Otro caso es el de Perla Veloz y su esposo Misael, jóvenes originarios de Veracruz que llegaron a Juárez en el año 2005.

El papá de Misael –Eustiquio Valero Romero– adquirió una vivienda con un crédito de Infonavit y se las dejó a ellos para que vivieran.

Después desapareció y no volvieron a saber de su paradero. Suponen que su desaparición ocurrió a manos de delincuentes en la época más dura de inseguridad que vivió la frontera.

“Nosotros fuimos a Infonavit a querer arreglar para pagar, pero nos dijeron que no se podía, que tenía que venir mi suegro, pero mi suegro ya tiene… pues, desde que nos fuimos, desde que llegamos allá. Se desapareció y pues no puede venir, o sea, no puede arreglar nada. Y pues ellos querían a fuerzas que viniera él, y pues ¿cómo?, si no lo encontramos (…) nosotros fuimos porque nosotros queríamos empezar a pagar esta casa, pero nos dijeron que no, porque tenía que venir él, a fuerzas tenía que estar él aquí; si no, no podíamos hacer nada, y nos dijeron que no, que no podíamos empezar a pagar”, relató Perla en entrevista.

Recientemente un rumor cundió en la colonia.

“Nos enteramos por una vecina de que andaban quitando las casas que no estaban pagando, y pues nosotros estábamos con toda la intención de pagar, pero pues no nos dejaron pagar porque tenía que estar mi suegro”.

A menos que el propietario de la casa –suegro de Perla y papá de Misael– vuelva, el Infonavit no dará su brazo a torcer.

Tercero afectado

A Marco Antonio Alemán Jáquez le ocurrió algo diferente. Él no es dueño de la casa. Vive ahí desde hace 15 años por un acuerdo verbal con los propietarios Ana Margarita Rodríguez Reyes de Velázquez y Carlos Gaspar Velázquez Cázares.

Por razones de salud ellos dejaron de pagar a Infonavit en 2014 y hoy el instituto ya adjudicó la vivienda a una inmobiliaria para que la vuelva a vender.

“La semana pasada fueron unas personas de Pro Vive, los cuales supuestamente traían una orden de desalojo, el cual era un documento que al checarlo no traía nada de oficial, no traía números de expedientes ni de juzgados ni de nada, el cual solamente decía ahí que ya la casa les pertenecía a ellos y que tenía treinta días para desalojarla”, contó Marco Antonio mientras hacía antesala para iniciar los trámites de un amparo como tercer afectado, en conjunción con el matrimonio Velázquez Rodríguez.

“Yo lo que pido es, no sé, un convenio o algo para seguir pagando el crédito. De hecho el crédito ya estaba muy avanzado en pago, ya estaba casi por liquidarse”, agregó.

De acuerdo con su versión, al domicilio de la calle Renzo Piano #1881 o González de León #1881, fraccionamiento Horizontes del Sur primera etapa, nunca llegó ninguna notificación de un juzgado civil.

Él mismo hizo un recorrido por los 14 juzgados de lo civil y constató que no existiera ningún expediente en contra de la propietaria de la casa.

El 13 de marzo pasado el juez quinto de Distrito admitió la demanda de amparo interpuesta por los afectados, que ahora están a la espera de lo que resuelva la autoridad federal.

Al mejor postor

Como parte del programa de recuperación de vivienda abandonada o vandalizada, el Gobierno del Estado 2010–2016 firmó un convenio con el Infonavit para que dichas casas fueran colocadas nuevamente en el mercado a través de la Coesvi.

En la operación participarían empresas inmobiliarias que comprarían esos inventarios de casas, las rehabilitarían y las volverían a vender.

Para eso el Infonavit se readjudicó las propiedades a través de juicios civiles iniciados en los años 2014 y 2015.

Cuando las sentencias condenatorias empezaron a surtir efecto, las casas empezaron a ser puestas a disposición de Coesvi, que logró colocar cerca de 4 mil casas.

Gracias al convenio con Coesvi las subastas de vivienda de Infonavit estuvieron suspendidas durante todo el sexenio anterior en el estado de Chihuahua.

Pero al llegar el cambio de administración, las cosas cambiaron radicalmente.

Antes de que terminara 2016 el Infonavit subastó más de 5 mil 800 casas ubicadas en el estado de Chihuahua por un monto de 770 millones de pesos.

Aunque algunas de las viviendas estaban ubicadas en los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Balleza, Aquiles Serdán, Hidalgo del Parral y Casas Grandes, más del 90 por ciento se localizan en Juárez.

De acuerdo con documentos del propio instituto –conseguidos vía internet para este reporte–, todavía hay otro paquete de más de 6 mil 400 inmuebles que están en litigio; el plan es que una vez que se obtengan las escrituras correspondientes, también estas puedan subastarse.

