Familias residentes del fraccionamiento Urbiquintas Montecarlos, ubicado en la zona Valle del Sol, se manifestaron en contra de las autoridades Municipales que autorizaron la demolición de una sección de su barda perimetral y porque, además, temen que les cierren la caseta de acceso controlado.
Habitantes del fraccionamiento que cuenta con una ocupación de 523 viviendas, marcharon por algunas calles de la zona y se plantaron en espacios de uso común para hacer públicas sus denuncias y demandas.
Los inconformes prefirieron no identificarse ya que aseguraron que pertenecen a una comunidad que está más unidas que nunca, con el propósito de hacerle frente a los actos que calificaron como injustos, y expusieron que el fraccionamiento se encuentra rodeado por una barda perimetral.
Informaron que recientemente, los propietarios de un predio contiguo empezaron con la ejecución de un proyecto de construcción.
Explicaron que el problema es que por conducto de la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, contaron con los permisos del Municipio para demoler una sección de su propia barda perimetral.
Explicó que con esta acción pretenden que el inversionista tenga un acceso al polígono donde se lleva a cabo su construcción, a través de la avenida principal que cruza el conjunto Urbiquintas.
“Ya nos tiraron la barda perimetral porque los nuevos inversionistas de la zona, no quieren entrar por el Camino Viejo a Zaragoza, que es por donde les corresponde hacerlo”, manifestaron.
También señalaron que la propiedad pertenece a una empresaria de la ciudad, representada por su hija Sandra García, y atribuyeron a estas personas relaciones e intereses políticos con funcionarios del más alto nivel en el Gobierno Municipal.
Promovieron un amparo en contra de actos del Municipio y adelantaron que esta misma semana interpondrán una denuncia penal por el delito de daños que causaron en perjuicio de la demolición de la barda.
Finalmente, dijeron que las manifestaciones no van a suspenderse y comentaron que subirán de tono, hasta que las autoridades respeten y hagan respetar la ley para garantizar una mejor convivencia ciudadana.
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