El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, adelantó que la denuncia ciudadana por la descarga de aguas negras en el río Bravo se remitirá a la Comisión Nacional (CNDH).
Tras el análisis de la denuncia y asegurarse de que los entes gubernamentales a quienes se responsabiliza del hecho son de los tres niveles de gobierno, Armendáriz Loya aseguró que por disposición legal y reglamentaria el asunto se vuelve competencia de la CNDH.
Las dependencias que se mencionan como responsables son la Comisión Nacional del Agua (Conagua, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) e incluso la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal de Juárez.
“No es cuestión de darle la vuelta. Al contrario, es que investigue, la instancia adecuada, para que pueda sacar una resolución que venga a favorecer el derecho que tenemos todas las personas a disfrutar de un medio ambiente ecológicamente equilibrado”, dijo.
Además, comentó que, de encargarse cada comisión de los asuntos de su nivel de competencia, habría un riesgo de dividir la investigación y de llegar a resoluciones encontradas.
Agregó que no será necesario que los grupos ciudadanos que interpusieron las denuncias tengan que hacer el proceso completo pero ahora ante la CNDH, si no que la Comisión Estatal las presentará directamente.
El 5 de julio, se presentó ante la CEDH una denuncia en contra de la JMAS por verter aguas negras de su sistema de drenaje en el cauce del río Bravo. La queja tiene como base el artículo 4 constitucional (“toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”), y fue respaldada por 80 personas más, quienes firmaron el día anterior en una manifestación que hizo el Colectivo por la Defensa del Río Bravo en
el monumento a Benito Juárez.
Damián López, integrante del colectivo, comentó que han hecho múltiples quejas ante la JMAS, pero que no han sido atendidas. Asimismo, hicieron llegar el caso a la CILA. No obstante, lo único que ha hecho este órgano ha sido exhortar, sin poner ninguna sanción.
López dio a conocer que interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y que ya está más avanzada. Por el momento, esperan el procedimiento que pondrá el departamento jurídico de la dependencia porque procedió de manera positiva y está en su última fase.
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