La síndica Esther Mejía interpuso hace unos minutos, una denuncia penal en la Ciudad de México, en contra del exalcalde de Juárez Armando Cabada Alvídrez, hoy diputado federal por Morena.
Mejía Cruz, compareció en la Ciudad de México ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
La denuncia, que solicita la apertura de una investigación contra el exalcalde y sus funcionarios, deriva de un presunto daño al erario público por más de 200 millones de pesos, por el arrendamiento de 400 patrullas, durante la administración 2018-2021.
El 17 de diciembre del 2018, la administración “independiente” emitió el fallo a favor de LUMO Financiera del Centro S.A de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R., con quienes firmaron el contrato DCA/SSPM-084-A/2018.
El contenido de la denuncia, de la cual Norte Digital posee una copia, señala directamente como responsable al entonces alcalde Armando Cabada, así como a los funcionarios Roberto Rentería Manqueros, secretario del Ayuntamiento; Gerardo Ronquillo Chávez, tesorero Municipal; Víctor Manuel Ortega Aguilar, oficial mayor y Rosario Valadez Aranda, coordinadora de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento.
La querella sostiene que los servicios de arrendamiento no se cumplieron porque el promedio de patrullas se mantuvo en 244 unidades mensuales, no en las 400 por las que se pagaron importes mensualmente.
Esta cantidad de patrullas, 400, solo permaneció vigente algunos meses, según los informes recabados por la Sindicatura.
Daño al patrimonio municipal
Cálculos matemáticos que respaldan la denuncia, sugieren que las unidades arrendadas, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, fueron en promedio 244 y no las 400 por las que se pagó.
La denuncia establece que de abril a diciembre del 2019, el servicio se otorgó con el número de patrullas estipuladas dentro de la cláusula segunda. Esto, en el sentido de que la entrega mínima sería de 300 patrullas, sin exceder la cantidad de 500 unidades.
También observa que en conformidad con la cláusula quinta, el Municipio nunca multó a la empresa por su incumplimiento de garantizar un mínimo número de patrullas en servicio.
“Nunca señalaron el incumplimiento del contrato. Dicho cálculo aritmético nos da un total de 244 vehículos patrullas por mes en servicio, lo cual nos indica que en la mayor parte del arrendamiento siempre hubo incumplimiento del contrato. Pero el Municipio nunca señaló dichas irregularidades”, denunció la síndica,
Precisa que de marzo del 2019 a diciembre del 2021, se pagó puntualmente por el arrendamiento de 400 patrullas, según consta en las facturas y pólizas contables anexadas en el expediente.
Solo en febrero de 2019 se pagaron 300 patrullas y a partir de marzo de 2019 se pagaron 400, hasta el término del contrato en diciembre de 2021.
Las bitácoras de la verdad
La querella establece que la información que llevó a la conclusión sobre el promedio mensual de 244 patrullas en servicio, se demostró a partir de la revisión de bitácoras diarias de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además del contrato de arrendamiento.
Aclara que los auditores solicitaron a las autoridades municipales las bitácoras de las patrullas arrendadas por los mil 95 días de contrato. Sin embargo, aclara que solo les proporcionaron 72 de ellas. Pero, aun así, obtuvieron el promedio de patrullas en funcionamiento.
La denuncia establece que durante los tres años, por el contrato con LUMO Financiera, la Tesorería Municipal pagó un total de 593 millones 41 mil 978 pesos por el arrendamiento de 400 patrullas.
La sindicatura identificó que el costo total del servicio, por patrulla, estaba estimado en 1 millón 482 mil 604 pesos (por los tres años).
Sin embargo, LUMO Financiera terminó cobrando 566 millones 988 mil 151 pesos, aunque sus servicios promediaron 244 patrullas mensuales en operaciones.
Finalmente, por cada patrulla se pagaron $2 millones 323 mil 721 pesos
Esto significa que, finalmente por cada patrulla terminaron pagándose 2 millones 323 mil 721 pesos.
Es decir, en lugar de pagarse 1 millón 482 mil 604 pesos por patrulla durante los tres años, si hubieran estado en funcionamiento las 400 unidades que se pagaban de manera mensual, terminaron por liquidar un importe equivalente a 2 millones 323 mil 721 pesos por cada vehículo.
De acuerdo con los fundamentos contenidos en la demanda, tal diferencia asciende a 841 mil 116.98 pesos por patrulla. Lo cual llevó a los auditores a la conclusión de que el quebranto al patrimonio municipal asciende aproximadamente a 205 millones 232 mil 543 pesos.
Para acreditar la acusación por el delito de peculado, la denuncia fue acompañada de un expediente con pólizas de pago, la cuenta de cheque de las cuales se pagaba, copia de los cheques y notas de remisión por los tres años de contrato, entre otros comprobantes contables y fiscales.
La denuncia fue puesta en la Fiscalía Federal, debido a que el pago del contrato se efectuó con recursos federales, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Observaron que todos los contratos realizados por otras dependencias de Gobierno con la misma arrendadora, con excepción del Municipio de Juárez, fijaron un precio unitario a las patrullas rentadas, y no les permitieron que dejaran de sustituir los vehículos que estaban fuera de funcionamiento.
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