La Dirección de la Función Pública recibió la denuncia de Luz Rico, la abuela del niño Sebastiano, por la omisión de atención y acción de las y los funcionarios del DIF estatal, con quienes hace un año denunció que su nieto se encontraba en peligro.
La licenciada Vanesa Manríquez, del DIF estatal, levantó la denuncia a principios de marzo de 2020, en presencia de la coordinadora de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Evangelina Mercado; sin embargo, Manríquez nunca le dio seguimiento.
Georgina Román, jefa de departamento de la Secretaría de la Función Pública, recibió el documento que Luz escribió frente a ella de puño y letra. Posteriormente se selló de recibido.
La Secretaría de la Función Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable de recibir y tramitar las quejas y denuncias que se formulen en contra de servidoras y servidores públicos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Si el DIF hubiera atendido la denuncia, Sebastiano seguiría con vida: abuela
“Quien se suponía que atendería mi denuncia fue la licenciada del DIF Vanessa Manríquez. No hizo nada ni investigó ni nada; tampoco sus superiores le dieron seguimiento”, dice Luz Rico.
La abogada Manríquez se encuentra comisionada en el Centro de Justicia para las Mujeres, desde donde realiza sus labores. Como prueba de la entrevista, Luz presentó una fotografía donde se entrevistó con ella para denunciarle el caso, que se suponía atendería.
La abuela de Sebastiano también interpuso una denuncia el 19 de marzo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el visitador Eduardo Sáenz.
De haberse atendido la denuncia, el niño Sebastiano seguiría con vida, lamenta Luz. Pide justicia, no quiere la historia se vuelva a repetir, o se siga repitiendo nada más que la gente no denuncia, advierte.
“No tiene lógica que las subprocuradurías recaigan en el DIF, que a final de cuentas es solo un organismo de asistencia social. Desde ahí es el inicio de una serie de anomalías y situaciones que no favorecen la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Las subprocuradurías solo asisten y no protegen”, opina Catalina Castillo, coordinadora de la Red por la Infancia en Ciudad Juárez.
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