El Instituto de Defensoría Pública dará auxilio jurídico a funcionarios que enfrenten un procedimiento de sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública.
De esa forma, todo servidor público que enfrente un procedimiento administrativo ante la Secretaría de la Función Pública y no cuente con un abogado, podrá tener el beneficio de un defensor de oficio para que se haga cargo de su defensa y se le garantice el debido proceso.
La SFP y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) firmaron un convenio de colaboración. Esto, para garantizar que quienes enfrenten un procedimiento administrativo ante esta instancia cuenten con el beneficio de un defensor de oficio.
El acuerdo se firmó el pasado 11 de abril, y se puso en marcha una defensoría para todo aquel que sirve o sirvió en alguna institución pública, bajo el principio de “sin defensa no hay justicia”.
El Gobierno del Estado informó que el TSJE, a través del Instituto de Defensoría Pública, podrá asistir al funcionario cuando así lo necesite.
“Defensoría y Función Pública deben comprometerse para que no exista rezago”
La secretaria de la Función Pública, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, afirmó que la colaboración era artículo de ley, pero no se había aplicado.
“Es un gran acuerdo de colaboración”, dijo la titular de la de la Función Pública. Añadió que la presente administración ya actualiza todos los procedimientos rezagados durante la gestión anterior.
A su vez, la magistrada presidenta del TSJE, Myriam Victoria Hernández Acosta, resaltó que ambas entidades deben comprometerse para que no exista rezago.
El documento lo firmó, además de Álvarez Hurtado, Myriam Victoria Hernández Acosta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
El convenio lo firmó también, por la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades, Flavia Quiñónez Chávez, así como el Director del Instituto de Defensoría Pública, Héctor Armando González Mocken.
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