En menos de un año el Infonavit habrá puesto en el mercado inmobiliario del estado más de 10 mil casas, de las cuales unas 9 mil están localizadas en fraccionamientos de Ciudad Juárez, aunque tal vez quienes las están habitando aún no lo sepan.

El negocio de comprar casas recuperadas se convirtió en algo tan tentador que hasta quienes nunca se han dedicado al negocio inmobiliario le están entrando a comprar, porque las ganancias están garantizadas.

Una casa con un adeudo a Infonavit de 500 mil pesos es vendida a las inmobiliarias en menos de 100 mil, luego las rehabilitan con menos de 50 mil pesos y las vuelven a vender en 250 mil pesos.

De acuerdo con los documentos recabados por NORTE y de los cuales se presentan copias en esta edición y están disponibles versiones en PDF en la versión digital, las compañías pueden estarse embolsando, en un cálculo conservador, 100 mil pesos por cada casa.

La ecuación es simple: ganan los empresarios, pierden los derechohabientes.

Subastas de millones

El miércoles 23 de noviembre del año pasado en las oficinas del Infonavit de la Ciudad de México, Barranca del Muerto #280, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, se llevaron a cabo 18 subastas para quien ofreciera “la mejor oferta económica y la más conveniente a los intereses del Infonavit”, según cita el documento firmado por el titular de la Unidad de Solución Social, Edgard Manuel Delgado Montoya, fechado el 9 de noviembre de 2016 y del que NORTE obtuvo una copia.

Para anunciar el evento, Infonavit además publicó un anuncio en su página web que decía:

“Si eres dueño o representas a una empresa mexicana legalmente constituida, con capacidad financiera y experiencia en promover y desarrollar viviendas, te invitamos a que conozcas el programa de venta al mayoreo de viviendas recuperadas, a través de procesos de subasta. Las viviendas se encuentran en el territorio nacional y su propiedad o titularidad es del Infonavit. Los paquetes constan de entre 10 y 200 viviendas y su valor de referencia lo definirán los avalúos comerciales que se llevarán a cabo antes del proceso de subasta por unidades de valuación autorizadas por el instituto. En el esquema diseñado para la venta de viviendas al mayoreo, pueden participar personas morales y en esta página encontrarás la información que necesitas para participar”.

Una vez abierto el proceso, la voracidad por vender rebasó cualquier circunstancia social que pudiera estar asfixiando a las familias juarenses o de otras partes del país, con la notable diferencia de que aquí las personas tuvieron que dejar las casas solas, huyendo de la violencia y el desempleo.

El modus operandi continúa su curso en muchos otros estados de la república, y hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad ha informado que esté haciendo algo para detenerlo.

Cronología

16 de octubre de 2013

Un despacho jurídico contratado por Infonavit entabla una demanda colectiva en el Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit, contra derechohabientes radicados en Ciudad Juárez, iniciándose el expediente 506/2013

30 de mayo de 2014

Otra representación legal de Infonavit interpone una segunda demanda colectiva en el Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit, contra titulares de créditos de viviendas ubicadas en Ciudad Juárez, dando inicio al expediente 297/2014

Los juicios de Compostela se resuelven de manera tan pronta y expedita, de manera que a menos de un año de haber iniciado causan sentencia condenatoria y se ordena adjudicar las viviendas a Infonavit en rebeldía de sus dueños originales

2015–2016

A pesar de que las nuevas escrituras no cuentan con un documento que respalde que se respetó la garantía de audiencia de sus primeros dueños, el Registro Público de la Propiedad de Ciudad Juárez admite para su inscripción cientos de documentos. Se confirma el despojo.

23 de noviembre 2016

Después de que ha recibido las escrituras a su nombre, Infonavit saca a subasta 5 mil casas en el estado de Chihuahua; el 90 por ciento están en Ciudad Juárez. Sus propietarios originales no lo saben.

9 de enero de 2017

El Registro Público de la Propiedad rechaza 432 escrituras al notario 3 de San Blas, Nayarit por no incluir en cada expediente un documento que constara que los anteriores dueños hubieran sido notificados de los juicios que se iniciaron en su contra para retirarles la propiedad de sus viviendas.

18 de enero de 2017

La derechohabiente Angélica Barraza Cardozo de Ciudad Juárez interpone un amparo contra el Infonavit, asesorada por la abogada Griselda Sosa de El Barzón, por intentar desalojar a su hermana Zulema, quien se quedó viviendo en la casa porque ella no pudo seguir pagando.

Zulema buscó opciones de pago en Infonavit, pero la única opción que le dieron fue que pagara 600 mil pesos. Actualmente el juicio de amparo está en proceso.

24 de febrero

La Fiscalía Ciudadana Anti–Corrupción cita a rueda de prensa para alertar a la población sobre el presunto despojo del Infonavit y que los afectados se acerquen a denunciar.

17 de marzo de 2017

Representantes de la Ficiac muestran que les fue recibida una solicitud de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito, similar al de Angélica Barraza.