Actualmente se exploran alternativas para poder cumplir el próximo año con la norma oficial que exige menores niveles de arsénico en el agua potable.
Así lo señaló el representante de Gobierno del Estado en Juárez y presidente del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Oscar Ibáñez Hernández.
“Las normas se tienen que cumplir, eso no hay duda”, dijo el funcionario, cuando se le preguntó su opinión sobre la declaración del director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez Magallanes.
“Es una locura. Nadie en México puede cumplir esa norma, nadie. Un Ciro Peraloca fuera de la realidad se lo saca de la manga”, dijo Nevárez a Norte Digital sobre la NOM 127.
Un ajuste a esa Norma Oficial Mexicana marca un límite permisible de 0.01 Mg/L de arsénico (miligramos por cada litro), cuando hoy es de 0.025 Mg/L.
Ciudades de más de 500 mil habitantes, como esta frontera, están obligadas a cumplir con ese parámetro para el 28 de abril de 2023, es decir, tienen un año para tomar acciones.
Nevárez declaró que prefiere invertir en ampliar la cobertura de servicio o en la línea morada para reusar el agua tratada, que en buscar cumplir esa norma.
El director de la JMAS aseguró que se requieren 350 millones que simplemente no se tienen.
Sin embargo, el representante de la gobernadora Maru Campos en Juárez, señaló que la Junta Central considera que es factible el cumplimiento de la norma.
“Yo no sé qué te haya contestado, pero que él se haga responsable de lo que te contestó”, dijo Oscar Ibáñez sobre la posición de Nevárez.
“Claro que cuesta, sí, sí cuesta. Pero para eso son las normas. Tienes que cumplir en cantidad y calidad, eso no hay duda”, agregó el funcionario estatal.
Cuando se le preguntó qué se requiere hacer, respondió que se trata del uso de distintas tecnologías, cambio de fuentes y aplicación de procesos como la ósmosis inversa.
Agregó que entre las alternativas está el tratamiento con resinas y la operación de plantas potabilizadoras.
“Y depende, cuántos pozos son los que tienes que tratar. Dónde puedes hacer mezcla, dónde puedes tratar como potabilización, o dónde tienes que tratar a boca de pozo. Son distintos escenarios”, explicó.
Al cuestionarle si presupuestalmente era factible hacer las inversiones, consideró que los organismos operadores y la Junta Central no están en condiciones hoy de saber cuánto recurso se requiere.
“Ahorita estamos explorando alternativas, analizar las calidades que tenemos y lo que necesitamos lograr en cada pozo. Aquí podemos hacer una inversión de este tipo, acá no, acá tenemos que entrar con este método de tratamiento, es cuando realmente vas a saber cuánta inversión se requiere”, agregó.
Ibáñez Hernández indicó que las normas se fijan precisamente para proteger la salud, con estándares que no deben sobrepasarse.
“Ahorita -señaló- estamos en un proceso de transición porque la norma dice ahora te voy a exigir una calidad distinta, seguramente porque dicen sí puede haber efectos para la salud”.
Sin embargo, destacó que los efectos de los elementos del agua en las personas son crónicos, por una ingesta de mucho tiempo.
Indicó que, por ello, y ante las dificultades para cumplir parámetros de un día para otro, es que se establecen periodos de transición precisamente “porque no se le puede decir a la gente, que no tome agua”.
“La norma ahorita se cumple. De hecho, algunos pozos que ha quedado fuera de la norma pues simple y sencillamente dejan de funcionar, por lo mismo, porque no cumplen con la norma”, expresó el funcionario estatal.
Al cuestionarle cuántos de los 190 pozos que existen en la ciudad, caerían en incumplimiento si hoy se aplicara la norma, dijo no tener el dato.
“Lo estamos revisando. El acueducto de Conejos Médanos por ejemplo, se tendría que hacer un tratamiento para prácticamente todos los pozos. Del resto de la ciudad están haciendo la evaluación la JMAS para ver cuáles son los que tendrían que tratarse”, añadió.
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