Integrantes de la Mesa de seguridad y Justicia ciudadana hicieron énfasis en la vulnerabilidad que padecen los migrantes en esta frontera, donde fácilmente pueden ser sujetos de diversos delitos.
De acuerdo a los datos proporcionados, en lo que va del 2023 se han documentado 40 víctimas de secuestro de personas en movilidad en Juárez, donde el último caso fue el de un grupo de tres integrantes (2 hombres y 1 mujer), en el cual se logró el rescate de las víctimas y no se alcanzó a pagar dinero, aunque tampoco hubo detenidos.
Según se explicó en rueda de prensa virtual, las 40 víctimas que van este año, todas son migrantes. Los 40 privados de su libertad a cambio de dinero, han sido casos de entre enero y junio, aunque las carpetas abiertas han sido 9 de los meses de enero a mayo de 2023.
Aclararon que ya no se han dado secuestros de empresarios como anteriormente se daban y esta comunidad de gente en tránsito acapara los casos.
Dijeron que además del secuestro se sabe que son víctimas de otros delitos, sin embargo, es complicado tener una medición porque ni siquiera las autoridades tienen registro detallado.
Precisaron que ni las Secretarías de Seguridad Pública Municipal ni Estatal, ni Fiscalías estatal o federal cuentan con registros de las nacionalidades ni de víctimas ni de victimarios, de los casos que atienden.
Anotaron que es una vía de oportunidad muy grande porque estadísticamente es importante medir si efectivamente las personas en movilidad están ocasionando una detonación o impacto en el comportamiento delictivo.
Dijeron que es una iniciativa que se propone para que estas instituciones puedan medir estadísticamente ese comportamiento.
Sobre el tema del secuestro en el municipio de Juárez, Guillermo Asiain, en representación de la Mesa de Seguridad y Justicia ciudadana, dijo que es complicado identificar la problemática de toda la comunidad migrante, por el contexto en que se encentran en la frontera.
Reconoció que pueden ser víctimas de diversos delitos, como asalto o robo, pero no quedan registros de los mismos, porque ni siquiera cuentan con identificaciones para que interpongan las denuncias y se dé el seguimiento correspondiente.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
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