Tras el cierre del debate de la audiencia de vinculación a proceso de María Eugenia Campos Galván, su defensa no desmintió ni atacó la versión del Ministerio Público sobre la mecánica que utilizó el exgobernador César Duarte, quien supuestamente pagó favores políticos a través del desvío de recursos, de acuerdo a la Fiscalía.
Por este concepto es que la misma Fiscalía General de Chihuahua acusa a la alcaldesa con licencia de Chihuahua capital.
Lo anterior fue expuesto hoy por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, asegurando que la defensa “terminó por apoyar la teoría del Ministerio Público”. Esto, al comprobar con sus propias pruebas que un hermano de Maru supuestamente recibió transferencias de recursos por trabajos no prestados.
Además, se evidenció el plagio de un estudio que el hermano de Maru presentó, dijo la Fiscalía a través de un comunicado.
Refirió que “la defensa jamás desvirtuó o atacó el caudal probatorio sobre el dinero que se les entregó en distintas transferencias”. Tales pagos fueron por más de 9 millones de pesos del erario estatal.
La agente del Ministerio Público destacó que la defensa se concentró en atacar a dos testigos, pero no en desvirtuar que la entonces diputada sí recibió el recurso.
Tampoco desacreditó la transferencia para el pago de su tarjeta, lo cual fue comprobado con documental de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De igual forma, tampoco desdijo el testimonio de la persona comisionada para hacer la operación.
“En lugar de atacar las pruebas documentales y testimoniales, la defensa optó por realzar el trabajo y la carrera del hermano”.
Pagaron por un plagio: Fiscalía
Finalmente, la defensa “terminó por aportar más pruebas a favor de la teoría del Ministerio Público”, añadió.
Se trata de una serie de correos simples. Unas cuantas hojas de un estudio que muestra indicios de ser producto de un plagio verificable a través de Internet.
La Fiscalía afirmó que en términos claros, se hizo un “copy paste” de información de un estudio de una empresa española y se facturaron mensualmente por concepto de servicios profesionales, entre 40 y 44 mil pesos, por supuestamente un estudio de mercado del mueble en Texas y Arizona.
Abundó que la defensa tampoco atendió las pruebas sobre los encuentros y llamadas que Maru Campos sostuvo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para recibir el dinero que supuestamente recibió en sobres manila, con 250 mil y hasta 400 mil pesos.


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