Dos funcionarias de la Fiscalía General del Estado adscritas a la Dirección de Penas y Medidas Judiciales en Chihuahua desacataron la orden judicial de un juez de Garantía de trasladar a esta frontera al interno Ociel Herrera Bustos.
El juez de Garantía, Ramón Porras Córdova, les dio una plazo de 24 horas a las funcionarias Daniela Zúñiga, supervisora de traslados y Brisa Aidé Chávez para que informen las causas por las cuales no han trasladado a Herrera Bustos.
De lo contrario se les aplicará una sanción de 50 salarios mínimos y la posibilidad de proceder legalmente por desacato a una orden judicial, dijo el juez de Garantía.
Desde el pasado 23 de septiembre el juez de Garantía dio instrucciones para que Ociel Herrera Bustos fuera regresado al Cereso Estatal 3 de esta frontera y estas funcionarias han incumplido con tal disposición.
Ociel Herrera está acusado de matar a su esposa y tres hijos en hechos ocurridos el pasado 19 de mayo.
La Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales se basa en que hay una petición del propio imputado y una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que sea trasladado al penal de Aquiles Serdán, lo cual es totalmente falso.
También argumentó la Fiscalía General del Estado que el traslado de Ociel Herrera fue para tomarle unas radiografías.
“No existe ninguna recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para su traslado y si tuvieran que hacerle un estudio, aquí en esta ciudad existen los nosocomios necesarios para practicar dichos estudios”, dijo el juez Porras Córdova en su momento.
El mismo Ociel Herrera manifestó al juez de Garantía que nunca fue su voluntad que lo trasladaran al penal de Aquiles Serdán y que no le han tomado radiografías hasta este momento.
Por su parte, el abogado Mario Espinoza Simental, defensor de Ociel Herrera, dijo que la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales violó los principios fundamentales de su representado al trasladarlo indebidamente al penal de Aquiles Serdán.
“Las funcionarias en Chihuahua se han negado a trasladarlo, y cabe perfectamente una demanda penal en contra de ellas”, dijo Espinoza Simental.
“Fue sacado abruptamente del Cereso 3, lo encapucharon y se lo llevaron a Chihuahua pretextando una enfermedad que no tiene”, dijo Espinosa Simental.
Si el imputado se encuentra bajo proceso es violatorio de garantías, según los artículos Séptimo y Octavo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, argumentó Espinosa Simental.
Además se violaron los derechos fundamentales de todo inculpado a cumplir la prisión preventiva a que se vea sometido en el lugar de juicio, dijo.
La CEDH sólo recomendó sacarlo del penal y enviarlo al Hospital General y tenerlo bajo protección y custodia, pero no para que fuera trasladado a otro centro penitenciario, señaló.
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