El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, señaló que, mientras los penales de Chihuahua tienen una sobrepoblación del 20%, en los federales hay más de 9 mil espacios vacantes.
En un documento presentado ante la Diputación Permanente, el panista mencionó que los 14 centros penitenciarios federales tienen espacio para 28 mil 520 personas, pero albergan solo a 18 mil 855.
Mientras, los centros de reclusión de Chihuahua tiene 7 mil 386 espacios en conjunto, pero alojan a 8 mil 901 personas privadas de la libertad.
Es decir, añadió, que tienen las cárceles del estado mil 151 personas más de lo disponible, lo que representa una sobrepoblación del 20.52%.
Por lo tanto, la Federación debe hacerse cargo de los internos por delitos del fuero federal, que en Chihuahua son 873 corresponden al fuero federal, indicó.
Mientras que los reclusorios del país albergan a 29 mil 538 personas acusadas o sentenciadas de delitos del fuero federal, en las cárceles federales hay 9 mil 665 espacios vacantes, añadió.
“La federación ahorra recursos y desperdicia espacios penitenciarios que bien pudieran ser ocupados por personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, que desestabilizan las cárceles estatales”, comentó.
Sin mencionarlo por su nombre, Vázquez Robles cargó contra el delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera, por las críticas que este hizo al gobierno del estado por los sucesos del 1 de enero en el Cereso 3 de Juárez, cuando se fugaron 30 internos y 17 personas fueron asesinadas.
“Critican a las autoridades estatales por los actos que desequilibran los centros penitenciarios y las ciudades donde se ubican, cometidos por presos que debieron estar purgando sus condenas en cárceles federales”, destacó el diputado.
Congreso de la Unión debe regularizar la forma y la temporalidad de los traslados de personas privadas de su libertad hacia otros penales de la República, demandó el diputado.
En una iniciativa de punto de acuerdo, el panista señaló que el Comité Técnico debe realizar un diagnóstico dichas personas tomando en cuenta delito y peligrosidad de que se trate, de manera permanente.
Queda claro que, tras los sucesos del 11 de agosto del 2022 y del 1 de enero del 2023 se hace necesaria una reforma a fondo de todo el marco jurídico que regula la operación de las cárceles en el país.
Es necesario realizar una reforma que busque vincular a la autoridad nacional, “al cumplimiento de una revisión constante y sistemática de los niveles de peligrosidad de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas”.
Detalló que las instancias obligadas del tema son la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
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