Representantes de la Red de Pueblos Indígenas denunciaron públicamente que reciben un trato irrespetuoso por parte de funcionarios de la Comisión Estatal para la atención de los Pueblos Indígenas (Coepi) en esta frontera.
Las y los representantes de las comunidades de 15 pueblos originarios con residencia en Ciudad Juárez, acusaron directamente a Fernando Mota Allen y a José Alfredo Díaz de León.
A través de un comunicado informaron que las diversas dependencias estatales, además de la Coepi, tampoco los representan; ya que cuando diseñan proyectos, los funcionarios dejan de lado sus iniciativas y necesidades.
Titular local de Coepi guarda silencio
Fernando Mota Allen titular de la oficina local de la Coepi, no respondió a las llamadas ni a los mensajes que se les enviaron para conocer su versión; tampoco la dependencia a su cargo emitió alguna postura sobre los señalamientos.
Los denunciantes señalaron que los servidores públicos designados para su atención, tienen que acreditar una trayectoria cultural y sensibilidad con los pueblos originarios.
Durante la rueda de prensa a la que convocaron, informaron las 1 mil 200 familias que integran la Red, no tienen relación con el funcionario.
Los quejosos lamentaron que Mota rehuye sus peticiones; cada vez que quieren verlo cara a cara, éste los invita para después “tomarse un cafecito y platicar”, acusaron.
Lo señalan como el responsable de la suspensión de Evelyn Cera Domínguez, colaboradora de la dependencia; dijeron que fue separada solo porque auxilió a la gobernadora rarámuri a redactar un oficio dirigido a la gobernadora de Chihuahua; esto como parte de los trabajos de gestión que los líderes hacen en beneficio de sus comunidades.
Los representante de la Red de Pueblos Indígenas, afirmaron que ellos también trataron de canalizar un oficio a la gobernadora; pero fueron cuestionados por los referidos funcionarios locales.
Lamentaron que aunque se han esforzado por comunicarse con Campos Galván, a quien solicitaron un vehículo para servicio social, saben que las peticiones son remitidas a Mota Allen.
Aseguraron que Díaz de León, tiene un trato “prepotente y grosero” y que éste los cuestiona por la presunta ilegalidad de la organización que integraron hace más de cuatro años.
Aseguraron que con este funcionario, lo más que les concede son reuniones de 15 minutos, aunque a veces lo tienen que esperar tres horas. Afirmaron que ambos funcionarios son muy irregulares en sus horarios de entrada y salida de trabajo.
Informaron que presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que no se las aceptaron. Por último señalaron que la primera acción de inconformidad es la denuncia pública.
